Para aquellos que no están convencidos de quién el máximo responsable de la crítica situación económica que sufre el pueblo cubano y repiten la consigna elaborada en los laboratorios de subversión ideológica de Estados Unidos: “Cuba es un estado fallido por su sistema socialista”, el propio presidente Donald Trump ahora muestra la verdad, al aprobar el 30 de junio de 2025 un nuevo memorando para hacer cumplir la prohibición legal sobre el turismo estadounidense a Cuba, lo que ya estaba recogida desde hace años en leyes y otros documentos similares. Esto solo tiene un viejo objetivo, cortar la entrada de dinero a la Isla para que el pueblo se lance a las calles culpando al gobierno y pida la ayuda a la OEA, lo que posibilitaría a los yanquis volver a intervenir militarmente en su deseada Perla de las Antillas.
La medida estaba cantada desde el pasado 7 de abril de 2025 (evidentemente retrasada por los ataques de Israel a Irán) cuando fue advertida por Mauricio Claver-Carone, entonces enviado especial para América Latina, durante una entrevista en evento celebrado en el Miami-Dade College, donde le advirtió a cubanos y venezolanos: “Prepárense para el dolor a corto plazo que pueden causar las medidas encaminadas a aumentar la presión a los regímenes autoritarios de La Habana y Caracas”.
Y añadió: “Puedo decirles esto, como miembro de la comunidad cubanoamericana, ya han pasado 60 años y si no quieren estar 60 años más en el exilio, entonces interrumpan ese proceso ahora, hagan los sacrificios a corto plazo ahora, porque si no, no irán a ninguna parte”.
Claver-Carone puntualizó que la administración Trump aplicaría un enfoque de máxima presión, defendido por el senador Carlos Giménez, nacido en Cuba, para combatir contra Cuba y Venezuela y que los actuales funcionarios de la segunda administración Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, intenten “llenar las lagunas legales que existan en la política que implementemos”. Durante la primera administración Trump, Claver-Carone participó en la elaboración de la política estadounidense hacia Cuba y Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional.
El recién memorando presidencial afirma que el Gobierno no tiene intención de restaurar la política de “Pie Mojado- Pie Seco”, contemplada en la vigente Ley de Ajuste Cubano aprobada en 1966. Además, establece que serán eliminadas todas las acciones económicas que beneficien de manera desproporcionada al gobierno cubano o a sus agencias militares, de inteligencia o de seguridad y ordenará una revisión de “los abusos” a los derechos humanos en Cuba, incluidas las “detenciones ilegales y trato inhumano” y solicita un informe sobre fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o que están siendo protegidos por el gobierno cubano. Sin embargo, no toca el asunto de los terroristas y fugitivos radicados en Estados Unidos que tienen causas pendientes en la Isla y son reclamados por la justicia cubana.
Como parte del incremento de la criminal guerra económica, comercial y financiera impuesta desde hace 67 años contra el pueblo cubano, el citado memorando instruye a las agencias ejecutivas yanquis a “compartir información entre sí, cuando otorguen financiamiento para proyectos de infraestructura energética, de minerales y materiales críticos”, con el fin de aliviar las cargas regulatorias para las empresas que a veces deben presentar múltiples solicitudes a diferentes agencias e indica la creación de una solicitud común para el financiamiento federal en esa área.
Las sanciones que impondrá Estados Unidos van dirigidas a cualquier empresa que brinde apoyo directo o indirecto a empresas de propiedad directa o indirecta del ejército cubano, por lo cual amplía los efectos de las sanciones estadounidenses para incidir en empresas de terceros países, similar a lo establecido en la repudiable Ley Helms-Burton, para impedir la inversión extranjera en Cuba, eje principal de su guerra económica, y evitar el desarrollo de la Isla.
Ahora es expresado sin dobleces al afirmar que esas medidas son para ampliar el llamado, eufemísticamente, “embargo económico” y apunta directamente a la infraestructura hotelera de Cuba, por ser la entrada fundamental de dinero, blanco al que van dirigidas todas las medidas aprobadas por los yanquis.
Desvergonzadamente explica el documento que “se intensificarán los esfuerzos para ampliar el acceso a internet y el libre flujo de información a los cubanos, la prensa libre, la libre empresa y la libre asociación con el país”, por supuesto para intentar subvertir mediáticamente al pueblo, tal como pretendieron hacer en el 2012 con el Twitter Zunzuneo.
Recordar que entre los años 2004 y 2006, la USAID repartió cerca de 35 millones dólares para proyectos subversivos contra Cuba, muchos vinculados directamente al tema de la informática y las comunicaciones. En evento celebrado en 2012 por la Fundación Heritage de Estados Unidos y Google Ideas, se elaboró un informe para el Gobierno norteamericano, donde se recomendó la creación de una red WIFI remota para posibilitar el acceso a Internet de los cubanos. El Senador Marco Rubio, participante en el mismo, aseguró: “El sistema totalitario cubano podría derrumbarse, si todos los cubanos tuvieran libre acceso a Internet, pues Cuba seguiría la misma suerte de aquellos países que pasaron la Primavera Árabe”.
Por el momento las remesas a Cuba y los viajes legales no se verán afectados por la prohibición, pero el Departamento del Tesoro deberá realizar auditorías periódicas de los viajes a Cuba. El Tesoro también ampliará la definición del término “funcionarios prohibidos del Gobierno de Cuba” para incluir a todos los empleados del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas y a todos los empleados del Tribunal Supremo, entre otros.
El desespero actual de Estados Unidos es porque a pesar de las dificultades que sufren los cubanos, resisten unidos, pues saben perfectamente lo que perderían si el capitalismo vuelve a imperar en Cuba bajo el mando de Estados Unidos y la mafia terrorista de Miami.
Por esa desesperación y para aprovechar el disgusto del pueblo ante las carencias, los altos precios de vendedores privados y estatales, los cortes de electricidad y otros, el memorando presidencial de Trump establece una lista de interacciones comerciales y sanciones a las que podrían exponerse las empresas extranjeras que inviertan en la Isla, principalmente las del sector de turismo y las radicadas en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, añeja maniobra para intentar precipitar un cambio de sistema político en Cuba.
La actitud del gobierno de Estados Unidos y en especial del secretario de Estado Marco Rubio, demuestran lo que sucedería en Cuba si los yanquis volvieran a gobernar, porque sus represalias serían despiadadas sin respetar los más elementales derechos humanos que ahora tanto cacarean defender.
Las empresas españolas, canadienses, alemanas y francesas que tienen negocios en el turismo cubano están la mirilla de Marco Rubio, al igual que las empresas extranjeras que utilizan tarjetas emitidas por el Banco Financiero Internacional y Fincimex, dos de las instituciones financieras de GAESA, que expenden tarjetas para la compra de gasolina o comestibles en la Isla. Cuando se aprobó la Ley Helms-Burton en 1966 para impedir la inversión extranjera en Cuba, los países europeos aprobaron leyes para defenderse de la estadounidense y por esa razón pudieron evadir las sanciones y presiones yanquis, algo que posiblemente tendrán que hacer ahora con el recrudecimiento proyectado.
El fin perseguido por Estados Unidos es el mismo diseñado en 1962 en el Plan Mangosta, que apunta:
“El objetivo es ayudar a los cubanos a derrocar al régimen comunista en Cuba e instaurar un nuevo gobierno con el cual Estados Unidos pueda vivir en paz. La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país, las operaciones psicológicas acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen, y las de tipo militar darán al movimiento popular un arma de acción para el sabotaje y la resistencia armada en apoyo a los objetivos políticos”.
Este nuevo memorando pretende atemorizar a los inversionistas extranjeros para afectar entre otras cosas la cadena de suministro extranjeros del país, ante el miedo de ser sancionados. Hoy la situación que enfrenta Cuba para la compra y el pago de esos y del petróleo, radica en la persecución a las transacciones bancarias y las altas multas impuestas por el Departamento del Tesoro a los bancos que violen sus políticas de sanciones.
Después dicen que las medidas son para ayudar al pueblo cubano, como si los que sufren las penurias fueran analfabetos tontos. Por esa razón es el rechazo de la mayoría de los cubanos a los gobernantes yanquis y la resistencia estoica de un pueblo que sólo desea vivir en paz, con soberanía e independencia, algo que ellos no alcanzan a comprender y de ahí sus políticas erráticas que no les han dado resultados en 67 años.
A los yanquis los mueve el dinero no la ideología, por eso no entienden al pueblo cubano, porque como afirmó José Martí:
“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”.
