La arquitectura de la agresión contra la República de Cuba ha alcanzado en el bienio 2025-2026 un nivel de sofisticación y virulencia sin precedentes en la historia de las relaciones interamericanas. Lo que se define hoy como la Internacional del Odio no es una simple agrupación de intereses dispersos, sino un ecosistema sistémico, financiado por el erario público estadounidense y operado por una red de actores políticos, mediáticos y operativos que han hecho del derrocamiento del Estado cubano su principal activo estratégico y económico.
Este entramado se sostiene sobre la base de una guerra híbrida que combina la asfixia energética total, la subversión interna y la amenaza de una intervención militar directa. La presente investigación desarticula las piezas de este engranaje, revelando las conexiones entre las oficinas legislativas de Washington, los centros de agitación en Miami y las redes de infiltración armada en el territorio cubano.
El laboratorio venezolano como práctica de la invasión a Cuba
La madrugada del 3 de enero de 2026 alteró definitivamente el equilibrio geopolítico de la región. Bajo la denominación de Operación Resolución Absoluta, fuerzas especiales de los Estados Unidos ejecutaron una invasión militar en territorio venezolano que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Este evento no solo representó el colapso temporal del mando en Caracas, sino que funcionó como la demostración de fuerza necesaria para que el lobby belicista de Florida validara su tesis de la «solución militar» para Cuba.
La operación fue ejecutada por unidades de élite del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., específicamente el 1.º SFOD-Delta y el 160.º SOAR, con el apoyo logístico del portaaviones USS Gerald R. Ford y el buque de asalto USS Iwo Jima. Los bombardeos estratégicos sobre Caracas, que incluyeron la destrucción de sistemas de defensa antiaérea BUK M2E en la base de La Carlota y ataques a subestaciones eléctricas en el sur de la capital, crearon el vacío operativo necesario para que la extracción de Maduro se realizara en apenas 47 segundos.
La relevancia de este ataque para Cuba es directa y sangrienta: el gobierno cubano reportó la muerte de 32 miembros de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) que se encontraban en labores de asesoría y protección en el complejo militar de Fuerte Tiuna al momento del asalto.
El impacto regional de esta acción militar fue inmediato. Mientras presidentes como Gustavo Petro calificaban el acto como una agresión imperialista y pedían reuniones de urgencia en la ONU, el lobby de Miami celebraba el inicio de lo que consideran el «fin del ciclo de las dictaduras». Para los estrategas de la Internacional del Odio, Venezuela fue el flanco débil que permitió cercar definitivamente a Cuba, eliminando a su principal proveedor de petróleo y dejando a la isla en un estado de indefensión energética que precede a la fase final de su plan: la intervención directa.
Marco Rubio y el reforzamiento del asedio
En la cúspide de este entramado se encuentra Marco Rubio, quien en 2025 consolidó un poder inédito al ocupar simultáneamente la Secretaría de Estado y la posición de Asesor de Seguridad Nacional. Rubio es el cerebro detrás de la actual doctrina de «asfixia total», una estrategia que ha refinado a lo largo de décadas de carrera política en Florida. Sin embargo, el pilar moral sobre el cual Rubio construye su retórica, la de ser hijo de un exilio político perseguido por el comunismo, ha sido desmantelado por la evidencia documental de sus propios orígenes familiares.
Investigaciones históricas y registros migratorios confirman que los padres de Rubio, Mario y Oriales Rubio, llegaron a los Estados Unidos en 1956, tres años antes de que la Revolución Cubana tomara el poder. No escapaban de un sistema socialista ni de la persecución de Fidel Castro, sino de las precarias condiciones económicas de la Cuba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, un régimen militar apoyado por Washington. Esta discrepancia no es un detalle biográfico menor; es la base de un fraude narrativo que Rubio ha utilizado para legitimarse ante la comunidad de cubanos en Miami como un «hijo de la tragedia política», cuando en realidad su familia fue parte de la migración económica pre-revolucionaria.
Desde su posición de poder en la administración Trump, Rubio ha implementado el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM-5), firmado el 30 de junio de 2025, el cual constituye el marco legal para el recrudecimiento del bloqueo. Este documento no solo prohíbe el turismo de ciudadanos estadounidenses hacia la isla, sino que tiene como objetivo central desarticular el sistema empresarial cubano, específicamente a GAESA. Según Rubio, el 40% de la economía cubana es controlado por este conglomerado militar, y su estrategia consiste en «secar» sus fuentes de ingresos para provocar un colapso social que la administración Trump no permitirá que se desestabilice a 90 millas de sus costas, justificando así una intervención preventiva.
María Elvira Salazar y la inquisición legislativa contra el alivio económico
Si Rubio es el arquitecto estratégico, la representante María Elvira Salazar actúa como la fuerza de choque legislativa encargada de perseguir cualquier resquicio de ayuda o comercio que beneficie a la población cubana. Salazar ha centrado su agenda en lo que ella denomina la «complicidad con la tiranía», extendiendo su vigilancia incluso hacia las empresas y agencias de viajes del sur de Florida que facilitan el envío de remesas y suministros básicos.
En agosto de 2025, Salazar dirigió una misiva agresiva al Departamento de Estado exigiendo investigaciones exhaustivas contra agencias que ofrecen paquetes logísticos de «puerta a puerta», argumentando que estos servicios sirven de pulmón financiero al régimen. Su retórica es explícita: «Cada dólar que se cuela y esquiva las sanciones debilita la política de Estados Unidos».
Salazar no solo busca el aislamiento diplomático, sino la destrucción de los vínculos familiares que sostienen a millones de cubanos en la isla. Además, ha sido una defensora acérrima de la suspensión de beneficios migratorios, como el ajuste cubano, para aquellos que no demuestren una postura activa de confrontación contra el gobierno cubano, promoviendo una revisión profunda de cada caso bajo criterios ideológicos.
La congresista ha escalado su discurso tras el secuestro de Maduro, advirtiendo directamente a la dirigencia cubana que «el tiempo se les acabó» y que Estados Unidos está preparado para actuar con la misma fuerza militar empleada en Venezuela. Esta postura se alinea con su labor en el Congreso, donde ha abogado por el mantenimiento de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, una designación que imposibilita cualquier transacción financiera internacional normal para la adquisición de medicinas o alimentos.
Mario Díaz-Balart y el rencor familiar como política
La presencia de Mario Díaz-Balart en este entramado añade una dimensión de continuidad histórica y personalista al conflicto. Díaz-Balart es miembro de lo que algunos analistas llaman la “aristocracia cubana en el exilio”; es sobrino político de Fidel Castro a través de su tía Mirta Díaz-Balart, la primera esposa del líder revolucionario. Esta conexión familiar, lejos de suavizar su postura, ha alimentado una obsesión política por la destrucción del sistema que su familia política ayudó a construir y del cual luego se escindió.
Desde su posición como presidente del Subcomité de Operaciones Estatales y Extranjeras de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Díaz-Balart controla los hilos del financiamiento para la subversión en Cuba. En el presupuesto para el año fiscal 2026, Díaz-Balart ha garantizado partidas millonarias que desafían la tendencia general de recortes de la administración Trump:
| Fondos de Subversión y Propaganda (FY 2026) | Monto Asignado | Propósito Declarado |
| Programas de «Democracia» en Cuba | $35,000,000 | Financiamiento de la oposición interna y ONGs |
| Oficina de Radiodifusión para Cuba (Radio/TV Martí) | $40,000,000 | Guerra mediática y desinformación estratégica |
| Programas de Democracia en Venezuela | $50,000,000 | Sostenimiento de la transición tras la captura de Maduro |
Díaz-Balart ha sido explícito al afirmar que no habrá «ni un centavo» para ayudar al pueblo cubano bajo el sistema actual, y que la única fase aceptable es la de la «transición», la cual según su criterio debe ser supervisada militarmente por Washington. Su influencia asegura que, mientras Cuba sufre un bloqueo energético asfixiante, los grupos que operan bajo el paraguas de la «promoción de la democracia» reciban un flujo constante de recursos para incentivar el caos social.
Carlos Giménez y la incitación al colapso
Carlos Giménez completa el cuarteto político de Florida con un enfoque centrado en la militarización de la narrativa contra Cuba.
Nacido en La Habana en 1954, su familia —perteneciente a la clase terrateniente y ganadera de la provincia de Oriente— emigró a los Estados Unidos en 1960 tras la implementación de las leyes de reforma agraria que nacionalizaron sus tierras.
Esta pérdida de privilegios de clase ha marcado la carrera de Giménez, quien utiliza su asiento en el Comité de Servicios Armados y en el Comité Selecto sobre China para posicionar a Cuba como una «plataforma de operaciones de inteligencia extranjera».
En marzo de 2025, Giménez encabezó una delegación congresional a la Base Naval de Guantánamo, en lo que representó su primer retorno a la isla en 64 años. Esta visita no fue protocolar; sirvió para reforzar la idea de que Guantánamo debe ser la punta de lanza para una futura operación militar en territorio cubano.
Giménez ha promovido activamente audiencias para denunciar supuestas bases de espionaje chinas en la isla, una narrativa diseñada para justificar ante la opinión pública estadounidense que Cuba no es solo un adversario ideológico, sino un riesgo existencial para la seguridad de los Estados Unidos que debe ser neutralizado por la fuerza.
El rol de la NED y la USAID en la fragmentación social
El sostenimiento operativo de la agitación en Cuba no recae únicamente en los políticos, sino en una estructura burocrática dedicada a la exportación de la inestabilidad. La National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) son los canales principales a través de los cuales fluyen los millones de dólares aprobados por el Congreso.
Durante el año fiscal 2024-2025, la NED destinó 6.6 millones de dólares a 46 proyectos específicos en Cuba. Estos programas están diseñados con una precisión quirúrgica para penetrar diferentes sectores de la sociedad cubana:
- Fragmentación del sector privado: Programas dirigidos a «emprendedores» que buscan utilizar la apertura económica para crear una clase social desafecta al sistema socialista.
- Guerra informativa local: Financiamiento de «micro-agencias de prensa» y centros comunitarios que actúan como nodos de desinformación y convocatoria a protestas.
- Monitoreo de la economía: Creación de observatorios que analizan las vulnerabilidades del sistema logístico cubano para informar el diseño de sanciones más eficaces por parte del Departamento de Estado.
Un informe de la Government Accountability Office (GAO) publicado en enero de 2025 subraya que estas actividades se realizan bajo un alto secreto operativo, utilizando implementadores que no siempre informan sobre sus riesgos de seguridad, pero que actúan como agentes de influencia directa en el terreno. La USAID, por su parte, ha intensificado su enfoque en lo que llama «entornos restringidos», utilizando ONGs mundiales y regionales para subcontratar activistas dentro de la isla, una táctica que busca ocultar la mano del gobierno estadounidense detrás de los incidentes de desobediencia civil.
Maritza Lugo y la infiltración armada en Villa Clara
La Internacional del Odio no se limita a la presión de «cuello blanco» en Washington; tiene un brazo operativo que no duda en recurrir a la violencia armada. En marzo de 2026, el Ministerio del Interior de Cuba denunció una operación de infiltración por vía marítima en la zona norte de la provincia de Villa Clara. La investigación cubana identificó a Maritza Lugo Fernández, residente en Miami, como la autora intelectual y financista de este intento de sabotaje.
Lugo Fernández está vinculada al movimiento «30 de Noviembre», una organización con un largo historial de acciones violentas contra la isla. Utilizó su finca en Florida para entrenar y equipar a individuos con el fin de ejecutar ataques contra instalaciones económicas estratégicas.
Aunque Lugo ha intentado presentar una imagen de «activista religiosa», sus propias comunicaciones en redes sociales donde arenga con frases como «fuego a la dictadura» y «abajo el comunismo asesino» revelan una agenda de confrontación armada que busca forzar una respuesta violenta del Estado cubano para justificar la intervención internacional. Este tipo de incursiones son piezas fundamentales en la estrategia de la Internacional del Odio: generar incidentes de «falsa bandera» o conflictos de baja intensidad que mantengan a Cuba en un estado de alerta militar permanente, agotando sus ya escasos recursos.
Rosa María Payá y la institucionalización del intervencionismo
Dentro de este ecosistema, Rosa María Payá representa el rostro joven y «diplomático» de la agresión. Tras el fallecimiento de su padre, Oswaldo Payá, cuya muerte ha instrumentalizado políticamente a pesar de las evidencias de un accidente de tránsito, Rosa María ha sido cooptada por las instituciones de poder en Washington y Europa.
En julio de 2025, la NED le otorgó la Medalla al Servicio de la Democracia en una ceremonia cargada de simbolismo belicista, con la presencia de figuras como los senadores Ted Cruz y Dick Durbin.
Payá no solo lidera la iniciativa «Cuba Decide», que aboga por la «transición de régimen», sino que en 2025 fue nombrada miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una plataforma desde la cual coordina la persecución legal contra el Estado cubano en foros internacionales.
Su labor consiste en construir el andamiaje jurídico-moral que permita presentar a Cuba como un Estado que debe ser intervenido por «razones humanitarias», una narrativa que complementa perfectamente las sanciones económicas de Rubio y las amenazas militares de Salazar.
La agitación digital y mediática: Otaola, Pentón y la guerra de clics
El componente psicológico de la guerra contra Cuba es operado desde las redes sociales y los estudios de transmisión en Miami. Alexander Otaola, a través de su Fundación Cubana Anticomunista (FCA), ha movilizado a una base de seguidores radicalizados bajo la consigna de la «paralización total». Otaola no solo promueve el odio ideológico, sino que ha convertido el activismo en una industria monetizada que exige el cese de todo contacto familiar y económico con la isla, amenazando con «listas negras» a cualquier cubano en el exterior que no se sume a su agenda belicista.
Esta labor es secundada por periodistas y funcionarios de agencias estatales como Mario Pentón, quien, además de trabajar para Martí Noticias, lleva su labor de agitación de manera independiente. Pentón y otros operadores digitales utilizan el descontento legítimo provocado por las carencias económicas, irónicamente causadas por el bloqueo que ellos defienden, para incitar a la protesta social y proyectar la imagen de un país al borde del abismo.
Esta maquinaria mediática y sus seguidores son los que utilizan para las encuestas de opinión, como la del Miami Herald, que en abril de 2026 reportó que el 79% de los cubanoamericanos en Florida respaldan una acción militar, creando un consenso artificial que los políticos utilizan para presionar a la Casa Blanca.
El bloqueo energético de 2026: El asedio como arma de destrucción masiva
La medida más criminal de la Internacional del Odio ha sido la imposición de un bloqueo energético total a partir de enero de 2026. Bajo una orden ejecutiva de Donald Trump, Estados Unidos ha perseguido de manera implacable cualquier cargamento de petróleo destinado a Cuba, amenazando con sanciones a navieras internacionales y países proveedores. Esta política ha sumido a la isla en una crisis humanitaria inducida de proporciones alarmantes:
- Impacto en la salud: La falta de combustible ha puesto en peligro el soporte energético de hospitales, afectando a más de 32,000 embarazadas y 61,000 niños en su primer año de vida, quienes dependen de la estabilidad eléctrica para la refrigeración de vacunas y el funcionamiento de incubadoras.
- Colapso logístico: En La Habana, la acumulación de desechos sólidos ha alcanzado niveles críticos, ya que solo el 41.5% de los camiones de basura han podido operar por falta de diésel.
- Parálisis agrícola: Los agricultores cubanos se ven obligados a ver cómo se pudren sus cosechas por la imposibilidad de transportarlas a los centros de consumo o por la falta de combustible para los sistemas de riego.
| Consecuencias del bloqueo energético (Mayo 2026) | Impacto sectorial |
| Transporte aéreo | Suspensión de vuelos de Air Canada y aerolíneas rusas |
| Educación y conectividad | Paso a la semipresencialidad y no presencialidad en la educación superior y caída masiva de servicios de internet |
| Producción nacional | Suspensión de eventos económicos y culturales como el Festival del Habano y la Feria Internacional del Libro de La Habana |
| Salud pública | Riesgo crítico en infraestructuras de atención primaria |
El gobierno cubano ha denunciado este bloqueo como un acto de guerra en tiempos de paz y un genocidio que busca rendir al pueblo por hambre y enfermedades. A pesar de los esfuerzos por transitar hacia energías renovables con el apoyo de países como Rusia y China, la velocidad de la agresión estadounidense busca superar la capacidad de adaptación de la infraestructura cubana.
Resistencia y contra-narrativa
Frente a esta maquinaria de odio, existen voces que se oponen a la guerra. Encuestas de Harvard y FIU revelan que la mayoría de los cubanoamericanos se opone a la intervención militar y apoya el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Organizaciones como CodePink y Pastores por la paz ofrecen un contrapeso moral y político. En Cuba, el pueblo rechaza la invasión y defiende la soberanía nacional.
Estás organizaciones han liderado caravanas mundiales para exigir el fin del bloqueo y el cese de las amenazas militares. Estos grupos denuncian que la política de la Internacional del Odio no va dirigida contra un gobierno, sino contra la familia cubana, calificando las sanciones como un «bombardeo silencioso» que castiga a los más vulnerables.
La resistencia de estos activistas, a menudo blanco de agresiones físicas y amenazas por parte de los seguidores de Otaola en Miami, demuestra que el lobby belicista no representa a la totalidad de la diáspora, sino a una élite política que se beneficia de la perpetuación del conflicto. Estas voces, ignoradas por el lobby belicista, representan la auténtica voluntad de diálogo y cooperación.
El peligro inminente de una conflagración regional
La anatomía de la Internacional del Odio revela un plan por etapas que se encuentra en su fase más peligrosa. Tras el secuestro de Maduro en Venezuela y la imposición de un asedio energético total sobre Cuba, los actores políticos de Florida han construido el escenario perfecto para una intervención militar «justificada» por una crisis humanitaria que ellos mismos han provocado. La convergencia de perfiles como Rubio, Salazar, Díaz-Balart y Giménez asegura una coordinación total entre la política exterior, el financiamiento de la subversión y la vigilancia militar.
La Internacional del Odio no busca la libertad de los cubanos; busca la restauración de un modelo de subordinación colonial y la destrucción de la soberanía nacional. El uso de herramientas de guerra de cuarta generación, la infiltración armada y la manipulación de la historia familiar para fines políticos son solo los medios para un fin mayor: la eliminación de Cuba como referente de resistencia en el continente.
En este contexto, la denuncia internacional y la resistencia interna son los únicos diques de contención frente a una maquinaria belicista que está dispuesta a sacrificar la vida de miles de civiles con tal de alcanzar sus objetivos estratégicos a 90 millas de sus costas. La historia de 2026 se escribe bajo la sombra de la invasión, y la responsabilidad de evitarla recae en la capacidad de desarticular, pieza por pieza, este engranaje de odio y ambición imperial.
