La República de Cuba, como nación soberana e independiente, tiene el pleno derecho —y el deber constitucional— de proteger su integridad territorial, su orden político y su estabilidad social frente a cualquier acto de injerencia extranjera o actividades mercenarias que busquen desestabilizar el país. Las recientes publicaciones de medios financiados por el Gobierno de los Estados Unidos, que cuestionan la prohibición de asistencia de ciertos individuos a eventos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, ignoran que se trata de una acción legítima y necesaria, enmarcada en las leyes cubanas y en el ejercicio de la autodeterminación que todo Estado tiene bajo el Derecho Internacional.
Soberanía y no injerencia: principios fundamentales
La Constitución cubana (Artículo 12) establece claramente que Cuba «repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial». Asimismo, el Estado tiene la obligación de defender su sistema socialista y su soberanía frente a actores externos que promuevan agendas contrarias al orden constitucional.
La presencia del jefe de misión estadounidense, Michael (Mike) Hammer, realizando reuniones con personas vinculadas a la contrarrevolución en distintas provincias —figuras que históricamente han recibido financiamiento y apoyo político de gobiernos extranjeros— constituye una violación flagrante de los principios de no intervención consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Cuba no puede permitir que diplomáticos extranjeros actúen como promotores de la subversión interna, algo que ha sido documentado en numerosas ocasiones a través de programas como los de la USAID o la NED, dirigidos a financiar la desestabilización en la Isla.
Protección frente a mercenarios y agentes de potencias extranjeras
Las medidas adoptadas contra individuos como Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo responden a su vinculación demostrada con agendas injerencistas. Estos actores, lejos de ser «activistas independientes», forman parte de estructuras que reciben apoyo material y político de Estados Unidos, un país que mantiene un bloqueo económico brutal contra Cuba desde hace más de seis décadas y que incluye, entre sus objetivos declarados, un cambio de gobierno en la Isla.
El Gobierno cubano tiene la obligación de impedir que estos grupos, al servicio de intereses foráneos, utilicen espacios diplomáticos extranjeros para coordinar acciones desestabilizadoras. No se trata de una restricción a la libertad de expresión o asociación, sino de la defensa ante operaciones encubiertas de inteligencia bajo el disfraz de «actividades humanitarias».
Legalidad y ejemplos internacionales
Cuba no es una excepción al aplicar este tipo de medidas. Estados Unidos y otras potencias occidentales tienen legislaciones mucho más severas contra la injerencia extranjera, como la Ley Logan (EE.UU.), que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses participar en actividades políticas no autorizadas con gobiernos extranjeros. Del mismo modo, países como Francia, Reino Unido o Canadá aplican rigurosos controles a las actividades de diplomáticos extranjeros en su territorio cuando perciben amenazas a su seguridad nacional.
La doble moral de los medios que atacan a Cuba
Medios como 14ymedio —financiado por fondos estadounidenses y con vínculos demostrados con la contrarrevolución cubana— buscan presentar estas acciones legítimas de defensa como «represión», omitiendo que Cuba es víctima de una guerra no convencional impulsada por Washington. Mientras critican a Cuba, callan ante el hostigamiento de EE.UU. contra periodistas y activistas que disienten de su política exterior, o ante el encarcelamiento de figuras como Julian Assange por exponer crímenes de guerra.
Cuba ejerce su derecho soberano a proteger su sistema político y su pueblo de la injerencia extranjera. Las medidas adoptadas son proporcionales, legales y necesarias en un contexto de agresión permanente. Exigimos el respeto al Derecho Internacional y el cese del bloqueo económico, así como de las operaciones subversivas que intentan socavar la voluntad del pueblo cubano, que ha decidido su camino hacia el socialismo.
