El 17 de diciembre, la justicia de EE.UU. decide si un jefe de Estado secuestrado puede ser juzgado: el caso Maduro pone a prueba el derecho internacional
La jueza Analisa Torres escuchará los argumentos sobre la inmunidad soberana del presidente venezolano, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. La defensa denuncia un “secuestro” y advierte que el proceso viola principios consagrados de la Corte Internacional de Justicia.

El próximo 17 de diciembre la jueza federal Analisa Torres abrirá una audiencia clave en el Distrito Sur de Nueva York. No se discutirá el fondo de las acusaciones contra Nicolás Maduro, sino una pregunta previa que pone en tensión el derecho internacional y la política de poder: ¿puede un tribunal extranjero juzgar a un jefe de Estado en ejercicio que fue capturado por la fuerza y trasladado a otro país?
La defensa del presidente venezolano, encabezada por los abogados Barry J. Pollack y Anna Estevao, presentó el pasado 9 de noviembre un memorando de 72 páginas en el que sostiene que Maduro goza de inmunidad soberana y que los cargos deben ser desestimados de forma definitiva. El escrito argumenta que la inmunidad debe evaluarse con base en la situación del mandatario al momento de su secuestro, el 3 de enero, cuando ejercía la Presidencia de Venezuela, y que el país nunca renunció a esa protección.
El equipo jurídico invoca dos fundamentos independientes: la inmunidad ratione personae —basada en el estatus de jefe de Estado en ejercicio— y la inmunidad por actos oficiales, pues las acusaciones se refieren a decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones de gobierno. Entre los señalamientos de la Fiscalía figuran la presunta venta de pasaportes diplomáticos, reuniones con integrantes de las FARC en el Palacio de Miraflores y la creación de un “Comando Antigolpe” en consejo de ministros.
Sobre el delito de conspiración para cometer torturas, añadido el 6 de octubre, los litigantes apuntan que dicha figura exige actuar con autoridad pública, lo cual, a su juicio, confirma la condición de funcionario estatal de Maduro.
El precedente que Washington ignora
La defensa invoca la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en el caso Arrest Warrant (2002) estableció que los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal y absoluta frente a la jurisdicción penal de tribunales extranjeros. Esa inmunidad cubre tanto actos oficiales como privados mientras el mandatario permanezca en el cargo, y la gravedad de los delitos imputados es legalmente irrelevante. El Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, aprobado en 2026, confirma esa doctrina: la inmunidad se deriva del cargo, no del reconocimiento que de él haga el Estado foro.
Para la defensa, el hecho de que Washington desconozca el mandato de Maduro desde 2019 no lo priva de protección. “Ningún Estado tiene la autoridad para despojar a un líder soberano de su inmunidad declarando unilateralmente su gobierno ‘ilegítimo’”, señala el escrito. Y recuerda que la propia Casa Blanca mantuvo canales de comunicación directos con el mandatario tras la ruptura diplomática, incluida la visita del enviado especial Richard Grenell a Caracas en enero de 2025 y una conversación telefónica con Donald Trump a finales de ese año. También subraya que la Asamblea General de la ONU aprobó las credenciales del gobierno venezolano en cada período de sesiones desde 2019.
El secuestro que la justicia estadounidense no quiere mirar
En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses lanzaron un ataque a gran escala contra Caracas, se levaron por la fuerza a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, y los trasladaron a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico y otros delitos. La operación dejó más de un centenar de víctimas mortales, según denuncias del gobierno venezolano.
La justicia estadounidense, sin embargo, probablemente no examinará la legalidad de esa captura. Bajo la doctrina Ker-Frisbie, establecida por la Corte Suprema en 1886 y aplicada al caso del general Manuel Noriega, la forma en que un acusado llega a territorio estadounidense no priva al tribunal de su poder para juzgarlo. Los abogados de Maduro han preservado, pero aún no planteado formalmente, un desafío a la legalidad de la aprehensión. El juicio está programado para el 14 de junio de 2027.
La batalla legal y política
El caso ha avanzado en medio de una compleja coyuntura procesal. El juez original, Alvin Hellerstein, falleció el 28 de octubre a los 92 años, y el expediente fue reasignado a la jueza Analisa Torres, quien mantuvo todas las fechas previas. El gobierno tiene plazo hasta el 30 de noviembre para responder al memorando de la defensa, y esta deberá presentar su réplica el 14 de diciembre, tres días antes de la audiencia.
Maduro y Flores se declararon inocentes de todos los cargos, incluidos los de tortura añadidos en octubre. La defensa de Flores también reclama inmunidad como cónyuge de un jefe de Estado en ejercicio y solicita el descarte de las acusaciones de conspiración para importar cocaína y porte de armas.
Mientras tanto, en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asignó la encargaduría de la Presidencia a Delcy Rodríguez sin declarar la falta absoluta de Maduro. La defensa califica de “ilógica” la postura estadounidense de reconocer y restablecer nexos con Rodríguez, designada vicepresidenta tras los mismos comicios que Washington desconoce.
Lo que está en juego
La audiencia del 17 de diciembre no solo definirá el futuro procesal de Maduro y Flores. Determinará si un tribunal federal estadounidense puede arrogarse la potestad de juzgar a un jefe de Estado extranjero capturado mediante una operación militar, desconociendo la inmunidad que el derecho internacional consuetudinario le reconoce. Si la jueza Torres rechaza la moción de la defensa, el caso avanzará hacia un juicio que, como advierten los propios analistas, será “largo y prolongado”. Si la acepta, sentará un precedente sobre los límites del poder judicial estadounidense frente a las normas que rigen la comunidad internacional.
Para Venezuela y para buena parte de América Latina, la pregunta de fondo es otra: ¿puede la justicia de una potencia capturar, trasladar y juzgar a un líder soberano? La respuesta que se construya en Nueva York el próximo 17 de diciembre será observada con atención en todas las cancillerías del mundo.




