Prohibido auditar a Trump, permitido perseguir a Cuba: así funciona la justicia ‘democrática’
Resulta casi un ejercicio de previsibilidad, una rutina tan gastada como ofensiva. Mientras en Washington se anuncian nuevos cargos falsos contra el General de Ejército Raúl Castro por el derribo de las avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate —hecho ocurrido hace tres décadas—, en la propia capital del imperio se consuma un escándalo que revela, con crudeza intolerable, el doble rasero y la hipocresía que gobiernan la política estadounidense.
El pasado 18 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con el hoy presidente Donald Trump que, en los hechos, constituye un blindaje fiscal sin precedentes para el magnate y su familia. El pacto, valorado en 1.776 millones de dólares, no solo crea un fondo millonario destinado a «compensar a víctimas de persecución política», sino que añadió un apéndice —revelado al día siguiente— que prohíbe «para siempre» al IRS continuar con auditorías específicas sobre las declaraciones de impuestos de Trump, sus hijos y sus empresas.
Es decir: el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump —o en coordinación con ella—, ha utilizado el aparato judicial y fiscal del Estado para concederle una amnistía fiscal retrospectiva a su propio presidente, mientras el mundo entero mira.
Ahora, comparen.
La justicia de una sola vía
Mientras Trump negocia con su propio gobierno un blindaje que lo protege de futuras investigaciones fiscales, el Departamento de Estado hace pública una acusación formal contra el General de Ejército Raúl Castro por un hecho ocurrido en 1996: el derribo de dos avionetas pertenecientes a Hermanos al Rescate, organización que, ha quedado documentado, operaba como brazo aéreo de la contrarrevolución violenta, sobrevolando territorio cubano en múltiples ocasiones para lanzar propaganda subversiva y —según las investigaciones— preparar acciones de mayor envergadura contra objetivos civiles en la Isla.
¿Y qué hizo Estados Unidos en aquel momento? La administración de Bill Clinton impulsó sanciones económicas y condenó el hecho en el Consejo de Seguridad de la ONU. Nunca presentó cargos penales. Ni entonces ni en los casi treinta años que siguieron. ¿Por qué ahora? Porque la operación forma parte de una guerra híbrida más amplia, un guión diseñado para mantener viva la hostilidad contra Cuba, aunque para ello tengan que resucitar hechos pretéritos y vestirlos de «justicia».
La hipocresía es monumental. Estados Unidos, que alberga en su territorio a decenas de organizaciones terroristas que operan con total impunidad —desde las que planifican atentados contra Cuba hasta las que financian golpes de Estado en América Latina—, pretende erigirse en tribunal moral para juzgar a quienes precisamente han combatido el terrorismo.
Cuando la letra de la ley se dobla a conveniencia
El acuerdo con Trump expone la naturaleza profundamente clasista y elitista del «Estado de derecho» estadounidense. Según datos del propio Congreso, entre el 40% y el 50% de los legisladores en Washington son millonarios, una proporción que supera en más de 40 veces el promedio nacional. Son ellos quienes escriben las leyes, quienes definen los impuestos y, cuando les conviene, quienes encuentran resquicios para blindarse a sí mismos y a sus aliados.
Múltiples proyectos de ley para prohibir el uso de información privilegiada en el mercado de valores —como la Stop Insider Trading Act— han muerto en los pasillos del Capitolio una y otra vez, víctimas del mismo sistema que protege a los poderosos. Mientras tanto, el ciudadano común paga sus impuestos, enfrenta auditorías y, si comete un error, paga con cárcel o multas confiscatorias.
Pero para Trump, la ley se dobla. Para Trump, el IRS recibe la orden de detener sus investigaciones. Para Trump, se crea un fondo de 1.776 millones de dólares —cifra que evoca la fecha de la independencia estadounidense en un gesto de propaganda patriótica tan burdo como revelador— que quedará bajo control de funcionarios afines.
La verdadera cara del imperio
¿Qué derecho moral le queda a Washington para acusar a Raúl Castro? ¿Cuál es la legitimidad de un sistema que blinda a su propio presidente mientras persigue a los líderes de naciones que se atreven a resistir?
La respuesta es ninguna. Cero.
Estados Unidos ha demostrado una vez más que sus conceptos de «justicia», «derechos humanos» y «democracia» son herramientas desechables, aplicadas según la conveniencia geopolítica y el poder del acusado. Cuando se trata de un ex presidente cubano, se fabrican cargos; cuando se trata del presidente estadounidense, se fabrican blindajes.
Cuba no se deja engañar
El General de Ejército Raúl Castro, como todo el pueblo cubano, sabe bien lo que significa enfrentar la maquinaria del imperio. No es la primera vez que intentan manchar su nombre, ni será la última. Pero la historia, los hechos y la conciencia del mundo están de su lado.
Mientras en La Habana se combatió y se combate el terrorismo con firmeza y apego a la legalidad internacional, en Miami y Washington se protege a los terroristas y se blinda a los corruptos.
Esa es la diferencia. Ese es el doble rasero. Y por eso, aunque Trump tenga su blindaje fiscal y el Departamento de Justicia sus acusaciones falsas, la verdad seguirá estando del lado de Cuba.
Porque la hipocresía, por más blindada que esté, jamás podrá ocultar la verdad.
