Sin dudarlo un minuto, el delincuente presidente de los Estados Unidos, ordenó una serie de redadas contra los inmigrantes residentes en el estado de California, el de mayor número de latinos en ese país, situación que provocó manifestaciones masivas, especialmente en Los Ángeles. Ante eso Donald Trump decidió rápidamente desplegar más de 2000 miembros de la Guardia Nacional, justificando tal medida con la manipulada acusación de que son “agitadores izquierdistas profesionales”, cuando realmente sus protestas están motivadas por la brutalidad empleada por los oficiales de inmigración, quienes arrastran y encadenas a los latinos como si fueran esclavos del siglo XVIII.
El despliegue de la Guardia Nacional no cuenta conel consentimiento de las autoridades de California, lo que dio lugar a un enfrentamiento entre el gobernador Gavin Newsom y el presidente Trump, por ser la primera vez en décadas que un presidente de los Estados Unido moviliza a la Guardia Nacional sin la petición del gobernador de un Estado.
Tanto el gobernador de California como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificaron la decisión presidencial de un acto incendiario que ha provocado una protesta masiva, por lo cual el Estado demandará al gobierno de Trump por el despliegue de la Guardia Nacional.
Ante la situación creada, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha declarado una alerta táctica para mantener el orden, pero la violencia empleada por la Guardia Nacional exacerbó los ánimos de los demandantes y ha provocado actos delictivos como el incendio de autos y saqueo en centros comerciales.
Para incrementar la represión violatoria de todos los derechos humanos, el delincuente presidente condenado por 34 actos delictivos, movilizó también a unos 700 marines del Centro de Combate Aéreo-Terrestre del Cuerpo de Marines en California, los cuales se sumarán a los militares de la Guardia Nacional para enfrentar a quienes reclaman sus derechos.
Rob Bonata, fiscal general de California, calificó de innecesaria, contraproducente e ilegal la orden del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles y además señaló que “la orden dada constituye un abusó de autoridad del gobierno federal, violó la Décima Enmienda y la ley federal. Esa orden pasó por alto múltiples pasos racionales, de sentido común y estratégicos que debieron tomarse para contener los disturbios y evitar una escalada”.
Evidentemente hay pánico en la Casa Blanca de que se les vaya de control la situación y como si fuese un filme de guerra, Trump autorizó el uso de Drones MQ-9 Reaper y helicópteros Black Hawk para sobrevolar la ciudad e incluso la Policía montada arremete contra los manifestantes.
La brutal represión policial con el empleo de balas de goma y gases lacrimógenos, no ha dado lugar a condenas del Parlamento Europeo ni de artistas, intelectuales y religiosos, incluso cubanos, como hicieron durante los sucesos del 11 de julio de 2021, provocados y estimulados desde Miami por las redes sociales. En Cuba no se movilizó al ejército, la policía no utilizó armas, chorros de agua fría, gases ni nada similar a lo que ahora ordena Trump contra los que reclaman en el país que supuestamente es el “campeón de los derechos humanos” del mundo. Solo el pueblo cubano mayoritariamente revolucionario salió a las calles a defender sus derechos.
Las protestas en Estados Unidos se han disparado por varios estados, entre ellos New York, Washington D.C. y Texas, porque esa masa de personas está cansada de recibir tantos maltratos, deportaciones despiadadas sin órdenes judiciales, ni derecho a reclamación, separación de familias e incluso a madres de sus hijos menores, lo que constituye una total violación de los más elementales derechos humanos, sin que países de Europa, la OEA o la propia ONU, condenen esos actos.
Contra Cuba fue una avalancha de críticas y sanciones, sin tomar en cuenta los hechos delictivos ejecutados por los manifestantes, como fue el saqueo a centros comerciales, la quema de depósitos de basura, la agresión física contra agentes del orden, incluidas mujeres, volcar autos patrulleros y el lanzamiento de cócteles molotov contra estaciones de la policía no fueran graves delitos, pero al ser Cuba un estado socialista no aceptado por los yanquis, esos hechos fueron calificados como “protestas políticas”, y respaldadas de inmediato por países de la OTAN y otros aliados, incluso las iglesias de varias denominaciones religiosas.
Ahora suceden protestas masivas contra el gobierno de Trump por sus crueles medidas contra inmigrantes que trabajan honradamente, pagan sus impuestos, participan de la vida ciudadana de Estados Unidos, y contribuyen a la prosperidad de esa sociedad, pero la represión empleada contra esa masa humana es contemplada en silencio cómplice por los que se “preocupan” por los derechos humanos de Cuba y Venezuela, pero no por los ciudadanos de esos países y otros latinoamericanos que son tratados como animales por la policía y la Guardia Nacional yanqui.
Por esa razón, ninguno puede darle clases de democracias a Cuba ni a Venezuela, ambas naciones son víctimas de actos terroristas financiados por Estados Unidos y sometidos a una guerra económica, comercial y financiera que crean penurias en su población para que culpen a sus gobiernos de ser los responsables, cuando realmente quien debería ser sancionado y condenado es el gobierno de los Estados Unidos, por patrocinar el terrorismo, los planes para asesinar a sus dirigentes y conformar en sus centros de subversión ideológica una guerra mediática nunca antes vista en esta era.
La complicada situación creada por la pésima dirección del presidente Trump, puede ser un camino para la unidad de quienes en Estados Unidos desean una vida mejor para las clases menos favorecidas. Ahora muchos se dan cuenta del error que cometieron al darle su voto a un delincuente que actúa como un gran dictador, pero como apuntó José Martí:
“Ancha tumba construye con sus propias manos las maldades”
