Denuncian nuevo caso de tráfico de personas en Cuba

La Organización Naciones Unidas define como tráfico ilícito de migrantes la “facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.

Un acontecimiento con estas características tuvo lugar el pasado domingo 30 de octubre en la bahía de Nazábal, Encrucijada, Villa Clara. Ese día, una unidad de superficie de Tropas Guardafronteras rescató a 26 personas a bordo de una lancha rápida con matrícula de los Estados Unidos. El medio naval flotaba a la deriva. Iban a bordo 4 menores, incluyendo una niña con síntomas agudos de deshidratación.

El lanchero que abandonó la embarcación, Rafael López Morales, es reincidente en este tipo de delitos. Incluso sacó ilegalmente del país a un prófugo de la justicia.

El Código Penal vigente establece penas de entre 7 y 15 años por el delito de tráfico de personas, que aplica a quien “sin estar legalmente facultado, con ánimo de lucro, organice, facilite, incite o promueva la entrada o salida de personas del territorio nacional, con la finalidad de que estas emigren a otro país”.

Para quienes lucran a costa de poner en riesgo las vidas de niños y adultos, las salidas ilegales constituyen un negocio redondo, asociado también al traslado de drogas y armas. Este jamás será un camino apropiado. Así lo demuestra el elevado saldo de vidas perdidas en el mar.

El principal responsable de los lamentables hechos continúa siendo el gobierno de Estados Unidos, con el sostenimiento de una política hostil hacia la Mayor de las Antillas. La Ley de Ajuste Cubano opera como pieza fundamental en el engranaje de estas articulaciones delincuenciales, donde siempre el dinero, y no la vida, tendrá la última palabra.