En un movimiento que desnuda la profunda contradicción de la política exterior estadounidense, Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente hondureño condenado a 45 años por narcotráfico. El indulto, anunciado el 28 de noviembre, llega mientras EE.UU. despliega una ofensiva naval en el Caribe justificada en «la lucha contra el tráfico de drogas», y días antes de las elecciones en Honduras.
De presidente a condenado: la caída de JOH
Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y un tribunal federal de Nueva York lo condenó en junio de 2024. Los fiscales probaron que, durante años, convirtió a Honduras en un «narcoestado». Facilitó el tráfico de aproximadamente 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos que usó para financiar campañas políticas y comprar lealtades.
El caso demostró una doble vida: mientras públicamente se presentaba como aliado clave de Washington en la «guerra contra las drogas» (más de 50 millones de dólares en ayuda militar estadounidense), operaba como socio de carteles como el de Sinaloa. Testigos declararon que dijo: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices».
Las investigaciones contra Hernández iniciaron durante la primera presidencia de Trump, pero su condena ocurrió bajo Biden. Ahora, el republicano reivindica al expresidente como «víctima de injusticia», ignorando que los fiscales demostraron que usó dinero del narcotráfico para manipular elecciones y mantenerse en el poder.
Un indulto con cálculo político
El perdón presidencial otorgado por Trump no es un acto de clemencia aislado, sino una jugada con objetivos políticos precisos. A 48 horas de las elecciones en Honduras, el indulto presidencial favorecía directamente al candidato derechista Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional.
Mientras tanto, Trump lanza una ofensiva antidrogas en el Caribe pero indulta a un narcopolítico notorio, evidenciando que la «guerra contra las drogas» es más una herramienta geopolítica que un compromiso real.
Por otro lado, «premia» a un antiguo aliado. Juan Orlando Hernández respaldó políticas estadounidenses en la OEA y actuó como contrapeso frente a gobiernos progresistas como Nicaragua y Venezuela.
- Contradicción estratégica: Mientras la administración Trump envía buques de guerra al Caribe y anuncia una ofensiva contra el narcotráfico, perdona a uno de los narcopolíticos más condenados de la historia. Esto revela que la «guerra contra las drogas» es, con frecuencia, un instrumento selectivo de presión geopolítica, no un principio coherente.
- Recompensa a un aliado: Hernández fue un aliado clave de Washington en una región donde EE.UU. busca contener la influencia de gobiernos progresistas. Su gobierno apoyó políticas estadounidenses en la OEA y sirvió como contrapeso a naciones como Nicaragua y Venezuela.
El patrón histórico: aliados incómodos e intereses geopolíticos
Este caso no es excepcional, sino que se inscribe en una larga tradición de la política exterior estadounidense en Latinoamérica. Durante la Guerra Fría, EE.UU. apoyó a dictaduras y regímenes corruptos (en Guatemala, Chile, Brasil, entre otros) con el argumento de contener el comunismo, priorizando el alineamiento geopolítico sobre la democracia o los derechos humanos.
Por otro lado, la ofensiva antinarcóticos ha servido históricamente para militarizar la región y justificar la injerencia. El indulto a Hernández muestra que, cuando conviene a intereses políticos mayores, esta «guerra» puede suspenderse para aliados estratégicos.
El caso es, además, una muestra del doble rasero estadounidense. Mientras aplica un bloqueo total a Cuba y sanciones extremas a Venezuela por «falta de democracia» o «narcoestado», perdona a un expresidente condenado con pruebas irrefutables. Esta incoherencia alimenta la percepción en la región de que el derecho internacional y los principios que dice defender EE.UU. son selectivos y dependen de la obediencia política.
No es sobre drogas, es sobre poder
La liberación de Juan Orlando Hernández es un claro mensaje: la política exterior de la administración Trump en Latinoamérica no está guiada por principios de justicia o lucha contra el crimen, sino por una lógica de poder real político. El objetivo principal es fortalecer a aliados que, independientemente de sus prácticas, puedan servir como diques de contención contra gobiernos de izquierda y garantizar la influencia estadounidense en la región.
Este episodio debilita catastróficamente la credibilidad moral de Washington y revela que, para ciertos intereses, un «narcoestado» puede ser no solo tolerable, sino útil y recompensado.
