La IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que concluye con el Décimo Periodo Ordinario de Sesiones que comenzará el 12 de diciembre, ha sido una de las más fecundas en materia de trabajo legislativo, con 30 leyes aprobadas.
Así lo informó ayer, en conferencia de prensa, Homero Acosta Álvarez, secretario de la ANPP, al dar a conocer detalles de la agenda de trabajo del que será el último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, y que incluirá novedades tecnológicas, proyectos de leyes, rendiciones de cuenta e informaciones de trascendencia de varios organismos.
Detalló que el día 11 acontecerá el trabajo en comisiones, con el debate y actualización de los diputados en temas de economía, transporte, comercio interior, salud, deporte, agricultura y alimentación, entre otros.
La segunda jornada tratará asuntos económicos, con la información sobre la marcha de la economía y el cumplimiento del plan de medidas aprobado en el Noveno Periodo Ordinario de Sesiones.
El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, también expondrá los objetivos generales y metas del Plan de la Economía para 2023; y Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, presentará la propuesta de Ley del Presupuesto del Estado para 2023, sujeta a dictámenes.
En la tarde, comunicó Acosta Álvarez, el Ministerio de Energía y Minas actualizará sobre la situación electroenergética del país.
Detalló el Secretario de la ANPP que, el 13 de diciembre, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se referirá al cumplimiento de las medidas para el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, y abordará la situación demográfica del país, de alta sensibilidad e incidencia en la vida económica y social de la nación.
Recalcó que, por vez primera, el Consejo de Estado rendirá cuenta ante la ANPP; y luego lo hará el Ministerio de Comunicaciones.
También en esta sesión se presentarán los proyectos de leyes De comunicación social, De la expropiación por razones de utilidad pública e interés social, y De la Contraloría General de la República y del sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa.
