El Decreto 107/2024 se aprobó en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros a inicios de julio de 2024. La regulación se enfoca en reglamentar las actividades no autorizadas para las formas de gestión no estatal en Cuba, incluyendo Mipymes, trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias.
Con esta norma jurídica queda derogado el Decreto 49/2021, que desde agosto de 2021 cumplía esta función. Mantiene y se añade prohibiciones sobre ciertas actividades para el sector no estatal, incluyendo:
- Agencias de viajes.
- Operadores turísticos.
- Impresión de publicaciones periódicas.
- Servicios para la constitución de asociaciones empresariales y sindicales.
- Exhibición cinematográfica y distribución de obras audiovisuales a través de soportes informáticos.
Asimismo, se retiran 21 prohibiciones existentes, tales como la venta al por mayor de varios productos, entre los que figuran alimentos y bebidas, productos textiles, prendas de vestir y calzado, enseres domésticos, equipo periférico y programas informáticos, materiales de construcción, artículos de ferretería, entre otros.
¿Cuáles son los beneficios?
Este decreto es parte de los esfuerzos del gobierno cubano para regular y ordenar el sector no estatal, asegurando que sus actividades se alineen con las políticas económicas y sociales del país. La eliminación de prohibiciones significa una mayor flexibilidad en ciertas áreas, siempre de la mano de las necesidades de la sociedad y el comercio interno.
Con las nuevas regulaciones tributarias establecidas, el objetivo es mejorar la transparencia y la eficiencia en el pago de impuestos, encaminada fortalecer el sistema tributario y a aumentar la recaudación destinada sectores priorizados.
Establecer normas claras fomenta la legalidad y la formalización de las actividades económicas, reduciendo la informalidad y la evasión fiscal.
¿Por qué son necesarias las regulaciones sobre las formas de gestión no estatal?
En los últimos años, el sector privado en Cuba ha experimentado un crecimiento significativo, convirtiéndose en un componente importante de la economía nacional. Sin embargo, este desarrollo no está exento de desafíos y riesgos que requieren la intervención reguladora del gobierno.
Las leyes resultan cruciales para proteger el interés colectivo de la población. En un contexto donde el sector privado puede generar desigualdades económicas, es esencial que el Estado implemente medidas que aseguren una distribución equitativa de los recursos y oportunidades. Esto incluye la regulación de precios, la protección de los derechos laborales y la garantía de acceso a servicios básicos.
Asimismo, permite establecer estándares de calidad y seguridad para los productos y servicios ofrecidos. Esto es particularmente importante en áreas como la alimentación, donde la calidad puede afectar directamente la vida y bienestar de los ciudadanos. Un marco regulatorio robusto asegura que los consumidores reciban productos seguros.
Las regulaciones también son esenciales para mantener la estabilidad económica del país. En un entorno donde el sector privado crece sin control, pueden surgir burbujas económicas que amenacen la sostenibilidad del sistema.
El gobierno tiene la responsabilidad de promover un desarrollo sostenible que respete el medio ambiente y los recursos naturales. Las regulaciones pueden establecer normativas que obliguen a los emprendedores a adoptar prácticas responsables y sostenibles, contribuyendo así a la conservación del entorno natural cubano.
Las normas legales son una herramienta para fortalecer el modelo social cubano. Al asegurar que el sector no estatal opere dentro de un marco que priorice el bienestar social, se garantiza que los beneficios del crecimiento económico se traduzcan en mejoras para toda la población, no solo para unos pocos.
