Un año después de asumir como secretario de Estado, Marco Rubio ha construido una imagen pública de halcón implacable contra el narcotráfico. Sin embargo, una revisión de su historial personal y político revela algo muy distinto: vínculos directos e indirectos con traficantes de cocaína, estafadores condenados, lavado de dinero de cárteles y un uso sistemático de esas relaciones para impulsar su carrera.
Hay hombres que pasan la vida intentando enterrar su pasado. Otros, en cambio, lo reeditan una y otra vez bajo nuevos disfraces. Marco Rubio pertenece a la segunda categoría.
Mientras desde el Departamento de Estado dicta una política exterior que revive el espíritu de la Doctrina Monroe y señala a gobiernos latinoamericanos como supuestos aliados del narcotráfico, su propia biografía está sembrada de escombros que no logra ocultar: un cuñado narcotraficante, campañas financiadas con dinero manchado de cocaína colombiana, y un papel incómodo en los intentos de salvar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, hoy condenado a 45 años de prisión por introducir 400 toneladas de droga en Estados Unidos.
Este artículo no es un alegato. Es una exposición documentada de tres episodios que Rubio preferiría olvidar. Pero la memoria, a diferencia del poder, no se legisla.
El cuñado, los perros y la carta de recomendación
La historia comienza en West Kendall, Florida, 1987. Marco Rubio tiene 16 años y vive temporalmente en casa de su hermana mayor, Bárbara, y su esposo, Orlando Cicilia. Lo que el adolescente no sabía —o dice no haber sabido— es que el hogar de los Cicilia funcionaba como centro de acopio de cocaína.
Orlando Cicilia almacenaba la droga para después distribuirla en cajas de cigarros por todo el país. Era testaferro de Mario Tabraue, uno de los narcotraficantes más notorios del sur de Florida, cuyas operaciones llegaron a mover más de 75 millones de dólares en cocaína. Tabraue fue condenado a 100 años de prisión. Cicilia recibió 25 años en 1989, aunque salió en el 2000 por colaboración con las autoridades.
Rubio ha sostenido siempre que ni él ni sus padres sabían nada. Que Orlando le pagaba diez dólares por bañar a cada uno de sus perros. Dos agentes del orden declararon al semanario New Times que esa historia les resultaba, cuando menos, difícil de creer.
Pero lo que viene después es más revelador.
En 2002, Marco Rubio —ya líder de la Cámara de Representantes de Florida— escribió una carta a la División de Bienes y Raíces para que le otorgaran a Orlando Cicilia una licencia como agente de ventas. La recomendación era sin reservas. Decía: «Conozco al señor Cicilia desde hace más de 25 años y lo recomiendo sin reservas para la licencia».
Ninguna mención a la cocaína. Ninguna mención a los 25 años de condena. Solo un político ascendente devolviendo el favor a quien, décadas atrás, le pagaba por bañar perros.
El PAC, el lobbista y los 1.200 millones estafados
Corría 2009. Rubio anunciaba su candidatura al Senado federal y los reflectores comenzaban a enfocar zonas oscuras. The Observer destapó entonces una madeja que conectaba al político con un PAC (Comité de Acción Política) vinculado a criminales que operaban un esquema Ponzi, y con un lobbista cercano a un acusado de lavar dinero para cárteles sudamericanos.
El lobbista se llamaba Alan Mendelsohn. Recaudó cerca de dos millones de dólares que distribuyó entre varios políticos de Florida a través de The Ophthalmology PAC. Entre los beneficiarios: Marco Rubio.
El dinero, sin embargo, tenía un olor específico: provenía de Joe Steinger, cabecilla de la corporación Mutual Benefits, una red con sede en Fort Lauderdale que compraba pólizas de seguros de vida a enfermos terminales —muchos de ellos miembros de la comunidad gay de Florida contagiados de VIH— para luego venderlas a inversores con promesas de alta rentabilidad.
La estafa alcanzó los 1.200 millones de dólares y afectó a más de 30.000 personas. Steinger fue sentenciado en 2014 a 20 años de prisión. Pero hay un dato que la investigación subraya: su empresa utilizó la compra de esas pólizas para lavar dinero de cárteles colombianos y de otras partes del mundo.
Mendelsohn siguió recaudando fondos para Rubio incluso después de que el esquema Ponzi de Steinger fuera desmantelado. El dinero de la cocaína, vestido de traje y corbata, llegó igual a las arcas de campaña.
El amigo hondureño y los 400 millones de dólares en cocaína
Si hay un capítulo que desmonta por completo el relato de Rubio como «combatiente del narcotráfico», es su relación con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
Hernández fue condenado en Nueva York a 45 años de prisión por exportar e introducir en Estados Unidos más de 400 toneladas de cocaína. Su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, ya cumplía cadena perpetua por el mismo delito.
Sin embargo, a inicios de 2020, mientras el cerco judicial se cerraba, Juan Orlando Hernández contrató a la firma de cabildeo BGR Group —fundada por el millonario republicano Haley Barbour— por 660.000 dólares. El objetivo: limpiar su imagen en Washington, presentarse como aliado confiable y simular que combatía el crimen organizado mientras su hermano inundaba de cocaína las calles estadounidenses.
Y aquí reaparece Marco Rubio.
La revista VICE documentó que Rubio es históricamente uno de los principales beneficiarios de las contribuciones políticas de BGR Group. La firma organizó eventos de recaudación para sus campañas al Senado en 2010 y 2016, así como para su fallida carrera presidencial.
Tras la firma del contrato con Honduras, BGR Group contactó a once empleados del Congreso. Tres de ellos habían trabajado directamente con Rubio.
La conexión no terminaba ahí. Durante el segundo mandato de Hernández —obtenido de manera fraudulenta pero con el aval de la OEA de Luis Almagro—, Rubio fue un visitante asiduo de Tegucigalpa. En una de esas visitas, felicitó al gobierno hondureño por su «lucha contra las drogas».
Mientras Rubio elogiaba, Tony Hernández despachaba toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
El predicador y sus pecados
Hoy, Marco Rubio ocupa la segunda posición más alta del poder ejecutivo estadounidense. Desde allí señala, sanciona y define políticas que afectan a millones de latinoamericanos. Habla de «tolerancia cero», de «estado de derecho», de «combate al narcotráfico».
Pero su historia personal dice otra cosa. Dice que vivió bajo el techo de un narcotraficante. Que recomendó sin reservas a ese mismo narcotraficante para obtener una licencia profesional. Que recibió dinero de campaña proveniente de un esquema Ponzi utilizado para lavar dinero de cárteles. Que se benefició de las gestiones de una firma de cabildeo contratada por un presidente hondureño condenado por narcotráfico.
Nada de esto es ilegal, por supuesto. En política, la legalidad y la legitimidad suelen transitar por carriles distintos.
Pero al menos debería hacernos preguntar: ¿con qué autoridad moral habla de narcotráfico quien construyó su carrera sobre los escombros de quienes lo traficaban?
El predicador no puede condenar el pecado cuando la lista de sus pecadores está escrita en su propia agenda.
