La propiedad sigue siendo del pueblo, pero la gestión se abre a todos: el nuevo modelo de actores económicos en Cuba

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El paquete de 176 transformaciones presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz redefine el papel de la empresa estatal, potencia las formas de gestión no estatal y establece una distinción clave entre propiedad y gestión.

No es un cambio cosmético: Cuba ha decidido reescribir las reglas del juego. La empresa estatal se convierte en sociedad mercantil por acciones, las mipymes podrán tener más de 100 trabajadores, los privados podrán ser titulares de varias empresas y el usufructo de la tierra se otorgará por tiempo indeterminado. El Estado mantiene la propiedad de los medios fundamentales, pero abre la gestión a todos los actores que demuestren capacidad para generar valor.

1. La empresa estatal: del monopolio a la autonomía plena

El cambio más radical afecta al corazón del sistema productivo cubano. La empresa estatal, hasta ahora fuertemente centralizada y dependiente del presupuesto estatal, se transforma en un actor autónomo que operará en igualdad de condiciones con el resto de los actores económicos.

Autonomía y facultades ampliadas

Las nuevas disposiciones otorgan a la empresa estatal socialista facultades hasta ahora impensables:

Ampliación del objeto social: podrán realizar cualquier actividad lícita sin necesidad de abandonar su objeto social principal. Esto rompe con la rigidez sectorial que las mantenía encorsetadas en funciones específicas.
Descentralización de precios: se transfiere al sistema empresarial la facultad de aprobar precios mayoristas y minoristas, teniendo en cuenta costos, gastos, tendencias del mercado y cadenas de valor.
Autonomía organizativa: las OSDE y las empresas podrán decidir la creación, fusión, extinción y liquidación de filiales y pymes estatales sin necesidad de autorización del Ministerio de Economía.
Flexibilidad salarial: las empresas definirán sus propias escalas salariales, negociadas directamente con los trabajadores y el sindicato.
Gestión de utilidades: las empresas decidirán autónomamente el destino de las utilidades después de impuestos.

El fin de los subsidios masivos

El Estado eliminará gradualmente los 92.500 millones de pesos anuales en subsidios al sistema empresarial. La mitad de esa cantidad (46.250 millones) se destinaba exclusivamente a subvencionar la tarifa eléctrica. Las empresas deberán sostenerse por sí mismas o enfrentar la liquidación.

La transformación estrella: sociedad mercantil por acciones

La propuesta de mayor trascendencia es la transformación de la empresa estatal socialista en sociedad mercantil por acciones. El Estado definirá su participación accionaria en cada sector, garantizando mayoría solo en los estratégicos.

Las empresas estatales podrán comprar acciones a otras empresas.
Las formas de gestión no estatal y personas naturales podrán comprar acciones, en la gradualidad que se defina.

Esto implica que una empresa estatal podrá tener accionistas privados, y un privado podrá ser socio de una empresa que antes era exclusivamente del Estado.

2. Formas de gestión no estatal: explosión de oportunidades

El sector no estatal, que ya venía expandiéndose, recibe un impulso sin precedentes que elimina casi todas las barreras que limitaban su crecimiento.

Eliminación del tope de 100 trabajadores

Las mipymes no estatales tenían un límite de hasta 100 trabajadores. A partir de ahora, quienes superen esa cifra se clasificarán como empresas privadas, reconociendo la realidad de muchos negocios que han crecido más allá de ese límite.

Multiplicidad de empresas y participaciones

Una persona natural podrá ser titular de más de una empresa privada (hasta ahora solo podía tener una en un municipio).
Una misma persona podrá contar con participación accionaria en más de una empresa privada, en diferentes municipios.

Ampliación de formas societarias

Se amplían las formas societarias bajo las que puedan organizarse las empresas privadas, incluyendo sociedades anónimas por acciones, al igual que en la empresa estatal.

Derechos reales sobre la tierra

Se conceden derechos reales en usufructo y superficie a empresas privadas o cooperativas para realizar inversiones y desarrollar actividades productivas. Hasta ahora estaba totalmente prohibido, lo que obligaba a muchos negocios a operar desde viviendas particulares.

Comercio exterior directo

Las formas de gestión no estatal podrán importar y exportar directamente, sin necesidad de autorización ministerial. Se elimina el cuello de botella burocrático que mantenía a los privados dependientes de intermediarios estatales.

Gestión de divisas

Se autoriza que los depósitos en efectivo en divisas de actores no estatales se acrediten en cuentas bancarias en la misma moneda, y que puedan extraer ese dinero en divisas, sujeto únicamente a una declaración de origen lícito.

Reducción de actividades prohibidas

Se reducirá la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales. Del Decreto 107, que hoy contiene 125 actividades no autorizadas, se eliminarán unas 70 prohibiciones.

Agilización de trámites

Se reducen requisitos, trámites y plazos para la creación, conversión y operación de formas de gestión no estatal, eliminando en algunos casos la aprobación administrativa. Se utilizará inteligencia artificial en la plataforma de actores económicos para garantizar transparencia, trazabilidad y agilidad.

Cooperativas agropecuarias con soberanía plena

Las cooperativas podrán:

Importar y comercializar combustibles directamente.
Realizar comercio exterior sin intermediarios.
Gestionar financiamientos externos por cuenta propia.
Abrir cuentas bancarias en el exterior y en bancos cubanos.
Formar sus propios precios en el mercado.

3. Relaciones de propiedad: el Estado mantiene el dominio, cede la gestión

Aquí está el núcleo ideológico de las reformas. El gobierno cubano insiste en que la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción se mantiene. Pero lo que cambia radicalmente es la gestión de esos medios.

Propiedad versus gestión: la distinción clave

El Estado seguirá siendo el propietario último de la tierra, las grandes industrias y los recursos estratégicos. Pero cederá la gestión de muchos de esos activos a actores no estatales mediante:

Usufructo: derecho a usar y disfrutar de un bien ajeno, con obligación de conservarlo.
Superficie: derecho a construir o plantar en terreno ajeno, manteniendo la propiedad de lo construido.
Arrendamiento a largo plazo: cesión del uso de activos subutilizados.
Participación accionaria: compra de acciones de empresas estatales por parte de privados.

Compra de acciones de empresas estatales

Se permite la compra de acciones de empresas estatales por parte de:

Personas jurídicas estatales y no estatales.
Personas naturales.
Nacionales y extranjeros.

Venta de propiedades estatales

Se autoriza la venta de propiedades estatales a:

Personas jurídicas y naturales nacionales y extranjeras.
Cubanos residentes en el exterior.

Siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos.

Gestión no estatal sobre medios de propiedad social

Se ratifica la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y se avanzará en la gestión no estatal sobre estos medios. Esto permite que el capital privado, nacional o extranjero, ponga en valor activos que el Estado no puede o no quiere gestionar directamente, sin que ello implique una pérdida de la propiedad social.

Conclusión: un nuevo modelo en construcción

Las transformaciones anunciadas por Marrero Cruz suponen un cambio de época para Cuba. La empresa estatal deja de ser un monopolio protegido y pasa a ser un actor más en un ecosistema donde compiten privados, cooperativas e inversores extranjeros. La propiedad sigue siendo mayoritariamente social, pero la gestión se abre a todos los que demuestren capacidad para generar valor.

La distinción entre propiedad y gestión es el eje ideológico de las reformas: el Estado mantiene el dominio último, pero cede la administración a actores más ágiles y eficientes.

Como resumió el propio Marrero: