Resumen de la segunda jornada de la ANPP: reformas estructurales, nuevo Código de Trabajo y el blindaje jurídico de la resistencia

La Habana, 30 de julio de 2026 — La segunda y última jornada del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) cerró este jueves con un paquete legislativo de calado histórico: una nueva arquitectura institucional para el medio ambiente, una ley de tierras que flexibiliza la propiedad, un código laboral que actualiza las relaciones de trabajo tras trece años, y un discurso de clausura del presidente Miguel Díaz-Canel que situó cada una de estas transformaciones en el marco de la resistencia al bloqueo y el cerco energético de Estados Unidos.

Si el miércoles fue el día del diagnóstico económico y energético, el jueves fue el día de las soluciones estructurales. Cuatro leyes aprobadas, una reorganización ministerial de primer orden y un debate parlamentario que evidenció la tensión entre la urgencia de producir y la necesidad de garantizar justicia social.

Agua, territorio y ambiente: el ciclo hidrológico ya no estará fragmentado

El punto de mayor calado técnico de la jornada matutina fue la creación del Ministerio del Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, una fusión que busca poner fin a décadas de competencias dispersas entre el CITMA, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el INOTU. La propuesta fue presentada por el general de brigada José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, quien reveló un dato elocuente: solo entre esas tres entidades se acumulan 88 trámites que la población debe realizar debido a la fragmentación administrativa.

La diputada Aylin Justiz, física y especialista del Centro Físico de la Atmósfera, puso el ejemplo que despejó cualquier duda técnica: el propio ciclo hidrológico. El monitoreo de la física de nubes recae en el CITMA; la red de pluviómetros está dividida entre el CITMA y Recursos Hidráulicos; el agua subterránea se supervisa de forma duplicada; la administración de presas corresponde a Recursos Hidráulicos, pero los estudios de evaporación al CITMA; y cuando hay inundaciones o sequías que afectan a un asentamiento, terminan interviniendo cuatro organismos distintos. Unificar la tríada Agua-Territorio-Ambiente bajo una sola autoridad era, según el diagnóstico, una necesidad inaplazable.

La vicepresidenta Inés María Chapman Waugh respaldó la propuesta con un dato adicional: el estudio comparado de 21 países y el consenso previo de los titulares de cada organismo involucrado. Pero puso una condición que refleja la cautela ante procesos de esta envergadura: que la transición se ejecute de forma ordenada, respetando al capital humano y garantizando la continuidad del servicio. Los plazos contemplan hasta doce meses para la reubicación de plantillas y la unificación de sistemas.

Vale un apunte editorial: el nombre definitivo del ministerio —que incluye explícitamente «Recursos Hidráulicos»— resolvió un debate público en el que los trabajadores del sector reclamaron que la palabra no desapareciera del título. Un gesto que el proceso legislativo supo incorporar.

Tierra, identidad y vivienda: las tres leyes que mueven la base social

El mediodía trajo consigo la aprobación de tres leyes que conectan directamente con la vida cotidiana de los cubanos.

La Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal fue resultado de un proceso participativo iniciado en octubre de 2022, con consultas en todas las provincias y la participación de productores, académicos y diputados, que generaron 30 modificaciones al proyecto. Sus principales novedades son contundentes: se establecen por primera vez los principios rectores de la propiedad, posesión y uso de la tierra; se autoriza la compraventa de tierras hasta 67,10 hectáreas, con derecho preferente del Estado; se reconoce la herencia por testamento; se flexibiliza la entrega en usufructo de tierras ociosas; y se establecen por primera vez derechos de los usufructuarios sobre viviendas construidas, con posibilidad de legalizarlas en propiedad. El diputado y productor Emilio Interián Rodríguez la calificó de «extremadamente revolucionaria».

La Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, presentada por Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Migración y Extranjería, vino a saldar una deuda técnica: cerca del 85 % de lo que regula no tenía respaldo legal previo. El Decreto-Ley vigente data de 2007 y tiene 9 artículos; el nuevo proyecto llega con 53 y un reglamento de más de 60. Entre lo más novedoso: el Número de Identidad Permanente (NIP) como identificador único para todos los trámites, la identidad digital como representación electrónica verificable, y una definición ampliada de domicilio que resuelve el caso de personas que reciben servicios estatales en el lugar donde viven sin que ese lugar fuera reconocido legalmente como tal. Alcanza también a los cubanos en el exterior. Sobre el punto que más ha circulado en redes —el registro ampliado de datos biométricos bajo el MININT— la ley incorpora un capítulo de garantías: infracciones, sanciones administrativas y derecho de impugnación.

La Ley de la Vivienda fue quizás la más esperada. Deroga la Ley General de la Vivienda No. 65 de 1988 y llega con un proceso de consulta de los más participativos: 10.928 opiniones, de las cuales se aceptó el 56 %, y 158.534 interacciones en redes sociales. El ministro de la Construcción, René Antonio Mesa Villafaña, explicó que el texto se elaboró estudiando tratados internacionales suscritos por Cuba y legislaciones de 15 países. Entre las novedades centrales: el reconocimiento del derecho de las personas naturales a poseer hasta dos viviendas en propiedad —sin contar la de descanso o veraneo legalmente declarada—; la ampliación de las vías para transmitir, donar, permutar o ceder partes de una vivienda, con menos autorizaciones administrativas; y la incorporación formal de múltiples actores en el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional —esfuerzo propio, cooperativas, microbrigadas, mipymes e inmobiliarias— junto al sector estatal. Entrará en vigor 90 días después de su publicación en Gaceta.

El nuevo Código de Trabajo: más flexibilidad, misma arquitectura social

La sesión vespertina trajo el proyecto de mayor alcance social del paquete legislativo: el nuevo Código de Trabajo, que sustituye a la Ley 116 de 2013. La presentación corrió a cargo del propio presidente Díaz-Canel, junto a Esteban Lazo y Manuel Marrero, lo que subraya la importancia estratégica de la norma.

El fundamento es doble: adecuar la legislación laboral a la Constitución de 2019 y cumplir con los 91 convenios internacionales que Cuba tiene ratificados en materia de derecho laboral. El nuevo Código se estructura en cuatro libros —parte general, derecho individual, derecho colectivo y administración del trabajo— e integra 15 disposiciones normativas previas en un solo cuerpo legal.

Entre las transformaciones más relevantes:

• Fijación anual del salario mínimo, con una discusión de fondo que queda pendiente para la futura modificación de la Ley de Seguridad Social (prevista para 2027).
• Eliminación de la aprobación administrativa para el pluriempleo en determinadas profesiones.
• Facultad de pactar jornadas reducidas de común acuerdo con el sindicato.
• Teletrabajo desde el exterior, una novedad que responde a la realidad migratoria y a la digitalización.
• Posibilidad de ceses por motivos económicos, tecnológicos o estructurales, siempre con evaluación colegiada, acuerdo sindical y protección salarial para quienes no puedan ser reubicados.

El proceso de consulta fue, en volumen, uno de los mayores del paquete legislativo: 96.250 propuestas recogidas en el proceso popular y sindical durante 2025, de las cuales el 43 % fue aceptado y un 10 % adicional aceptado en parte. En sede parlamentaria, de las 94 propuestas de los diputados, 59 fueron aceptadas total o parcialmente.

El debate en el pleno fue intenso. La diputada guantanamera Yanina Díaz Cazañas propuso precisiones que fueron bien recibidas: exigir carácter público a las convocatorias de empleo, revisar la exigencia de autorización familiar para el trabajo de personas con discapacidad, y acortar de 90 a 30 o 60 días el plazo para que el empleador entregue documentación laboral extraviada. Otro diputado subrayó que más de 200.000 trabajadores del sector no estatal participaron directamente en la consulta.

La prensa internacional —incluida la agencia EFE— señaló que el Código deja fuera el derecho a la huelga y no establece la obligatoriedad de que los salarios sean suficientes. Es una observación que el propio Gobierno no oculta: la discusión salarial de fondo queda remitida a la futura reforma de la Seguridad Social. El Código entrará en vigor 90 días después de su publicación, plazo en el que empleadores y sindicatos deberán adecuar contratos y reglamentos.

El discurso de clausura: «Estos cambios no se negocian con Estados Unidos»

El cierre de la jornada y del período de sesiones estuvo marcado por la intervención del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que retrató sin medias tintas la magnitud del cerco que enfrenta la nación y la determinación de sostener el rumbo de las transformaciones.

Díaz-Canel abrió sus palabras con un homenaje al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, diputado desde la fundación del Parlamento en 1976 y fallecido el pasado junio: la primera clausura ordinaria sin él en casi cinco décadas. Antes, la sesión había iniciado con tributo a Frank País en el 69 aniversario de su asesinato.

El grueso del discurso fue una denuncia frontal del escenario internacional: la intervención en Venezuela, el genocidio en Gaza —con cifras de la ONU de entre 75.000 y 90.000 muertos— y, sobre Cuba, el bloqueo y el cerco energético que, según el mandatario, ha dejado a la Isla con un solo buque de combustible en siete meses. Citó las órdenes ejecutivas de Washington del 29 de enero y el 1 de mayo de este año, y recordó la votación de la ONU del pasado 7 de julio: 136 países contra 11 rechazando el intento estadounidense de blindar el bloqueo del debate internacional.

Frente a ese cuadro, el mensaje central fue de continuidad: de las 176 medidas de transformación aprobadas en junio, 120 ya están listas para aplicarse, respaldadas por cinco normas jurídicas que dan seguridad legal a más de 20 de ellas. Díaz-Canel fue enfático en un punto que busca despejar dudas dentro y fuera del país:

«Estos cambios no se negocian con Estados Unidos ni buscan complacerlo; son decisión soberana de Cuba.»

La mirada adversa y el desafío de la implementación

Del otro lado, el clúster mediático adversario ya venía marcando línea antes de esta clausura. Medios como Diario de Cuba alertaron sobre la ampliación de la vigilancia policial que, a su juicio, implica la ley de identidad; 14ymedio y CiberCuba mantienen su lectura de que el paquete de 176 medidas carece de plazos y garantías reales para la propiedad privada. Es la disputa de fondo: mientras La Habana presenta el proceso como blindaje jurídico al heroísmo cotidiano del pueblo, el frente opositor insiste en llamarlo reforma cosmética.

Conclusión: del texto legislativo a la calle

Con la Asamblea cerrada, el reto pasa ahora del texto a la calle. El nuevo ministerio deberá demostrar que la unificación de criterios reduce los 88 trámites; la ley de tierras tendrá que traducirse en producción efectiva; la ley de vivienda, en soluciones reales para el déficit de más de 800.000 hogares; y el Código de Trabajo, en una mejora tangible de las condiciones laborales.

Como advirtió el propio Marrero Cruz en la jornada anterior: lo aprobado es la parte relativamente fácil; la aplicación efectiva, el seguimiento de indicadores y la corrección de desviaciones es la etapa más difícil. La segunda jornada de la ANPP dejó las herramientas. El tiempo dirá si la mano que las empuña tiene la precisión que el país reclama.