Recientemente, el subjefe de la Aduana General de la República, William Pérez González, denunció un incremento en los intentos por introducir terminales de Starlink en Cuba. Por su parte, Carlos Prieto de la Lastra, director de la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico (UPTCER), alertó que estos dispositivos, diseñados para ofrecer internet de alta velocidad mediante satélites en órbita baja, son introducidos de contrabando, a menudo camuflados en electrodomésticos o equipaje personal. Esto ha generado un ecosistema de instalaciones ilegales funcionando en el territorio nacional.
En el mercado negro actualmente los terminales Starlink se venden a precios que oscilan entre 1,300 y 1,800 dólares, equivalentes a más de 500,000 pesos cubanos. A estos costos se suman tarifas de instalación, configuración y traslado a provincias, que pueden alcanzar los 300 dólares. Para activar el servicio, se requieren tarjetas bancarias internacionales, siendo el plan itinerante de Starlink, que cuesta 165 dólares mensuales desde Estados Unidos, la opción más común, aunque algunos optan por activaciones más económicas desde países como México o Paraguay. Esto evidencia un negocio lucrativo para una red de intermediarios que operan en este entramado.
La operación ilegal de terminales en la isla está generando graves consecuencias técnicas, especialmente para la red de ETECSA. Kevin Castro Rodríguez, director adjunto de la Vicepresidencia de Operaciones de la Red, señaló que las antenas y repetidores ilegales, incluidos los de Starlink, producen interferencias que afectan al 6% de las celdas de telefonía móvil a nivel nacional y hasta el 12% en La Habana. Estas interferencias degradan la calidad de los servicios de datos y telefonía, agravando las dificultades de conectividad en un contexto de saturación de la red.
Según la UPTCER, al menos cuatro normativas estadounidenses son transgredidas en la comercialización de estos equipos hacia Cuba:
Las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), prohíben transacciones financieras con Cuba sin autorización, pero Starlink evade esta norma al procesar pagos a través de intermediarios en terceros países.
La Ley Helms-Burton castiga el uso de propiedades confiscadas tras la Revolución Cubana, por lo que instalar terminales Starlink en viviendas nacionalizadas podría exponer a SpaceX a demandas multimillonarias.
La Ley de Reforma del Control de Exportaciones clasifica los terminales como tecnología de doble uso, que requiere licencias de exportación, pero no hay evidencia de que SpaceX las haya obtenido.
Las regulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de las que Estados Unidos es signatario, exigen autorización del país donde se usa el espectro radioeléctrico, un requisito que ignoran al operar sin licencia en Cuba.
La introducción de Starlink no es fruto del azar ni de casualidades, sino la continuación de una historia de agresiones en el espectro digital, orquestadas por agencias subsidiarias de la CIA, como la USAID. Dos casos emblemáticos ilustran este patrón. Zunzuneo, un programa encubierto entre 2009 y 2012, conocido como el «Twitter cubano», que buscó crear una red social para atraer usuarios cubanos y manipularlos con contenidos subversivos que incitaran protestas y desestabilización. De manera similar, Alan Gross, un contratista de la USAID, fue detenido y procesado por introducir ilegalmente equipos de telecomunicaciones en Cuba con el objetivo de crear una red fuera del control estatal. Estas operaciones encubiertas de Estados Unidos, disfrazadas de ayuda humanitaria y libertad, parecen repetir el manual con Starlink.
En julio de 2021, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció que Washington trabajaría con el sector privado y el Congreso para garantizar un internet sin censura en Cuba, una declaración que se ha convertido en una exigencia de los sectores anticubanos más radicales de Florida. En este sentido, Ron DeSantis presionó a la Casa Blanca para emplear globos aerostáticos, un método utilizado infructuosamente por Radio y TV Martí durante décadas, para enviar internet a Cuba. Este proyecto fue desestimado por su elevado costo, aunque no se dejó de desviar parte del presupuesto. Desde entonces, se barajó como alternativa el uso de la estación Starlink de Punta Gorda, en Florida, que teóricamente tiene alcance sobre gran parte de Cuba.
En 2024, la Ley de Asignaciones Estatales, impulsada por los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, destinó 5 millones de dólares al Open Technology Fund para desarrollar tecnologías que burlen las restricciones de internet en Cuba. Además, incrementó los fondos para la Oficina de Transmisiones a Cuba, que opera Radio Martí, y asignó 43.6 millones de dólares para tecnologías que promuevan la «libertad en internet» en países como Cuba.
María Elvira Salazar, en particular, ha liderado una campaña para introducir internet satelital en Cuba, instando a Elon Musk a implementar Starlink en la isla, como lo hizo en Ucrania tras el inicio de la guerra en 2022. En una reciente reunión con Musk, designado por Donald Trump para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, Salazar afirmó que “la tecnología existe y solo falta la voluntad”.
El propio Musk había alimentado previamente la posibilidad de llegar a Cuba. En 2022, respondió con un «OK» a una pregunta en Twitter formulada por Agustín Antonetti, operador de Open Society Foundations, sobre la posibilidad de llevar su sistema satelital a la isla para garantizar un “internet libre”. Esta respuesta, aunque breve, se alinea con la no cancelación de la operatividad del terminal en un país prohibido y la ausencia de un pronunciamiento oficial de SpaceX o del gobierno estadounidense sobre la introducción de estos sistemas, lo que refuerza la percepción de que esta tolerancia forma parte de una estrategia de desestabilización.
Promover una «internet libre» desde Washington es otro capítulo de la hipocresía de ese gobierno y sus políticos, mientras mantienen la censura al acceso de los cubanos a cientos de sitios web y servicios digitales. Plataformas como Zoom, GitHub, PayPal y Cisco Webex están bloqueadas para usuarios en Cuba debido a sanciones de la OFAC, limitando su participación en la economía digital, la educación en línea y las comunicaciones globales. Además, Estados Unidos impide la conexión de Cuba a la red de cables de fibra óptica del Estrecho de Florida, lo que aumentaría sustancialmente el ancho de banda. El discurso estadounidense de “libertad” es solo una fachada para manipular, no para liberar.
En conclusión, estamos ante una nueva agresión deliberada que utiliza la tecnología como arma en una guerra híbrida. Lejos de ser un acto espontáneo, la operación de Starlink se inscribe en una estrategia donde no es un “salvavidas digital”, sino un caballo de Troya que busca abrir las puertas de Cuba a la dominación e intervención.
(Tomado de Mi Cuba por Siempre)
