En la tarde de ayer se anunció la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar a Cuba de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Se trata de una medida limitada y tardía, como catalogaron las autoridades cubanas, pero no puede negarse de que se trata de una victoria del pueblo cubano, un paso en la dirección correcta por parte de la administración norteña, y una demostración más de los legítimos reclamos de nuestro país en este sentido.
La declaración comunicaba tres medidas esenciales:
1) Excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo;
2) hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título III de la ley Helms-Burton; y
3) eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.
La inclusión de nuestro país en el arbitrario listado a acarreado, de manera histórica, devastadoras consecuencias para la economía cubana. Su impacto no solo resulta en extremo perjudicial para el comercio, sino también para las posibilidades de obtener créditos y realizar pagos de bienes e insumos imprescindibles para el desarrollo del país.
El segundo aspecto está relacionado con la posibilidad de reclamar propiedades nacionalizadas, de personas que tienen ciudadanía de los Estados Unidos a raíz del proceso revolucionario. Es válido aclarar que el gobierno de los Estados Unidos, a lo largo de seis décadas, no ha aceptado el acuerdo que tiene que ver con la posibilidad de pagar de compensar el valor de estas propiedades, cosa que sí ocurrió desde inicios de la revolución con los nacionales de todos los países cuyas propiedades fueron nacionalizadas. Además, el propio tribunal de los Estados Unidos en sentencia posterior reconoció el proceso de nacionalizaciones del gobierno revolucionario cubano como un acto legítimo de del Estado
Se trata de una decisión en la dirección correcta, en línea con el sostenido con el firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba y con el llamado de numerosos gobiernos, residentes en el exterior, organizaciones políticas, religiosas sociales, de numerosas figuras políticas dentro de los Estados Unidos.
Sin embargo, las férreas medidas de bloqueo permanecen. La política oficial del gobierno de Estados Unidos continúa basada en la hostilidad, en impedir el comercio de otras naciones con Cuba. La guerra económica y no convencional permanecen.
La decisión anunciada ayer por los Estados Unidos corrige, de forma muy restringida, aspectos de una política cruel e injusta. Es una corrección que ocurre ahora, a punto de producirse un cambio de gobierno, cuando debió haberse materializado hace años. Es evidente el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación, y el desempeño ejemplar de este país de Cuba en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de los Estados Unidos
Es cierto estamos a solo horas de un nuevo gobierno el gobierno puede revertir las decisiones que se adoptaron ayer. Esto no es nuevo, ha ocurrido en otras ocasiones, como muestra de la falta de legitimidad, ética, consistencia y razón en su conducta contra Cuba.
La Mayor de las Antillas seguirá denunciando la política de guerra económica, los programas de injerencia, las operaciones de desinformación y descrédito, financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de los Estados Unidos. Cuba también permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto, basada en el diálogo y en la no injerencia en los asuntos internos.
