Mayda Cardin era en el 2006 militante de la Junta Patriótica Cubana en Miami cuando, sin proponérselo, y gracias a un mensaje suyo a Martha Beatriz el 16 de agosto de ese año, pasa a ser la piedra angular de una trama de trasiegos financieros, mafia, terrorismo y diplomacia estadounidense, que concluye el 19 de mayo del 2008 con el revelamiento de la escandalosa conexión entre el Departamento de Estado, Santiago Álvarez Fernández Magriña y la “disidencia” en la isla: las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas Hernández, René de Jesús Gómez Manzano y el mismísimo Jorge Luis García Antúnez —amigo hoy de Boronat.
El mensaje de Mayda Cardin llevaba el demonio dentro. En dicho correo electrónico, se le informaba a Roque Cabello que la Junta Directiva de una nueva organización, nombrada Fundación Rescate Jurídico (FRJ), la había seleccionado para lavar mediática y jurídicamente el abultado expediente violento de Santiago Alvarez, quien permanecía privado de libertad y procesado en “El Paso”, por infiltrar a Posada en territorio estadounidense y por un alijo de armas de guerra, que el FBI le ocupara en una de sus propiedades en Florida. En este contexto, la FRJ contacta a Martha Beatriz a través de Mayda Cardin. Ello marca el punto de arrancada de un maratón que tuvo como meta la excarcelación del terrorista. ¿Qué necesitaba la FRJ? Testimonios de líderes opositores, que le endilgaban a Santiago Álvarez el título de luchador pacífico por la democracia en Cuba.
Estos enviaron sistemáticamente sus “avales” desde Cuba para ser presentados ante el juez y, por supuesto, fueron remunerados por la Fundación, de la cual se supo que era propiedad de Santiago Álvarez —consta en registro oficial—, entre otras empresas como la naviera, en cuyo patrimonio se encontraba El Santrina, la embarcación usada para trasladar a Posada Carriles desde Islas Mujeres a la costa sur de Estados Unidos, luego de que Mireya Moscoso liberara a este junto a otros tres terroristas, mientras cumplían prisión por el intento de atentado al Comandante en Panamá.
Como la Seguridad de Estado venía siguiendo el carácter, monto y orígenes del financiamiento a Martha Beatriz Roque —que hasta ese momento procedía de algunos directivos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y de Ángel Francisco D’Fana Serrano, de la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia— se les hizo imprescindible encubrir minuciosamente el trasiego y, con ese fin, decidieron usar a los funcionarios estadounidenses de la misión diplomática en La Habana como mulas. Lograron convencer para este vulgar rol nada más y nada menos que a la jerarquía de la SINA, desde su jefe Michael Parmly, seguido por el jefe del área de Cultura y Prensa Gregory Weingand, y Robert Blau, primer secretario Político Económico —después embajador de ese país en El Salvador, durante el gobierno del Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN)—, entre otros.
En el siguiente trabajo explicaremos cómo se desarrollaban las operaciones de trasiego de dinero y otros detalles escandalosos sobre esta conexión. El Departamento de Estado, que debe representar los intereses de su país en las relaciones diplomáticas con otras naciones, se enfrentaba a su propio sistema jurídico gestionando avales a un asesino del pueblo cubano para que evadiera y saliera ileso ante una acusación real y justa. Pero según reza el refrán: el fin justifica los medios, y el de ellos era liberar al salvador de Luis Clemente Posada Carriles, como parte de su esquema fundamental de subvertir la Revolución cubana.
Seguimos.
