En los archivos del Departamento de Justicia estadounidense yace una verdad incómoda: el «Cártel de los Soles», presentado en 2025 como una organización terrorista liderada por Nicolás Maduro, nunca existió más allá de las páginas de un expediente politizado.
Expertos lo sabían desde siempre, era un término coloquial para describir la corrupción militar vinculada al narcotráfico, no un cártel estructurado. Sin embargo, sirvió como pretexto perfecto.
Mientras Maduro permanece secuestrado en Estados Unidos, su caso se convierte en un espejo que refleja las sombras de un patrón histórico. Las consecuencias de estas mentiras no son abstractas: se ven cuerpos rotos, ciudades en ruinas y generaciones marcadas por el trauma. Y Venezuela, hoy en el ojo del huracán, podría repetir esas tragedias si no rompemos el ciclo.
La fábrica de monstruos
La narrativa que justificó la invasión militar contra Venezuela giró en torno al «Cártel de los Soles», presentado por Washington como una estructura terrorista dirigida por Maduro. La prueba de su uso como pretexto apareció tras la captura de Maduro: la acusación judicial revisada abandonó la caracterización de «organización formal».
Los expertos tienen la explicación para el cambio. La designación como estado terrorista que hace Estados Unidos de forma unilateral no tiene por qué estar justificada ante un tribunal con evidencias, pero en un juicio contra Nicolás Maduro sí.
No es la primera vez que Estados Unidos crea un pretexto para atacar a otro país más vulnerable. En 1964, un incidente naval en el Golfo de Tonkin, cuestionado y probablemente exagerado, desencadenó una guerra en Vietnam que dejó tres millones de muertos y un país en ruinas.
En 2003 fueron las «armas de destrucción masiva» de Irak. Aunque ese armamento nunca existió y Estados Unidos admitió su mentira, no fue hasta después de usarlas como excusa para una invasión que mató a más de 655.000 civiles y causó el surgimiento del Estado Islámico.
Tal vez estos casos se ven lejanos, pero Latinoamérica tampoco se ha escapado de «ser salvados» por el Tío Sam. Desde el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile (1973), orquestado con apoyo de la CIA, hasta la invasión de Panamá (1989) para capturar a Manuel Noriega (casualmente también acusado de narcotráfico), la región ha sufrido repetidamente la imposición de la «seguridad nacional» estadounidense sobre su soberanía.
¿Cómo crean el pretexto?
El proceso sigue una lógica recurrente.
Primero escogen un gobierno que desafíe su hegemonía o tenga recursos naturales de su interés para transformarlo en el «Estado villano». Después lo acusan de estar vinculados a amenazas globales como el terrorismo o el narcotráfico y catalogan a sus líderes de dictadores.
Cuando han movido la opinión popular contra ese país y sus dirigentes, llega la hora de fabricar el pretexto para una acción inmediata. Este puede ser un «ataque», las pruebas de un programa ilegal o la supuesta represión contra la población. Finalmente se crea una campaña con los grandes medios de prensa y organizaciones internacionales siguiendo la lógica de «una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad».
Así, cuando realizan el ataque, ya tienen instaurada toda una maquinaria que servirá para pintarse como los salvadores de la democracia y los derechos humanos.
Un mapa de sufrimiento
Si Venezuela sigue el mismo camino que el resto de países invadidos por Estados Unidos, su futuro se vislumbra sombrío. El costo de estas intervenciones invariablemente lo pagan los civiles. Más allá de las muertes y la destrucción material, se documenta un patrón atroz de violencia sexual como herramienta de guerra y terror.
- En Irak, tras la caída de Saddam Hussein, el caos permitió que grupos como el Estado Islámico esclavizaran sexualmente a mujeres yazidíes. Human Rights Watch documentó violaciones sistemáticas, matrimonios forzados y niños arrancados de sus madres.
- En Vietnam, soldados estadounidenses cometieron al menos 20 violaciones, incluyendo agresiones en grupo y a menores. Testimonios de veteranos describen las violaciones como un «procedimiento operativo normal».
- En Corea del Sur, durante las décadas de 1950 a 1980, el gobierno surcoreano estableció, gestionó y operó burdeles para las tropas estadounidenses. En 2025, más de cien de estas mujeres forzadas a prostituirse para soldados, demandaron al ejército estadounidense. Relataron palizas, abusos sexuales diarios y controles médicos forzosos. Además, se contabilizan al menos 11 trabajadoras sexuales asesinadas por tropas estadounidenses, entre 1960 y 2004.
- En Libia, la intervención de la OTAN en 2011 terminó con el Estado. Los mercados de esclavos resurgieron en Trípoli, donde migrantes africanos —muchos de ellos mujeres— son vendidos y violados. La ONU reportó en 2025 que el 70% de las refugiadas subsaharianas en Libia sufrieron violencia sexual.
- En Centroamérica, el apoyo estadounidense a dictaduras como la de Guatemala en los 80 legitimó masacres donde soldados violaron a mujeres indígenas para «limpiar» comunidades rebeldes. Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina aún buscan a hijos desaparecidos por regímenes financiados por Washington.
Estas no son «guerras limpias» ni «errores colaterales». La violencia sexual, en particular, ha sido un arma deliberada: un método para humillar, controlar y borrar identidades. En Vietnam, veteranos estadounidenses confesaron haber participado en violaciones colectivas como «castigo» a aldeas sospechosas de apoyar al Viet Cong. En El Salvador, en los 80, las fuerzas respaldadas por EE.UU. usaron la violación para silenciar a activistas.
¿Qué garantiza que en Venezuela no ocurra lo mismo? Cuando un ejército extranjero ocupa un territorio, las mujeres siempre son las primeras en pagar el precio.
El silencio que nos condena
Lo más escalofriante de estas historias no es solo la violencia, sino el silencio que la envuelve. Organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, han hecho la vista gorda a estos ataques durante décadas y las víctimas han permanecido como simples «daños colaterales».
Venezuela no tiene por qué repetir el destino de Irak. Pero para evitarlo, la comunidad internacional debe, por una vez, actuar con valentía ante Estados Unidos y exigir transparencia. Las acusaciones contra presidentes en funciones no pueden basarse en narrativas moldeadas por agendas políticas y la inmunidad presidencial es uno de los principios básicos del derecho internacional.
Estados Unidos no es el rey del mundo, Donald Trump no tiene derecho a meterse en los asuntos internos de ningún país.
Venezuela hoy es un espejo roto. Si no limpiamos los fragmentos, seguiremos viendo los mismos reflejos de dolor, una y otra vez. La historia no tiene por qué repetirse, pero solo si decidimos mirarla de frente.
