El gobierno de los EE.UU. seguramente ha hecho sus análisis estratégicos para tomar la decisión de desplegar fuerzas en el Caribe Sur. Sin dar vueltas al asunto, la política de presión impulsada constituye un grave error que ha demostrado ser, de facto, contraproducente, tanto para los intereses estadounidenses como para la estabilidad regional; hay miles de vidas y recursos vitales en juego.
Esta política, que persigue restaurar el control geopolítico y contener la influencia de potencias emergentes, se sustenta en la coerción, amenazas y demostraciones de fuerza, pero olvida las complejidades históricas, sociales y políticas que caracterizan el entorno.
El proceder pragmático, obviamente, adolece del conocimiento y visión política profunda, arrastrando a los EE.UU. al fracaso al promover —con el miedo— cambios estructurales en Venezuela. No solo de entusiasmo viven los políticos.
Desde 2025, la administración estadounidense ha implementado una estrategia que combina sanciones económicas, presión diplomática y despliegues militares en países del Caribe y América Latina. Esta política (aparente) intenta «frenar el narcotráfico», pero en realidad está dirigida a restringir las alianzas con China y Rusia y los avances del BRICS; del mismo modo, controlar flujos migratorios mientras fortalece la hegemonía regional, desplazando, a su vez, la influencia de los gobiernos de corte socialista. Dejando fuera de la fórmula, para no complicar el análisis por ahora, lo que todo el mundo sabe: la rapiña por el Esequibo y el control de los recursos regionales.
La posverdad (manipulación emocional de hechos fabricados por los medios de comunicación), asociada al despliegue de más de 4,000 tropas, destructores, submarinos y aviones de vigilancia, conforman una clara señal de intimidación militar, reforzada por un discurso oficial vacío, de proyección maniática y tic nervioso visible.
Definitivamente, esta política de presión genera numerosos efectos no calculados.
En primer lugar, exacerba la radicalización de la izquierda, que utiliza el discurso anti injerencista para movilizar el apoyo interno e internacional, incluyendo la llamada zona gris que no deja de ser nacionalista y bolivariana.
En Venezuela, por ejemplo, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de armar a las milicias tiene una doble significación ideológica: por una parte, cumple una función militar clara para preparar la defensa popular contra posibles intervenciones; por otra, y no menos importante, se utiliza como herramienta narrativa para promover un rechazo frontal a cualquier forma de presión extranjera.
Esta narrativa fortalece la cohesión interna del chavismo y sitúa a la oposición en una encrucijada incómoda, obligada a definirse en torno a un tema que moviliza el nacionalismo y la soberanía popular. La dinámica representa la torpeza política de Marco Rubio y la administración estadounidense, ya que solo sirve para consolidar la revolución bolivariana y bloquear cualquier posible espacio para un diálogo interno.
En segundo lugar, la presión económica y comercial afecta principalmente a la población más vulnerable sin provocar cambios estructurales. El endurecimiento de la situación deteriora la calidad de vida y genera descontento social que no se traduce en cambios políticos, sino en rechazo y desconfianza hacia el agresor.
Además, el despliegue militar y la presunta política del miedo no logran controlar las problemáticas de seguridad, montada sobre la narrativa del narcotráfico que sí tiene raíces complejas y transnacionales, y pone a todos a mirar que el principal mercado les pertenece a los norteamericanos y el flujo se ha desplazado hacia los países aliados de la potencia consumidora. Se sabe que por el Caribe se trasiega nada más un 5% de la droga, mientras que por los puertos del Pacífico pasa el resto de la nociva carga.
La pésima estrategia provoca un rechazo político creciente, que se manifiesta en esfuerzos por consolidar bloques regionales autónomos, como las iniciativas ALBATCP y CELAC, para actuar de manera unificada frente a la injerencia. Países de la región buscan diversificar sus relaciones internacionales, particularmente fortaleciendo lazos transnacionales, lo que desafía la histórica hegemonía estadounidense y da lugar a dinámicas geopolíticas más complejas.
Marco Rubio, Trump y la oposición radical en Venezuela deben saber que la política de presión basada en despliegues militares y sofisticadas sanciones económicas resulta ineficaz y contraproducente, incluso tonta. En lugar de crear condiciones de estabilidad y cooperación, fortalece la polarización; basta con leer la avalancha de análisis e intervenciones que así lo indican, en mayoría contrahegemónicas. Ignorar las raíces históricas y sociales condena al fracaso cualquier intento, y pocos le creen, aunque hayan arreciado la campaña en los medios.
Para abordar los desafíos reales que enfrenta la región, es necesario apostar por el diálogo, la cooperación multilateral, seria y objetiva, obviando las pataletas. El respeto a la soberanía y el apoyo a procesos de desarrollo sostenible e inclusivo son el verdadero camino. Solo así se podrá avanzar hacia una relación basada en respeto y estabilidad duradera.
La piratería desatada por los votos y la necesidad de aceptación del actual Secretario de Estado (ha caído un 16%), cuando menos, está condenando su propio futuro¹.
Alguien se lo debe decir.
Nota:
Este análisis se fundamenta en evidencias, datos y observaciones recientes sobre la política exterior estadounidense y su impacto en América Latina y el Caribe, así como en la dinámica interna de Venezuela y su respuesta a la política de presión de Estados Unidos.
¹ Enfrenta aproximadamente un 47% de no aceptación según la última encuesta confiable disponible.
