La decisión del Departamento de Estado de certificar a Cuba como «país que no coopera plenamente» (NFCC) en 2024, bajo el artículo 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA), se enmarca en una histórica tensión bilateral signada por la hipocresía y la manipulación. Esta vez no es diferente.
La certificación, que ahora prohíbe la venta de equipos y servicios de defensa a Cuba, se presenta como una medida antiterrorista. Sin embargo, su fundamento debe analizarse a la luz de la relación asimétrica entre ambos países y el uso recurrente de sanciones como herramienta de presión política.
Cuba ha denunciado reiteradamente la protección que EE.UU. brinda a individuos y grupos considerados terroristas, como al asesino y torturador Luis Posada Carriles (responsable del atentado a un avión cubano en 1976) y organizaciones como Alpha 66, que operaron y operan bajo nuevos formatos desde territorio estadounidense.
Estos casos evidencian un doble estándar: Mientras EE.UU. acusa a Cuba de no cooperar, ignora su propio historial de albergar a actores violentos que han atacado objetivos cubanos, mientras, no se conoce un solo acto de agresión perpetrado por Cuba a la nación norteña.
Esta incongruencia socava la legitimidad moral de la certificación, al exponerla como selectiva y politizada. Obviamente, promovida por el más anticubano de los llamados cubanoamericanos, el newdictador obsesivo y obcecado Marcos Rubio.
La inclusión de Cuba en listas responde a un patrón recurrente de uso de mecanismos legales para presionar. Estudios como los de Noam Chomsky (2016) y William LeoGrande (2015) destacan que las sanciones estadounidenses contra Cuba han sido históricamente herramientas de coerción para debilitar su sistema político, no respuestas a amenazas reales. Cuba no es una amenaza real, excepto en el plano moral y ético.
La designación carece de transparencia en sus criterios y no considera, por ejemplo, el papel de Cuba en procesos de paz regionales (Ejemplo: Diálogos entre el ELN y Colombia), lo que refleja una evaluación sesgada.
Por si fuera poco, la medida viola principios de no intervención y soberanía, consagrados en la Carta de la ONU. Al imponer sanciones unilaterales, EE.UU. prioriza sus intereses geopolíticos sobre el derecho internacional. Además, la certificación contradice la recomendación de 2023 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que instó a EE.UU. a eliminar el bloqueo por sus efectos humanitarios.
La certificación de Cuba como NFCC carece de fundamento objetivo y se inscribe en la larga lista de hostilidad contra el heroico pueblo cubano. La incoherencia de EE.UU. al proteger a actores violentos anticubanos mientras penaliza a La Habana bajo argumentos antiterroristas revela una instrumentalización del régimen internacional de seguridad.
Este caso ejemplifica cómo las potencias hegemónicas utilizan marcos legales para sancionar «disidencias ideológicas», erosionando la credibilidad de las instituciones multilaterales y perpetuando conflictos asimétricos.
Una evaluación rigurosa de este nuevo «más de lo mismo» exige desmontar la retórica antiterrorista y situar estas medidas en su contexto histórico-político real: Agresión a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
No son serios, ellos lo saben.
