En enero de 2002 comenzaron a llegar a la Base Naval de Guántanamo los primeros presos, durante la administración de George W. Bush. Se trataba de “combatientes enemigos” capturados por Estados Unidos en su cruzada de la Guerra contra el terror. Desde entonces, en franca violación de la soberanía territorial cubana y de las normas del derecho internacional, la cárcel ilegal se ha convertido en la versión moderna de un campo de concentración.
Cada una de los presidentes posteriores ha tenido algo que decir sobre el centro ilegal. Obama y Biden manifestaron su voluntad de cerrar las instalaciones, sin resultados significativos. Trump, por su parte, prometió llenarla nuevamente de “chicos malos”. Luego propuso enviar hacia allí a los convalecientes de Covid 19. De llevarse a cabo, ya hubiera sido el colmo, una gota más en la copa del sentido común, que hace ya mucho tiempo se desbordó en lo relativo a este tema.
Las historias de torturas y vejaciones a los detenidos alarman a la comunidad mundial, que ha exigido el cierre del centro penitenciario. Sin embargo, a pesar de las promesas electorales, la instalación continúa operando, con 30 reos y alrededor de unos 6000 trabajadores.
Según un comunicado divulgado por la Organización de Naciones Unidas, con los resultados de las indagaciones de un grupo de expertos independientes designado por su Consejo sobre Derechos Humanos, de alrededor de 700 personas detenidas allí en los últimos 20 años, solamente nueve han sido acusadas o condenadas por crímenes. Al menos la misma cantidad murieron tras las rejas de esa prisión, siete de ellos por suicidio y sin acusaciones formales.
Y es que, al no estar en territorio estadounidense, los confinados en Guantánamo carecen de las garantías fundamentales planteadas en la Constitución del país norteño y en la legislación internacional. Los atropellos cometidos son inaceptables “para cualquier gobierno, pero particularmente para el estadunidense, que se dice protector de los derechos humanos”, señalaron los especialistas de la ONU.
La cárcel ilegal representa un símbolo internacional de la doble moral de la política norteamericana, la hipocresía y prepotencia de un Estado que exige a todos y no rinde cuentas a nadie. Habla de la injusticia de un orden mundial donde la voluntad de la mayoría vale menos que las pretensiones de una sola nación.
Mientras Biden hace malabares con su tétrica situación doméstica, solo ha repatriado un detenido. Otros, la mayoría, no han corrido con tanta suerte. Llevan apresados casi 20 años, sin cargos ni juicios.
A pesar de ser una de las cárceles más caras del mundo, su población está enferma y envejecida. No cuentan con asistencia médica o la rehabilitación por tortura establecida en convenios globales. El “país de la libertad” asesina, reprime, mientras acusa a Cuba de violar las libertades de las personas.
“Esta rara dictadura, cuyos supuestos desaparecidos o perseguidos suelen reaparecer paseando por ciudades europeas o norteamericanas, tiene una limpia trayectoria en el tratamiento a su población penal y tiene una moral muy alta para no aceptarles acusaciones a los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo, dentro o fuera de su país, lo mismo en Vietnam que en Iraq o en el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval en Guantánamo”, declaró al respecto el presidente cubano Miguel Díaz Canel.
La cárcel en el Oriente de Cuba es una burla a las conquistas en materia de derechos y a los más altos ideales del ser humano. Pone al descubierto la falsedad del discurso político imperialista. Con tales realidades bajo el tapete, tratar de pretenderse digno es una falacia.
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