Desde sus mismos comienzos, el proceso revolucionario iniciado el 1ro de enero de 1959 tras la caída del dictador Fulgencio Batista tuvo en los Estados Unidos su principal y más férreo antagonista.
La pérdida de Cuba como colonia de nuevo tipo y el nacimiento a escasos kilómetros de sus fronteras de un gobierno nacionalista, con marcadas tendencias hacia el socialismo, no solo frustró los planes geopolíticos regionales previstos por la administración del presidente Dwight D. Einsenhower, sino que también afectó toda una estructura de influencia y dominación continental concebida como política de estado a partir de los más elementales principios del panamericanismo.
Todo ello justificó entonces el nacimiento de una política hostil hacia la Isla que trascendió el uso “formal” de la diplomacia liberal, basada en amenazas y sanciones, e, incluso, hasta la aplicación convencional de la fuerza militar. Quienes se dedicaron a buscar alternativas para derrocar lo que fue considerado como un accidente histórico imperdonable para los intereses imperialistas de EE.UU. entendieron la importancia de dañar la imagen y los valores culturales de la sociedad en formación.
De ahí que el dinero destinado durante décadas por las distintas gestiones estadounidenses para la subversión y la construcción de un movimiento opositor dentro del país se cuente por millones y roce la ridiculez. El objetivo siempre ha estado claro: mostrarnos como una nación fallida, con líderes e instituciones incapaces de representar y satisfacer las necesidades del pueblo.
Por eso, a estas alturas a nadie debiera extrañarle las distintas campañas difamatorias que corren, sobre todo, en las redes sociales con el fin de generar malestar y desconfianza en una población de por sí afectada por las carencias y privaciones diarias. Entre tantas, llama la atención la que se ha ido gestando de a poco en contra de las fuerzas armadas y del orden.
Tanto medios de comunicación como líderes de opinión contrarios al sistema político actual han insistido en construir con retóricas muy bien pensadas una sensación de inseguridad en las calles. A partir de fórmulas de probada eficacia apuntan hacia el aumento de la criminalidad y de la incompetencia de la policía y del resto de los organismos afines para revertir la situación.
No estamos hablando de negar los hechos delictivos que cada día ocurren, muchos de ellos motivados, quizás, por el complejo contexto económico que vive el país; ni mucho menos de llenar de apologías ni mostrar como infalible una estructura de vigilancia y enfrentamiento a las ilegalidades a todas luces perfectible.
Sin embargo, conviene, en primera instancia, cuestionarse cuánto de lo que se nos dice ocurre en realidad, y, luego, preguntarse el porqué de la insistencia en mostrar tanta supuesta mediocridad.
Las estadísticas hablan por sí solas, aun en un escenario desfavorable y de constante provocación hay un trabajo serio y efectivo de los distintos organismos encargados de velar por la seguridad ciudadana.
La alianza cívico-militar fraguada al calor de las luchas contra las tiranías continúa siendo hoy uno de los valores más genuinos de este proyecto de nación. Por ello, se hace necesario mantener el protagonismo del pueblo como principal aliado y fiscalizador de la actuación de los agentes del orden.
Y por supuesto que habrá mucho por cambiar y mejorar. La formación humana y profesional de nuestros militares y policías debe aparecer entre las prioridades de la máxima dirección de cada uno de los territorios y del país. Porque, lejos de avergonzarnos, habla del tipo de sociedad que pretendemos erigir.
