El bloqueo contra Cuba no solo funciona como instrumento de presión política y de desgaste económico y moral sobre la población, generando pérdidas y descapitalización en sectores clave; también se ha convertido en un rentable modelo de acumulación para determinados intereses en Estados Unidos, en particular familias históricamente acaudaladas y grupos satélites que orbitan en torno al diferendo.
¿Quiénes integran el lobby anticubano?
La clase alta política-empresarial
En el núcleo más visible del lobby anticubano duro se ubican clanes político‑empresariales que han hegemonizado durante décadas el discurso de “mano dura” y “embargo máximo” contra Cuba:
- Díaz‑Balart: Lincoln, Mario y su entorno político‑familiar, con raíces batistianas y larga trayectoria en el Congreso y la legislatura de Florida.
- Ros‑Lehtinen: Ileana Ros‑Lehtinen y su red de aliados y donantes en Miami, articulados desde los años 80 en torno al anticastrismo militante.
- Mas / Mas‑Canosa / Mas‑Santos: Jorge Mas Canosa, luego Jorge Mas Santos, y el grupo dirigente histórico de la Cuban American National Foundation (CANF) con intereses en construcción, servicios y telecomunicaciones.
- Salazar: María Elvira Salazar y el círculo de donantes y asesores que hoy integran el bloque congresional cubanoamericano más intransigente.
- Fanjul: Fanjul Corp., conglomerado azucarero y agroindustrial con fuerte influencia política y contribuciones a candidatos hostiles a cualquier flexibilización hacia Cuba.
- Bacardí: herederos de la familia Bacardí que han financiado litigios, campañas y organizaciones contra el gobierno cubano y contra inversiones extranjeras en la Isla.
- González, Montaner y otros núcleos empresariales‑mediáticos de Miami vinculados a medios, bienes raíces y servicios financieros. Apoyaron a CANF, US-Cuba Democracy PAC y campañas de Díaz-Balart, Ros-Lehtinen, Rubio y Salazar.
Los empresarios del entretenimiento
A este entramado se suma la “falange cultural”, un sector empresarial del ocio que opera en el mundo del espectáculo, la cultura, el entretenimiento y el turismo del exilio —sobre todo en Miami, Hialeah y Little Havana— y que actúa como amplificador simbólico del lobby duro.
Se trata de empresarios y promotores que, mediante conciertos, teatros, festivales, medios audiovisuales y eventos callejeros, consolidan narrativas de confrontación y rechazan cualquier vínculo cultural normalizado con la Cuba actual. Mientras tanto, canalizan recursos hacia PACs y figuras políticas a través de donaciones, patrocinios y organización de campañas y manifestaciones.
Entre sus nodos más visibles se incluyen espacios y circuitos como el Adrienne Arsht Center y el Tower Theater, así como organizadores de eventos en la Calle Ocho y el Festival de la Calle Ocho, frecuentemente vinculados a redes que reciben apoyo de CANF y patrocinadores como Bacardí. También se encuentran emisoras radiales y canales de televisión como Radio Mambí y América TeVé, donde locutores y empresarios crean audiencias y capitalizan un discurso anticastrista. Además, hay cadenas de restaurantes, bares y negocios de “turismo identitario”, como Versailles y otros, que operan como centros de cabildeo informal, recaudación de fondos y boicot a artistas provenientes de la isla.
¿Qué ganan con las sanciones a Cuba?
Cada restricción impuesta sobre Cuba abre, para este conglomerado político‑empresarial y cultural, nuevos nichos de negocio: desde los servicios migratorios y legales hasta la intermediación en vuelos, envíos y remesas, pasando por consultorías, seguros y esquemas de comercio indirecto.
Una estimación más prudente sugiere que la “industria del diferendo” y la economía asociada al conflicto bilateral podrían mover entre 1.000 y 1.700 millones de dólares anuales, distribuidos en varios segmentos.
- El lobby político y el cabildeo canalizan en torno a 10‑20 millones en donaciones electorales y contratos de influencia.
- Los servicios migratorios y legales especializados en casos de cubanos podrían generar aproximadamente 80‑150 millones.
- Las remesas y envíos de paquetes superan los mil millones anuales, pero solo una fracción se canaliza por redes ligadas directamente al lobby duro.
- Los vuelos chárter, agencias y servicios de viaje relacionados con Cuba mueven del orden de 80‑130 millones.
- Los medios de comunicación anticubanos, plataformas digitales e influencers monetizan entre 15 y 30 millones mediante publicidad y patrocinios.
- Empresas de logística y comercio paralelo capturan entre 70 y 150 millones adicionales aprovechando la escasez, las rutas indirectas y la fragmentación regulatoria.
Estas cifras pueden no ser exhaustivas, pero apuntan a una conclusión consistente: existe un ecosistema económico que se beneficia de la permanencia del conflicto, aunque no dependa exclusivamente de él.
En su conjunto, este entramado convierte la hostilidad hacia Cuba en un negocio recurrente, sostenido por la separación familiar, las restricciones de viaje y la intermediación obligada en flujos que podrían ser directos y menos costosos si no existieran el bloqueo y la legislación asociada.
Lucrar con el dolor ajeno
El sistema se reproduce porque cada nueva sanción o traba genera más demanda de servicios de mediación (legales, financieros, logísticos, mediáticos) que capturan renta de la necesidad y la vulnerabilidad del pueblo cubano. Mientras, los grandes actores políticos utilizan el tema para producir capital electoral.
Así, el diferendo no se sostiene solo por razones ideológicas o geoestratégicas: alimenta también una economía paralela que necesita que Cuba permanezca en crisis para conservar sus márgenes de ganancia y su poder de negociación dentro de la política estadounidense.
La crisis electroenergética como fuente de ingresos
Un claro ejemplo de esto es el comercio de exportación de equipos para el soporte energético (generadores diésel, paneles solares, baterías, turbinas y repuestos) desde Florida hacia Cuba ha generado ingresos estimados en 150-300 millones de dólares anuales entre 2021 y 2025. Este negocio se ha visto impulsado por la crisis eléctrica crónica de la Isla y las restricciones del bloqueo que obligan a realizar compras indirectas vía terceros países o licencias humanitarias OFAC.
Cada año se exportan entre 50,000 y 100,000 generadores portátiles (a precios de 1,000 a 3,000 USD por unidad, principalmente desde Miami hacia Panamá o México para su reenvío), además de entre 50 y 100 MW en paneles solares (con un valor FOB de 200 a 400 millones y márgenes de ganancia entre el 30% y el 50% para los distribuidores cubanoamericanos). También se consideran contratos logísticos para fueloil/gasolina que suman entre 50 y 100 millones adicionales.
Este sector beneficia directamente a empresarios del fuerte lobby en Hialeah y Doral, relacionados con Fanjul, Mas y la «falange cultural» a través de patrocinios, aprovechando las rentas de la escasez generada por el propio embargo. Sin embargo, las estadísticas oficiales del Comercio Exterior de EE. UU. subestiman el flujo paralelo en un 20% a 30% debido a las triangulaciones.
El anticomunismo como negocio
Al aplicar este modelo de «negocio político» al eje Cuba-Venezuela-Nicaragua, se observa cómo la maquinaria anticomunista, fortalecida por recientes leyes desde Florida, busca dominar el “mercado regional del odio”. Esto incluye la expansión de sanciones, campañas mediáticas y negocios relacionados. Además, se extiende a otros escenarios clave con petróleo, gas, minerales y rutas marítimas estratégicas en juego.
El resultado es una gran industria política y económica al servicio de una minoría de actores que combina la guerra ideológica con la captura de activos y rutas comerciales al más viejo estilo de corsarios y piratas, mientras pueblos enteros pagan el costo en pobreza, migración forzada y pérdida de soberanía.
Algo que no debes desconocer: en el entramado descrito, Marco Rubio juega la carta de ser el garante político del lobby anticubano. Él asegura que las sanciones se mantengan y que el conflicto siga produciendo rentas.
Su beneficio es doble: por un lado, capitaliza electoralmente el discurso de mano dura; por otro, canaliza recursos financieros y empresariales hacia su carrera política. Se integra así en la “industria del diferendo” que convierte la hostilidad hacia Cuba en un negocio recurrente.
