I Parte: El mosaico
El diferendo entre Cuba y Estados Unidos, que durante seis décadas se sostuvo sobre bases ideológicas —libertad versus socialismo, democracia versus soberanía—, ha mutado silenciosamente hacia una disputa económica de alto rendimiento. Lo que antes se presentaba como una cruzada política hoy se traduce en una red de intereses financieros que opera desde Florida, donde el lobby cubanoamericano ha convertido la crisis cubana en un mercado rentable: el mercado de las necesidades.
Este ecosistema se alimenta del recrudecimiento de las sanciones impulsadas por la Administración Trump, que restringen las operaciones estatales cubanas y abren espacio para intermediarios privados. En ese vacío, empresarios vinculados al exilio han levantado compañías de paquetería, importadoras de alimentos, plataformas de trámites y negocios de envío de remesas que lucran con la escasez. Lo que se vende no es solo mercancía: se vende supervivencia.
Las cifras son elocuentes. En 2024, las exportaciones estadounidenses a Cuba superaron los 586 millones de dólares, dominadas por productos de primera necesidad: pollo, soya y maíz, que representaron más del 90% del total. La Unión Europea y Brasil aportan otro tercio de alimentos y combustibles, mientras que empresas privadas cubanas y cubanoamericanas —algunas registradas en Miami, otras en La Habana bajo la figura de MIPYMES— canalizan importaciones de electrodomésticos, alimentos y combustibles, muchas veces a través de intermediarios europeos y brasileños.
El déficit comercial de Cuba en 2022 fue de más de 7.600 millones de dólares, lo que refleja la dependencia de estas importaciones. En paralelo, plataformas como Bizcaribe conectan proveedores internacionales con Cuba, ofreciendo discreción y pagos seguros, mientras que las paqueterías privadas se multiplican, pese a las denuncias de fraudes y adulteración de envíos.
El Banco Central de Cuba ha autorizado el uso de criptomonedas para pagos internacionales, lo que permite a estas nuevas empresas sortear las sanciones y operar en un circuito financiero paralelo. En ese espacio emergen nombres como Dofleini, La Meknica, Pasarela Digital SURL o Productos Sanitarios S.A. Prosa, que representan, sin vueltas, el germen de una élite tecnológica-financiera dentro de la isla. Estas compañías, junto con MIPYMES de paquetería y comercio digital, se apoyan en remesas y activos virtuales para consolidar un poder económico flexible y difícil de rastrear. La ecuación es clara: mientras el Estado depende de inversión extranjera y deuda externa, estas empresas privadas se financian con criptos y remesas, lo que les otorga ventaja en tiempos de crisis.
El lobby cubanoamericano, encabezado por figuras históricas de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), ha logrado que el embargo se mantenga como instrumento político y económico. Su influencia en el Congreso y el gabinete de Trump garantiza que las restricciones no se relajen, creando un entorno donde los empresarios del exilio pueden operar bajo el discurso de “ayuda humanitaria” mientras obtienen márgenes de ganancia superiores al 30%.
La legitimación política de este mercado se construye sobre una paradoja: se condena al Estado cubano por su control económico, pero se permite que un grupo de empresarios privados controle el acceso a bienes esenciales. En la práctica, el lobby ha transformado el diferendo en una economía de presión, donde la escasez es el combustible del negocio.
Frente a este entramado, GAESA —el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas— actúa como el principal competidor interno. Controla el turismo, la banca, la energía y el comercio exterior, y representa la última muralla del Estado ante la recolonización económica. Sin embargo, las sanciones lo han debilitado, reduciendo su capacidad de importar y de mantener liquidez internacional. El lobby cubanoamericano busca precisamente eso: debilitar a GAESA para abrir espacio a una nueva clase empresarial que, bajo el manto de la “libertad económica”, podría convertirse en una casta político-empresarial con poder real sobre la economía cubana. La estrategia es clara: sanciones que generan escasez, lobby que legitima el negocio, empresas privadas que lucran con la crisis y GAESA como el muro de contención que resiste.
El turismo y la minería siguen siendo los pilares macroeconómicos del país, con ingresos superiores a los 8 mil millones de dólares anuales, según registros más cercanos a la realidad. Pero el mercado paralelo, aunque menor en volumen, es más rentable en márgenes. Su estructura ligera, su acceso a criptomonedas y su vínculo con remesas le otorgan una flexibilidad que el Estado no puede igualar. La ecuación es simple: a mayor crisis, mayor ganancia privada. Y mientras la población se hunde en la precariedad, los intermediarios del exilio consolidan su poder económico y político. El pueblo cubano se convierte en cliente cautivo de un sistema que vende supervivencia a precio de oro.
El “mercado de las necesidades” no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una estrategia deliberada. Las sanciones, el lobby y la crisis se combinan para crear un sistema donde la miseria se convierte en mercancía y la política en negocio. LO cierto es que el diferendo Cuba–EE.UU. ya no se libra en los discursos ni en los foros diplomáticos, sino en los balances contables de empresas que venden esperanza a precio inflado.
Lo que se esconde detrás de este mercado es una mutación profunda que va de la confrontación ideológica a la colonización económica. Y en esa mutación, el pueblo cubano sigue siendo el cliente cautivo de una guerra que cambió de rostro, pero no de propósito.
II Parte: La fruta madura
Durante décadas, Donald Trump mostró interés en invertir en Cuba, incluso cuando el embargo lo prohibía. En los años noventa, su empresa Trump Hotels & Casino Resorts envió delegaciones exploratorias a La Habana para evaluar oportunidades en turismo y construcción. Según documentos publicados por Newsweek en 2016, la compañía pagó alrededor de 68.000 dólares a consultores para estudiar cómo operar en la isla si el embargo se levantaba. Además, Trump registró marcas comerciales en Cuba —relacionadas con hoteles, campos de golf y servicios financieros— como parte de una estrategia preventiva para posicionarse en un eventual escenario de apertura. Es decir, su interés económico precede a su discurso político.
Por otro lado, Marco Rubio, senador por Florida, se convirtió en el principal articulador del lobby cubanoamericano dentro del Partido Republicano. Su influencia fue decisiva en la formulación de la política hacia Cuba durante la administración Trump. Rubio no solo defendió el endurecimiento del embargo y la reversión de las medidas de Obama, sino que también mantuvo vínculos con empresarios del exilio que se benefician de las restricciones: compañías de paquetería, remesas y servicios migratorios que operan entre Miami y La Habana. En términos políticos, Rubio representa la legitimación ideológica del negocio: convierte la presión económica en discurso moral.
La conexión entre ambos —Trump y Rubio— se sostiene en una alianza de conveniencia. Trump necesitaba el voto cubanoamericano en Florida, un estado clave para su estrategia electoral, y Rubio ofrecía el aparato político y simbólico para garantizarlo. A cambio, Rubio consolidaba su liderazgo dentro del partido y su influencia sobre la política hacia Cuba. En ese pacto, el diferendo se transformó en plataforma económica y electoral: las sanciones se mantuvieron no solo por razones ideológicas, sino porque beneficiaban a sectores empresariales del exilio y reforzaban la narrativa de “mano dura” que ambos compartían.
En resumen, los vínculos entre Trump y Rubio son económicos, políticos y simbólicos. Económicos, porque Trump buscó históricamente oportunidades de inversión en Cuba y su entorno empresarial se beneficia del bloqueo indirectamente; políticos, porque Rubio canaliza el poder del lobby cubanoamericano dentro del Congreso; y simbólicos, porque ambos usan el discurso sobre Cuba como herramienta de legitimación ante su base electoral.
Este triángulo —Trump, Rubio y el lobby de Florida— es el eje que sostiene el actual “mercado de las necesidades”: un sistema donde la política se convierte en negocio y la crisis cubana en oportunidad de rentabilidad.
