El asesinato de Geraldo Lunas: el «suicidio» causado por la asfixia de un agente de ICE
La versión oficial del gobierno de Estados Unidos fue, una vez más, un intento de enterrar la verdad junto con el cuerpo. Pero la autopsia habla más fuerte que los comunicados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Geraldo Lunas Campos, un cubano de 55 años, padre de cuatro hijos, no se suicidó en una celda de aislamiento en Texas. Fue asesinado.
El informe forense del condado de El Paso, divulgado esta semana, es estremecedor pero concluyente: la muerte de Lunas, el 3 de enero en el centro de detención Camp East Montana, fue un homicidio por asfixia.
El médico forense determinó que murió debido a la compresión del cuello y el torso, y su cuerpo presentaba hemorragias en el cuello y pequeñas manchas de sangre (petequias) en los párpados, un sello inequívoco de la asfixia. Tal y como reportó The Associated Press, el Dr. Adam González concluyó que la causa fue la inmovilización física por parte de las fuerzas del orden.
¿Qué cuentan los testigos?
Irelio A. Rodríguez, cubano que se encontraba junto a Lunas Campos en el centro de detención en Montana, le contó a Razones de Cuba la razón detrás de la brutalidad criminal que llevó a su asesinato. Resulta que cometió el grave delito de pedir sus medicamentos, los cuales hacía cuatro días que le negaban.
Según declaró a la AP Santos Jesús Flores, un detenido salvadoreño que presenció el hecho, Lunas fue esposado y derribado al suelo por al menos cinco guardias.
Mientras lo inmovilizaban boca abajo, uno de ellos le rodeó el cuello con el brazo y apretó. Apretó hasta que el cubano, que había entrado legalmente a EEUU en 1996 y vivía en Rochester desde hacía dos décadas, dejó de respirar. Sus últimas palabras, un eco desgarrador: «No puedo respirar».
La escena evoca, inevitablemente, el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Allí también una rodilla en el cuello, también un «no puedo respirar», también una autopsia que habló de homicidio. La historia, lejos de ser una lección aprendida, se repite en los centros de detención migratoria que el actual gobierno ha expandido con furia.
La diferencia es que Lunas no estaba en una calle de Estados Unidos, sino en una de las enormes instalaciones gestionadas por un contratista privado, dentro de una base militar, donde el acceso a la justicia es aún más difuso y la opacidad, la norma.
Tratar de cubrir la verdad
Frente a esta crudeza, emerge la hipocresía sistémica. El gobierno de Estados Unidos, que se erige en juez global de la democracia y los derechos humanos y que sanciona a Cuba por supuestamente violarlos, no dudó en manipular la muerte de Lunas Campos desde el primer momento.
El 9 de enero, el ICE emitió un comunicado laxo hablando de un detenido conflictivo. Cuando la prensa comenzó a presionar, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, cambió el guion y lo presentó como un intento de suicidio: «Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y siguió intentando quitarse la vida», afirmaron, justificando el forcejeo como un acto de salvamento.
La autopsia lo desmiente. No hay mención a un intento de suicidio. Lo que hay son signos de lucha, abrasiones en pecho y rodillas, y un cuello comprimido hasta la muerte.
La estrategia es tan vieja como la impunidad: si el detenido es un «delincuente» (Lunas tenía antecedentes por los que cumplió condena), su muerte importa menos; si se puede vestir como un «suicidio», la responsabilidad penal de los agentes se diluye. Pero la realidad, certificada por el forense, es tozuda: fue un homicidio a manos de agentes federales.
No es la primera vez que algo así ocurre
Este caso no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de una oleada represiva que vive el migrante en Estados Unidos. Camp East Montana, el centro de 1,200 millones de dólares donde murió Lunas, es el símbolo de esta era.
Fue construido a toda prisa en el desierto, operado por una empresa fantasma, y con al menos otros dos fallecidos en circunstancias sospechosas, como el nicaragüense Víctor Manuel Díaz. Las recientes protestas en varias ciudades del país contra las redadas masivas y las condiciones inhumanas de detención encuentran en el cuerpo de Lunas una razón de peso para la indignación.
Mientras tanto, la familia del cubano, su compañera Jeanette Pagan y sus hijos, clama justicia desde Rochester. Han tenido que recurrir a la Justicia federal para impedir la deportación de los dos testigos presenciales, a quienes el ICE también quiere silenciar expulsándolos del país. Han tenido que recaudar fondos por su cuenta para repatriar el cuerpo, porque el ICE solo ofrecía cremación «gratuita» para borrar las evidencias.
La hipocresía de los políticos cubanoamericanos
¿Dónde está la condena de los que tanto se llenan la boca con los derechos humanos en Cuba? Mientras el gobierno de Estados Unidos acusa a la Isla de falta de libertades y la asfixia con un bloqueo que pretende ahogar a su pueblo, dentro de sus propias fronteras, un cubano fue asfixiado literalmente por agentes que juraron «proteger».
¿Dónde están las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, de los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez? ¿Por qué la familia del cubano asesinado no recibe el apoyo político de quienes juran ser hijos de su misma tierra?
Supongo que su imagen política se favorece más cuando defienden a las “víctimas del comunismo” o los “presos políticos” que si defendieran los derechos de un cubano asesinado por ICE.
La contradicción es grotesca. No hay título III ni declaración de patrocinador del terrorismo que opaque esta verdad: en una celda de Texas, bajo custodia del ICE, a un cubano le robaron la vida y después intentaron robarle la historia, mintiendo sobre su muerte. La hipocresía tiene nombre y tiene un expediente forense que lo señala.
