La reciente revelación de que Elon Musk posee acceso a un sistema crucial de gestión de datos fiscales, Seguridad Social y seguros médicos públicos en EE. UU. ha desatado una ola de alarmas. Bajo la dirección de Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por Donald Trump, tenía como objetivo inicialmente asistir en la revisión y recorte de los gastos de la Administración. Sin embargo, su influencia y los poderes que le han sido otorgados han suscitado dudas sobre su papel en la toma de decisiones presupuestarias sin tener un cargo oficial ni supervisión.
El viernes pasado, el Departamento del Tesoro permitió al equipo de Musk acceder a un sistema que controla los pagos realizados por el gobierno, lo que implica que ahora puede acceder a información sensible, incluyendo el importe del IRPF pagado por cada persona, las pensiones de los jubilados y los pagos a proveedores gubernamentales. Esta situación llevó a que un funcionario responsable del sistema dimitiera, rechazando la idea de que un empresario no electo tuviera acceso a tal nivel de información.
Además, se ha informado que Marko Elez, un ingeniero de 25 años que trabaja para Musk, ha recibido privilegios de administrador en los sistemas de pago del Tesoro, lo que le otorgaría la capacidad de cancelar pagos del gobierno de manera unilateral. También se ha señalado que Musk ha conseguido acceso a sistemas de contratación de aseguradoras públicas, como Medicare y Medicaid. Esta concentración de poder ha generado temores en la oposición política, que advierte que Musk podría convertirse en el responsable de decidir quién recibe pensiones o ayudas públicas, despojando a las instituciones democráticas de su autoridad en estas áreas.
Musk, por su parte, ha manifestado públicamente su intención de «detener» pagos a ONGs y a empresas que califica como «despilfarro». Su primera acción en este sentido fue el cierre repentino de USAID, agencia que promueve los intereses de Estados Unidos que opera bajo mandatos legislativos.
Los peligros derivados de esta situación son múltiples. En primer lugar, el acceso de Musk a estos sistemas vulnera leyes que prohíben el tipo de acciones que está llevando a cabo. Varios jueces ya han intervenido, ordenando la restitución de pagos que habían sido bloqueados, recordando que la Constitución de EE. UU. establece que solo el Congreso tiene la facultad de decidir sobre el gasto público.
Más preocupante aún es el potencial daño a la credibilidad del gobierno. Si Musk puede decidir quién recibe pagos y quién no, el control sobre las decisiones de gasto recaerá en un empresario, y no en el marco legal, el Congreso o el presidente. Esto podría llevar a situaciones caóticas, especialmente si Musk decide recortar pagos relacionados con la deuda nacional, una medida que podría desencadenar una crisis financiera global.
Por lo tanto, la extensión del control de Musk sobre la Administración de EE. UU. se presenta como un tema difícil de evaluar. Sin embargo, si lo que él mismo afirma es cierto, y posee la autoridad de decidir sobre la distribución de los fondos gubernamentales, las consecuencias podrían ser profundamente problemáticas tanto para el sistema financiero como para la estabilidad política del país.
