Luego de meses de incremento de la violencia israelí en los territorios palestinos ocupados y de que las Naciones Unidas declararan, a inicios de este año, que el pasado 2022 fue el período más mortífero para Palestina desde la Guerra de los Seis Días en 1967, representantes de ambos gobiernos llegaron una vez más a una mesa de diálogo en Jordania, en busca de la “supuesta solución pacífica” de esta guerra.
La ciudad jordana de Aqaba acogió el pasado 26 de febrero una reunión entre funcionarios de las dos partes enraizadas en el conflicto, que lleva más de 74 años, quienes se comprometieron a trabajar para reactivar los esfuerzos con el fin de alcanzar un acuerdo de «paz justa y duradera».
No obstante, como en múltiples ocasiones anteriores, poco o nada podrá conseguirse a ciencia cierta esta vez, pues la división de intereses también al interior de ambos gobiernos, juega en contra de una verdadera conclusión del problema.
En ese sentido, el Gobierno sionista de Benjamin Netanyahu se comprometió a dejar de «discutir el establecimiento de nuevas unidades de asentamientos durante cuatro meses y a dejar de aprobar nuevos asentamientos durante seis meses», medida que, de cumplirse, frenaría la expansión colonial israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Sin embargo, tras este anuncio, el propio ministro de Finanzas de Tel Aviv, Bezalel Smotrich, respondió desde su cuenta oficial en Twitter que no se congelarán dichos asentamientos en sitios que los palestinos reclaman como propios, los que han constituido un gran obstáculo para eventuales diálogos de paz entre las partes.
Se trata, además, de una cuestionada política israelí de larga data y una violación flagrante al Derecho Internacional, como describe la ONU.
Del otro lado de la balanza están los palestinos, divididos a su vez en los seguidores del Movimiento Hamas y los partidarios de Al-Fatah, diferencia que además condiciona el funcionamiento del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y el propio fraccionamiento del territorio árabe (el primero controla la Franja de Gaza y el segundo a Cisjordania), lo cual además impide llegar a un acuerdo interno que se refleje en la solución externa del conflicto árabe-israelí.
Y es que las maneras de actuar de ambas facciones palestinas en defensa de su causa, han condicionado además la postura de la comunidad internacional con respecto a la misma.
Si bien la mayoría de los países simpatiza con la postura del pueblo palestino y la defensa de su soberanía como Estado independiente, no es menos cierto que los métodos de lucha de Hamas, que incluyen ataques terroristas incluso en territorios extranjeros, despiertan la alarma de otros gobiernos, sobre todo europeos.
En contraparte, Al-Fatah, sin deponer las armas, reconoce a Israel como nación y pretende solucionar la guerra desde la palabra, estrategia que tampoco ha conseguido el fin deseado, por las continuas violaciones de los acuerdos establecidos, tanto por esas múltiples fuerzas que conforman el gobierno judío de Netanyahu, como por las propias divisiones internas del lado árabe.
A todo esto, se suma que recientemente fuerzas poderosas del ultraderechista gobierno sionista, promovieron en el Parlamento la aprobación de una ley que dé “carta blanca” a las autoridades israelíes para defender al país de aquellos ciudadanos árabes que sean catalogados como “terroristas”, y ya sabemos, por experiencia histórica, que para el mundo occidental ser musulmán y ser terrorista es prácticamente lo mismo.
Entonces, otra vez, poco o nada podrá hacerse para llevar a término una guerra que ha sobrepasado su origen étnico y religioso, para convertirse en una batalla de poderes económicos y políticos que mantiene al mundo dividido en dos bandos: por un lado Washington y la Unión Europea reiteran su apoyo irrestricto al régimen sionista, marcado por intereses de dominación en una zona clave para el dominio de recursos energéticos y naturales millonarios y por el otro, como es lógico, la comunidad árabe alza su voz en favor de sus hermanos palestinos, en defensa a su vez, de la seguridad de sus propias fronteras nacionales, no ajenas a agresiones y amenazas.
A más de cinco décadas después del triunfo israelí de 1967, momento que marcó el recrudecimiento de las acciones sionistas contra el pueblo árabe, las más de 170 víctimas mortales del pasado año engrosan ya la triste lista de dolor que incluye a unos 300 mil palestinos refugiados en otros países, sobre todo Siria y el Líbano, a los más de 140 menores presos en cárceles israelíes, a los más de 700 mil niños sometidos a la destrucción de sus familias y hogares y a los más de dos mil pequeños asesinados.
Con estos datos alarmantes, a los que se suman los más de 60 palestinos y una decena de israelíes fallecidos en lo que va de este 2023, no resulta equivocado augurar que el conflicto israelo-palestino sobrepasará a varias generaciones para, quizás, en algún momento alcanzar un consenso justo entre ambos territorios.
