Las elecciones presidenciales en Honduras, celebradas el 30 de noviembre, se han convertido en un escenario de alta tensión donde las acusaciones de fraude masivo, presión externa descarada y un doble rasero internacional pintan un cuadro preocupante para la democracia en la región. Con un recuento paralizado y un candidato respaldado por Washington acusado de ser una «mampara» para un expresidente condenado por narcotráfico, el proceso revela la continuidad de un manual histórico de injerencia.
Un fraude con manual antiguo y patrocinio nuevo
El candidato opositor Salvador Nasralla y el magistrado Marlon Ochoa han denunciado un patrón fraudulento idéntico al que llevó a la cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández en 2017. Las inconsistencias se repiten: miles de actas sin contabilizar, problemas de software y resultados idénticos en los mismos departamentos. La diferencia clave ahora es el patrocinio explícito de la administración Trump, que condicionó su apoyo económico a Honduras a la victoria de su candidato, Nasry «Tito» Asfura.
- Presión económica directa: Días antes de los comicios, una campaña en redes sociales financiada desde EE.UU. amenazó con cortar las remesas de 35 millones de dólares diarios si Asfura perdía. Dado que el 90% del arroz y el 70% del maíz que consume Honduras viene del comercio con EE.UU., esta es una coerción económica pura.
- Castigo a los denunciantes: La respuesta a las acusaciones de fraude no fue investigar, sino sancionar. Al magistrado Ochoa le fue revocada la visa estadounidense por «obstaculizar» el proceso. Marco Rubio amenazó con «medidas apropiadas» contra quienes pidieran transparencia.
La OEA y el doble rasero: silencio en Honduras, estruendo en Venezuela
La Organización de Estados Americanos (OEA), que en 2017 recomendó repetir las elecciones en Honduras por irregularidades, ahora declaró que no ve «elementos fraudulentos determinantes», validando unos resultados aún no oficiales. Este giro es emblemático de un doble estándar geopolítico:
- Caso Venezuela (2024): La comunidad internacional, liderada por EE.UU. y la UE, rechazó de plano los resultados que dieron la victoria a Nicolás Maduro, exigiendo auditorías y desconociendo la legitimidad del proceso, a pesar de la presencia de observadores internacionales.
- Caso Honduras (2025): Ante denuncias específicas y un recuento paralizado, la misma OEA y los gobiernos occidentales guardan silencio o validan la «normalidad», presionando para que se proclame al candidato afín a Washington.
Esta divergencia no se explica por principios democráticos, sino por alineamiento político. El objetivo es claro: evitar a toda costa que continúe un gobierno como el de Xiomara Castro, cuyo programa social (alfabetización, electrificación, generación de empleo) es descalificado como «comunista».
La continuidad de un patrón histórico: de Guatemala (1954) a Honduras (2025)
Lo que ocurre en Honduras no es excepcional; es la actualización de un manual de intervención perfeccionado durante décadas:
- Creación del pretexto (1954, Guatemala): Se acusó al gobierno democrático de Jacobo Arbenz de ser «comunista» para justificar el golpe de la CIA, en defensa de los intereses de la United Fruit Company.
- Golpe militar e imposición neoliberal (1973, Chile): La CIA trabajó para «crear el clima» para el golpe contra Salvador Allende, instalando la dictadura de Pinochet para imponer un modelo económico radical.
- Golpes blandos y lawfare (2009, Honduras; 2016, Brasil; 2019, Bolivia): Se perfeccionaron mecanismos «institucionales» o judiciales para derrocar o impedir gobiernos progresistas.
- Asedio económico y mediático (Cuba, Venezuela, Nicaragua): Se emplean sanciones y campañas de desprestigio para generar malestar y deslegitimar.
En Honduras, todos estos elementos convergen: presión económica (amenaza con remesas), guerra mediática (3 millones de mensajes), aval institucional (OEA), y un candidato vinculado al viejo régimen (Asfura como puente para el indultado JOH).
Consecuencias: ¿Hacia una nueva crisis de legitimidad?
El peligro inmediato es que Honduras quede gobernado por una administración sin legitimidad popular, profundamente dependiente de Washington y posiblemente bajo la sombra de Juan Orlando Hernández. Esto generaría inestabilidad y represión ante la protesta social.
A nivel regional, el mensaje es claro: la voluntad popular solo es respetada si coincide con los intereses estratégicos de Washington. Este episodio debilita aún más la ya frágil credibilidad de los organismos interamericanos y alimenta la narrativa de que la «democracia» es un instrumento selectivo de poder.
Como bien advirtió José Martí, quien se apoya en poderes extranjeros en contra de su pueblo, tarde o temprano cae. La pregunta para Honduras es cuánto dolor social y político deberá sufrir antes de que esa sacudida popular, hoy ignorada por los cómputos electorales, se haga sentir de manera incontestable.
Con información de El Heraldo Cubano
