EE.UU. acusa al gobierno cubano de la crisis energética mientras persigue la entrada de combustibles a Cuba
Con un cinismo que sobrepasa los límites de lo insultante, la «Embajada» de Estados Unidos en Cuba tuvo la osadía de declarar que el gobierno cubano, por su “mala gestión” y la supuesta “corrupción” de sus funcionarios, es el único responsable de la crisis energética que hoy sufre Cuba. Una declaración que no solo distorsiona la realidad, sino que pretende enmascarar el papel central de EE.UU. en la asfixia energética de Cuba ejecutada a través de un bloqueo económico, comercial y financiero.
El bloqueo no es una mera sanción; es una guerra diseñada para deprimir cada vez más las condiciones de vida en Cuba. Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, las afectaciones al sector energético y minero alcanzaron los 388 millones 239 mil 830 dólares, según el informe oficial de Cuba a la ONU. Estas pérdidas se traducen en la imposibilidad de adquirir combustibles, repuestos y tecnologías esenciales para el sistema electroenergético nacional. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) lucha contra un cerco que impide el mantenimiento de sus termoeléctricas, con 13 de las 15 unidades generadoras fuera de su ciclo de mantenimiento, lo que ha disparado las averías y el consumo de combustible en 319 mil toneladas adicionales en 2023, con un costo de 127 millones 800 mil dólares.
Un ejemplo flagrante es el caso de la Central Termoeléctrica Ernesto Che Guevara, de Santa Cruz del Norte en la provincia de Mayabeque, que en enero de 2024 no pudo recibir piezas de repuesto contactadas con la fábrica italiana Termomeccanica, por esta haber sido adquirida por la empresa estadounidense Trillium. Asimismo, la firma Accelleron, heredera de ABB Turbocharging, se niega a suministrar turbocargadores a Cuba para cumplir con las sanciones estadounidenses, dejando a la UNE sin acceso a tecnologías clave. Pero estas no son fallas de “mala gestión” cubana, como miente la Embajada de EE.UU., sino consecuencias directas de una política de hostigamiento que sabotea la infraestructura energética de un país soberano.
La Embajada de EE.UU. calla sobre la persecución sistemática a buques y empresas que intentan abastecer de combustible a Cuba, una táctica, no aplicada con anterioridad. Desde 2019, EE.UU. ha sancionado a 53 embarcaciones y 27 compañías, aplicando coerción extraterritorial a navieras, aseguradoras, reaseguradoras y bancos que osen comerciar con la isla. Esta cacería ha generado un efecto dominó: el miedo a sanciones ha disuadido a proveedores internacionales, encareciendo los costos y limitando el acceso al combustible necesario para la generación eléctrica.
El resultado es devastador. La salida de la patana turca Suheyla Sultan, que generaba más de 200 megavatios, se debió a impagos como se informó oportunamente, pero no por “corrupción” como acusa la Embajada, sino por las restricciones financieras impuestas por el bloqueo. Las cartas de crédito irrevocables y confirmadas, exigidas para importar combustibles, dependen de un solo banco con capacidad limitada, lo que dificulta cubrir los costos de los cargamentos mensuales. Esta asfixia financiera es un acto deliberado para privar a Cuba de energía, afectando directamente a la población.
Mientras la Embajada de EE.UU. apunta al gobierno cubano, el verdadero blanco de su política de asedio es el pueblo. Los apagones prolongados, que se intensifican en los meses de verano, han dejado a los cubanos sin agua potable, refrigeración ni cocción de alimentos, generando “estrés, agotamiento emocional y angustia”. La persecución financiera ha limitado el acceso a créditos para reparar termoeléctricas, y la falta de su mantenimiento ha llevado al colapso de unidades generadoras, exacerbando la crisis.
La declaración no solo es falsa, sino profundamente inmoral. El acto de acusar al gobierno cubano de “robar” y no pagar sus cuentas, omite que el bloqueo ha generado pérdidas acumuladas de miles de millones de dólares, durante décadas de aplicación. No es un castigo al gobierno, sino un ataque directo al pueblo, un castigo masivo, un crimen sancionado por los estatutos del derecho internacional.
EE.UU. acusa a su víctima de no querer respirar luego de atarle una roca a las piernas y lanzarla al fondo del mar. Mientras Washington señala con el dedo, sus sanciones y persecuciones son las que apagan las luces en los hogares cubanos, detienen la producción y agravan el sufrimiento. Pero de eso no hablan, porque la mentira y la crueldad conforman la estrategia que define su forma de actuar ante el mundo.
