Canciller peruana reconoce origen no criminal de las protestas

La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, reconoció este jueves que el Gobierno de Dina Boluarte no cuenta con evidencia de que las manifestaciones que sacuden por casi dos meses el país andino sean impulsadas por grupos criminales, como insiste la presidenta designada, Dina Boluarte.
De esta forma, la canciller contradijo a la presidenta designada respecto al origen de las protestas que convulsionan al país desde la destitución exprés del presidente Pedro Castillo en diciembre pasado, las cuales han sido fuertemente reprimidas por el Estado.
La presidenta designada Dina Boluarte ha insistido varias veces que los manifestantes están organizados por grupos de narcotraficantes, la industria de la minería ilegal y ha llegado a decir que también por activistas políticos con sede en Bolivia.
A pesar de su reconocimiento, Gervasi insistió en que se «hallarían las pruebas» que muestran los vínculos de los manifestantes con grupos criminales. No explicó cómo hallarían tales pruebas.
Hace una semana, en el préambulo de una gran manifestación en la capital, Lima, la presidenta designada Boluarte dijo: “Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales”, quienes contarían con una agenda “basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando”.
En adición, este jueves, Boluarte dijo que su «renuncia no está en juego. Yo sé que hay un grupo mínimo que está generando la violencia y caos que, a manera de chantaje, solicita mi renuncia. Nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político y anárquico que quiere llevar al país a la crisis”.
Miles de peruanos han salido a las calles de las principales ciudades del país para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones y también de una Asamblea Constituyente, asuntos rechazados todos por el Legislativo.
En el medio de la represión, cerca de 60 personas han perdido la vida debido a la respuesta de las fuerzas de seguridad, cuestión que la propia Gervasi ha matizado para remarcar que el Gobierno en ningún caso dio órdenes a la Policía o al Ejército para disparar a manifestantes.