Cuba consolida su nuevo mapa económico: 171 reformas con base jurídica y un Estado reducido a 20 ministerios
A tres meses de la aprobación de las 176 Transformaciones, el país entra en una fase de consolidación normativa. La reorganización del Ejecutivo, la apertura del sector petrolero y una nueva Ley de Vivienda marcan la agenda de octubre y noviembre.
Cuando se cumplen tres meses desde que la Asamblea Nacional aprobara el paquete de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, el proceso ha dejado de ser un conjunto de anuncios para convertirse en un entramado jurídico en plena ebullición. Al cierre de octubre, 171 de las 176 transformaciones ya contaban con sus bases jurídicas completas, respaldadas por 215 normas aprobadas. Solo resta culminar los procedimientos de cinco de ellas —las que el propio presidente Miguel Díaz-Canel calificó como «las más polémicas»—, pero los equipos ya trabajan en las normas que las asegurarán.
«En tres meses tenemos 215 normas jurídicas», reiteró el mandatario durante un ejercicio de entrenamiento con directivos empresariales, donde subrayó que lo que decidirá el rumbo de las transformaciones «será la actitud de los cuadros, su disposición a liderar el cambio con preparación, con responsabilidad social, con participación de los trabajadores y con firmeza ideológica». Díaz-Canel fue enfático al señalar que la empresa estatal socialista «no es un actor residual ni un apéndice del aparato administrativo, sino que es el sujeto principal de la economía nacional».
Un Estado más compacto: la Ley 186 y los 20 ministerios
El cambio institucional más visible llegó el 2 de noviembre con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley 186 «De Organización de la Administración Central del Estado». La norma, aprobada por la ANPP, reordena, redimensiona y perfecciona el aparato ejecutivo, que queda integrado por 20 ministerios.
Entre las nuevas estructuras destacan el Ministerio de Agricultura y Alimentación, el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación y el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos. La ley también incluye al Banco Central de Cuba y establece un plazo de hasta un año para ejecutar los movimientos organizativos y el traspaso de recursos humanos, materiales y financieros.
La norma responde a la necesidad de «lograr una mayor eficacia en la función administrativa» y fija principios como el interés público, la eficacia, la eficiencia y el servicio a los intereses generales. Con esta reorganización, el Ejecutivo cubano busca reducir la burocracia y ganar agilidad en la implementación de las reformas, un reclamo que ha atravesado todo el proceso de transformaciones.
Petróleo y gas: la concesión como nueva puerta a la inversión
El Decreto-Ley 135/2026 «De Petróleo y Gas», publicado el 12 de octubre y vigente desde el 19, introdujo la concesión petrolera como una alternativa a los contratos de producción compartida. La norma amplía las modalidades de participación para inversionistas extranjeros y actores económicos nacionales, incluyendo mipymes, empresas privadas de más de 100 trabajadores y trabajadores por cuenta propia.
La concesión tiene una duración de hasta 30 años, prorrogables por 10 más, y en ella la exploración y producción se realizan a cargo y riesgo del inversor. Irenaldo Pérez, director adjunto de Cupet, precisó que la legislación permite adaptar los esquemas de participación a las características de cada proyecto, aunque advirtió que el bloqueo estadounidense continúa limitando la captación de inversiones. Activos estratégicos como los pozos, las refinerías y las principales instalaciones de almacenamiento permanecen bajo control estatal.
Representaciones extranjeras: contratación directa y comercio mayorista
El Decreto-Ley 137/2026, publicado en la Gaceta Oficial No. 82, trajo dos cambios de calado para las sucursales de representaciones comerciales extranjeras en Cuba. Por un lado, podrán contratar directamente a trabajadores cubanos sin pasar obligatoriamente por una entidad empleadora. Por otro, podrán realizar operaciones de comercio exterior y distribuir mercancías al por mayor, lo que elimina intermediarios en la cadena de distribución.
La viceministra de Comercio Exterior, Déborah Rivas Saavedra, explicó que la medida corresponde al eje 19 de las transformaciones y busca «aumentar los suministros de insumos y materias primas para los encadenamientos con las producciones locales». «Uno de los principales impactos que puede tener esta medida es la eliminación de intermediarios en la cadena de distribución», afirmó, y añadió que, al haber menos empresas en esa cadena, los precios deberían disminuir.
Vivienda: dos propiedades, herencia garantizada y nuevos actores
La Ley 187 de la Vivienda, publicada en octubre y vigente desde el 21 de ese mes, actualizó un sector históricamente sensible. La norma reconoce el derecho de las personas naturales a poseer hasta dos viviendas en propiedad, además de una residencia de descanso o veraneo debidamente declarada.
Entre las novedades más significativas, elimina la confiscación de la vivienda por salida del país y garantiza el derecho a la herencia sobre el inmueble, ampliando la seguridad jurídica de los titulares. Además, incorpora a las cooperativas de viviendas y a las inmobiliarias como nuevas formas de gestión que participan en el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional, junto al sector estatal, las microbrigadas y las empresas privadas.
La ley también define el concepto de vivienda familiar y establece su inembargabilidad, con protección especial para los convivientes que no tengan otra vivienda ni medios para procurársela. Para las personas en situación de vulnerabilidad, los Consejos de la Administración Municipal podrán financiar total o parcialmente el precio de las viviendas que asignen, una facultad que alcanza a jóvenes de 18 a 30 años y a madres o padres con tres o más hijos.
Financiamiento local y alivios fiscales
El Banco Central de Cuba aprobó la Resolución 118/2026, que establece el procedimiento para la apertura de cuentas —en pesos y en divisas— y la gestión del financiamiento de los Proyectos de Desarrollo Local (PDL). Los actores económicos beneficiarios —trabajadores por cuenta propia, mipymes, cooperativas y empresas estatales— podrán acceder a créditos con una tasa de interés del 4%, gestionados a través de fondos de fideicomiso para el desarrollo local.
En el plano fiscal, el Ministerio de Finanzas y Precios publicó dos resoluciones complementarias. La Resolución 200/2026 flexibiliza la aplicación de la depreciación acelerada para la adquisición de maquinarias y tecnologías vinculadas a la producción de alimentos y el procesamiento industrial. La Resolución 201/2026, por su parte, aprueba beneficios fiscales para los talleres donde laboren personas en situación de discapacidad, con una deducción del 150% de los gastos por salarios y contribuciones a la seguridad social. Ambas normas buscan incentivar la inversión productiva y proteger a los sectores más vulnerables.
Transición energética: un marco jurídico propio
El Consejo de Estado aprobó en octubre el Decreto-Ley «De la Transición Energética», que regula el marco jurídico general para avanzar hacia la eficiencia energética y las fuentes renovables de energía, en sintonía con las transformaciones económicas y sociales. La norma se suma a un conjunto de incentivos fiscales y arancelarios ya vigentes para quienes inviertan en paneles solares, sistemas eólicos y otras tecnologías limpias.
El balance de un proceso que no se detiene
Con 171 transformaciones jurídicamente blindadas, un Estado reorganizado en 20 ministerios, un sector petrolero abierto a nuevas modalidades de inversión y una Ley de Vivienda que amplía derechos, el proceso de las 176 Transformaciones entra en su fase más exigente: la de la implementación real. Díaz-Canel lo resumió con claridad: la empresa estatal socialista tiene «la oportunidad histórica de demostrar que puede ser ágil, eficiente y competitiva sin renunciar a su naturaleza socialista».
El micrositio de Razones de Cuba mantiene actualizado todo este entramado normativo, con el Observatorio Legislativo, el glosario ampliado, el timeline de implementación y la herramienta «Mi Ruta de Transformación» para que cada ciudadano encuentre las medidas que le impactan.
Preguntas frecuentes sobre las novedades de octubre-noviembre 2026
La Ley 186 «De Organización de la Administración Central del Estado», publicada el 2 de noviembre de 2026, establece que el Ejecutivo queda integrado por 20 ministerios (además del Banco Central de Cuba). La norma reordena, redimensiona y perfecciona el aparato estatal para «lograr una mayor eficacia en la función administrativa».
Entre las nuevas estructuras destacan el Ministerio de Agricultura y Alimentación, el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Industrias y la Construcción. La ley fusiona organismos con competencias afines para reducir la burocracia.
No. El presidente Díaz-Canel ha reiterado que la reorganización no implica una privatización, sino una búsqueda de mayor eficiencia. La empresa estatal socialista sigue siendo el sujeto principal de la economía nacional.
El Decreto-Ley 135/2026 «De Petróleo y Gas» (vigente desde el 19 de octubre) introduce la concesión petrolera como una alternativa a los contratos de producción compartida. La concesión tiene una duración de hasta 30 años, prorrogables por 10 más, y en ella la exploración y producción se realizan a cargo y riesgo del inversor.
Además de las empresas extranjeras, la norma amplía la participación a actores nacionales: mipymes, empresas privadas con más de 100 trabajadores, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. Los activos estratégicos (pozos, refinerías, almacenes principales) permanecen bajo control estatal.
La norma flexibiliza los procedimientos de calificación de empresas y contempla nuevas posibilidades en exploración, extracción, refinación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. También prioriza los bienes y servicios nacionales que cumplan requisitos de calidad, suministro y costo.
La Ley 187, publicada el 14 de octubre y vigente desde el 21 de octubre, reconoce el derecho de las personas naturales a poseer hasta dos viviendas en propiedad, sin contar una casa de descanso o veraneo debidamente declarada.
No. La nueva ley elimina la confiscación de la vivienda por salida definitiva del país y también suprime la obligación de los herederos de informar en un plazo de un año sobre el inicio del proceso de adjudicación de una vivienda desocupada.
La ley incorpora a las inmobiliarias y a las cooperativas de viviendas como formas de gestión para invertir, construir y administrar inmuebles, incluyendo la construcción de nuevos edificios con recursos propios, colaboración o inversión extranjera.
Los PDL son iniciativas económicas locales que pueden recibir financiamiento bancario. Según la Resolución 118/2026 del Banco Central de Cuba (publicada el 21 de octubre), pueden acceder a estos créditos los trabajadores por cuenta propia (TCP), mipymes, cooperativas y empresas estatales, así como otras formas de gestión reconocidas.
El artículo seis de la Resolución 118/2026 establece una tasa de interés del 4% para los créditos concedidos con recursos del Fondo de Fideicomiso para el Desarrollo Local. El financiamiento se gestiona a través de las cuentas bancarias abiertas para cada proyecto.
La norma permite la apertura de cuentas tanto en pesos cubanos como en divisas, según la clasificación y las fuentes de financiamiento de cada proyecto.
Sí. El Decreto-Ley 137/2026, publicado en la Gaceta Oficial No. 82, permite que las sucursales y oficinas de representación comercial extranjeras contraten directamente a trabajadores cubanos, sin la obligación de acudir a entidades empleadoras intermediarias.
Deberán asumir la responsabilidad de empleador, cumplir con la legislación laboral y de seguridad social cubana, garantizar salarios no inferiores al mínimo legal y mantener una proporción de al menos un trabajador cubano por cada empleado extranjero.
Sí. Con las nuevas disposiciones, las sucursales de representaciones comerciales extranjeras podrán realizar operaciones de comercio exterior y distribuir mercancías al por mayor en el país, eliminando intermediarios en la cadena de distribución. El objetivo es reducir los precios de materias primas e insumos importados.
Al cierre de octubre de 2026, 171 de las 176 transformaciones ya contaban con sus bases jurídicas completas, respaldadas por 215 normas jurídicas publicadas en Gaceta Oficial. Las cinco restantes son las consideradas «más polémicas» y se trabaja en las normas que las asegurarán.
Además de las ya mencionadas, destacan la Resolución 200/2026 del MFP (depreciación acelerada para maquinarias y tecnologías de producción de alimentos), la Resolución 201/2026 del MFP (beneficios fiscales para talleres con personas en situación de discapacidad), el Decreto-Ley «De la Transición Energética» y el Decreto-Ley Modificativo de la Ley 105 de Seguridad Social.
