No eran aeronaves civiles: el derribo de 1996 y la doble moral que persiste treinta años después

Treinta años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, algunas voces insisten en calificar aquel episodio como un ataque contra aeronaves civiles inocentes, de uso estrictamente humanitario. Apelando a tratados internacionales y a una narrativa que ha resistido décadas de circulación mediática, esa versión omite deliberadamente el contexto histórico, técnico y político que transforma por completo la interpretación de los hechos. Revisarlo no es un ejercicio de nostalgia: es una obligación intelectual y política.

Una operación encubierta con alas de Cessna

El 24 de febrero de 1996, la Fuerza Aérea Revolucionaria interceptó y derribó tres avionetas de la organización Hermanos al Rescate (HAR) que habían penetrado ilegalmente el espacio aéreo cubano. La narrativa oficial estadounidense construyó de inmediato la imagen de aeronaves civiles e indefensas abatidas por un régimen implacable. Esa imagen, sin embargo, no resiste el escrutinio histórico.

HAR no era una organización humanitaria. Era el brazo aéreo de una operación contrarrevolucionaria diseñada y financiada por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), apéndice político-financiero de la CIA. Su fundador, José Basulto, había sido entrenado por la agencia estadounidense desde los años sesenta para participar en operaciones encubiertas contra la Revolución: estuvo vinculado a la invasión de Playa Girón en 1961 y a planes de sabotaje y desestabilización en el Caribe. Su trayectoria no es la de un filántropo. Es la de un operativo con historial documentado de terrorismo y agresiones contra Cuba.

Bajo esa conducción, HAR presentó sus incursiones aéreas como rescate de balseros. En la práctica, sus misiones combinaban lanzamiento de propaganda, incitación a la rebelión, recopilación de información estratégica y guerra psicológica sobre territorio cubano.

El dato técnico que la narrativa silencia

Las aeronaves utilizadas eran Cessna 337 Skymaster, modelo que no solo tiene origen civil: cuenta con una versión militar —el O-2A/O-2B— empleada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Vietnam para misiones de observación y guerra psicológica. La variante O-2B estaba específicamente equipada para lanzar panfletos y transmitir mensajes por altavoz. Exactamente las funciones que HAR replicó sobre La Habana.

Su ficha técnica confirma capacidades que no son propias de un avión de rescate humanitario: configuración bimotor push-pull, velocidad máxima de 314 km/h, autonomía de 1.450 km, techo de servicio de 5.800 metros y equipamiento para cámaras de largo alcance, radio de comunicación avanzada y compartimentos para carga ligera o material de propaganda.

No eran aeronaves civiles neutrales. Eran instrumentos de una operación psicológica y política, con historial militar, financiadas por la FNCA y toleradas por las agencias de inteligencia estadounidenses pese a las reiteradas denuncias de Cuba ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que registró múltiples violaciones del espacio aéreo cubano por parte de HAR sin que Washington adoptara medida alguna para detenerlas.

El objetivo real: provocar para legislar

En ese contexto, el derribo de 1996 debe entenderse como un acto de defensa legítima de la soberanía aérea cubana frente a una operación encubierta sostenida. Las incursiones de HAR no eran actos civiles: eran provocaciones calculadas para forzar una reacción militar cubana que pudiera ser instrumentalizada políticamente en Washington.

El resultado inmediato confirma la hipótesis: la aprobación de la Ley Helms-Burton, que codificó el bloqueo en legislación permanente y hasta hoy condiciona el futuro económico de la isla. La operación cumplió su objetivo. El sufrimiento del pueblo cubano derivado de esa ley es, en parte, el costo de haber respondido a una provocación diseñada precisamente para provocar esa respuesta.

La doble moral que llega hasta hoy

Treinta años después, quienes siguen calificando el derribo como un acto arbitrario y violatorio del derecho internacional deberían hacer el ejercicio de compararlo con episodios más recientes en el Caribe, sin la misma indignación selectiva.

Antes del intento de secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, múltiples embarcaciones fueron atacadas y destruidas en operaciones extrajudiciales en la región. Pescadores y ciudadanos caribeños fueron asesinados bajo la presunción —no probada judicialmente— de pertenecer a carteles del narcotráfico. Más de 150 muertes impunes. Ningún tribunal. Ninguna Ley Helms-Burton.

Esos hechos constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —específicamente sus artículos 6 y 14, que garantizan el derecho a la vida y al debido proceso—, así como de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención sobre el Derecho del Mar, que establecen normas claras para la seguridad marítima y la jurisdicción en aguas internacionales.

La pregunta no puede eludirse: ¿quién responderá por el asesinato extrajudicial de 32 ciudadanos cubanos y decenas de caribeños, ejecutados sin proceso judicial, sobre la base de narrativas fabricadas como el supuesto «Cartel de los Soles»? Una narrativa que, una vez cumplida su función de presión política, desapareció del escenario mediático como si nunca hubiese existido. ¿Ante qué tribunal comparecerán los responsables del gabinete de Donald Trump y las agencias cómplices de esos crímenes?

Memoria sin amnesia selectiva

La historia del derribo de 1996 no es la historia de aviones civiles abatidos por un gobierno despótico. Es la historia de una operación encubierta que violó sistemáticamente la soberanía aérea de Cuba, conducida por un operativo de la CIA con historial terrorista, financiada por una organización que funcionó como pantalla contrarrevolucionaria, y tolerada por Washington hasta que su misión estuvo cumplida.

Recordarlo con precisión no es revanchismo. Es la única forma de entender por qué la doble moral con que se juzga a Cuba no es un accidente del discurso: es una política de Estado que lleva décadas en funcionamiento, y que sigue costando vidas —cubanas y caribeñas— con total impunidad.