Estado fallido: Cómo la guerra arancelaria de Trump (y el fallo de la Corte Suprema) está desintegrando a Estados Unidos desde dentro

Lo que estamos presenciando en Estados Unidos con la guerra arancelaria de Donald Trump no es simplemente una disputa política más dentro de los márgenes normales de la democracia estadounidense. Es, para ser precisos, la manifestación de un régimen que exhibe los síntomas clásicos de un Estado fallido, aunque visto a través del prisma de una potencia nuclear con capacidad de destrucción masiva.

El concepto de «Estado fallido» — «failed state»— fue acuñado por la politología occidental para describir aquellas naciones donde las instituciones colapsan, el gobierno pierde el monopolio de la violencia legítima y la autoridad central se desvanece. Se pensó para la periferia, para los «otros». Pero si aplicamos sus indicadores fundamentales (pérdida del monopolio de la coerción legítima, incapacidad para tomar decisiones colectivas vinculantes, erosión de la autoridad institucional y desconexión entre las élites gobernantes y la población) el paralelismo con lo que ocurre hoy en Washington resulta incómodamente preciso.

La atomización del poder: Cuando el emperador no tiene jueces que le obedezcan

La primera característica de un Estado fallido es la incapacidad del gobierno central para imponer su autoridad sobre el territorio y las instituciones que formalmente lo componen. El reciente fallo de la Corte Suprema declarando ilegales los aranceles globales de Trump representa algo más profundo que un revés judicial: es la constatación de que el ejecutivo ya no puede legislar mediante decreto sin encontrar resistencia institucional efectiva.

Que la propia Corte Suprema, un tribunal que hace apenas unos años otorgó a Trump inmunidad cuasi-absoluta («el poder de un rey», como lo definieron los observadores), sea ahora la que le frene los pies indica algo esencial: ni siquiera las instituciones previamente capturadas pueden sostener la ficción de coherencia estatal. El voto de los jueces conservadores contra su propio nominador no es un acto de heroísmo judicial; es la expresión de que el proyecto político ha desbordado los límites de lo funcional incluso para sus aliados naturales.

La reacción de Trump —calificar a los jueces de «antipatriotas» y anunciar horas después un arancel global del 10% desafiando abiertamente el fallo— no es la respuesta de un líder fuerte. Es la conducta característica de un señor de la guerra que, al ver cuestionada su autoridad por estructuras formales, recurre a la bravuconada y la amenaza porque carece de mecanismos institucionales para imponer su voluntad por cauces legales. En un Estado fallido, la ley no vincula: solo importa la capacidad de imponerla por la fuerza o la coerción.

El parlamento como campo de batalla: La ruptura de la disciplina estatal

Un segundo marcador de colapso estatal es la pérdida de cohesión en los órganos legislativos. Que seis legisladores republicanos rompan la disciplina de partido para votar con los demócratas contra los aranceles a Canadá no es una simple anécdota. Es la evidencia de que el partido gobernante ya no puede garantizar la lealtad de sus cuadros ante políticas que perjudican directamente a sus bases electorales.

Estos congresistas han hecho un cálculo sencillo: los aranceles encarecen la vida de sus votantes, y esa presión sobre el bolsillo es ya más relevante electoralmente que la fidelidad al líder. En un Estado funcional, los mecanismos de disciplina partidaria operan para alinear intereses. En un régimen en descomposición, los representantes actúan como señores feudales que anteponen la supervivencia de su feudo a la lealtad al rey. El centro no se sostiene; las partes tiran cada una hacia su lado.

La guerra contra la evidencia: Cuando la realidad ofende al poder

El tercer síntoma de fallo estatal es la incapacidad del aparato burocrático-científico para producir conocimiento que no sea inmediatamente hostilizado por el poder político. El ataque de Kevin Hassett contra la Reserva Federal de Nueva York no es una crítica técnica; es un intento de desacreditar a una institución del Estado porque sus investigaciones contradicen la narrativa oficial.

Que Hassett sugiriera que los autores del estudio deberían ser «sancionados» por atreverse a demostrar empíricamente que los aranceles los pagan los consumidores estadounidenses no es un exceso retórico. Es la conducta típica de regímenes que han renunciado a gobernarse por hechos y prefieren construir realidades alternativas inmunes a la evidencia. Cuando los datos económicos se convierten en enemigos del gobierno, el Estado ha dejado de ser una estructura de gestión para convertirse en una maquinaria de propaganda.

La demora en responder al estudio —esperando que «se diluyera en el espacio mediático»— revela además una conciencia de fragilidad: saben que no pueden ganar la batalla argumental, así que intentan ganarla por desgaste. Pero cuando el Banco de la Reserva Federal, la Cámara de Comercio, la Tax Foundation, Yale y el Instituto Kiel convergen en la misma conclusión, el castillo de naipes narrativo se derrumba. El Estado ya no puede producir consenso; solo puede intentar silenciar las voces que lo contradicen.

El costo humano: Cuando el imperio devora a sus propios ciudadanos

En los Estados fallidos, la población sufre las consecuencias del colapso institucional. En el caso estadounidense, ese sufrimiento adopta la forma de un empobrecimiento silencioso pero sistemático de las clases trabajadoras.

Los aranceles han encarecido la carne un 16%, el café casi un 20%, la ropa un 18% y las alfombras hasta un 50%. No son cifras abstractas: son familias que comen peor, visten peor y habitan hogares peor equipados para pagar la factura de la «grandeza americana» que prometía Trump. El cálculo de 2,400 dólares adicionales por hogar según Yale, o los 1,300 dólares según la Tax Foundation, representan transferencias masivas de renta desde los hogares trabajadores hacia un agujero negro fiscal.

Lo más trágico es que estas personas votaron mayoritariamente por Trump. Han pagado con su bienestar el precio de una política que les prometía prosperidad y les ha entregado inflación. En un Estado funcional, existirían mecanismos de compensación o ajuste. En este régimen fallido, simplemente se les dice que los culpables son los jueces «antipatriotas» o los canadienses, mientras se preparan nuevas tandas de aranceles que volverán a golpear sus bolsillos.

La batalla por los 170,000 millones: El Estado contra sus empresas

La exigencia de la Cámara de Comercio de devolver 133,000 millones de dólares —y potencialmente 170,000 millones— a los importadores coloca al gobierno ante una disyuntiva imposible. Si devuelve el dinero, el Estado federal reconoce explícitamente que ha estado saqueando ilegalmente a sus propios ciudadanos y empresas durante un año. Si no lo devuelve, desafía abiertamente un fallo judicial y las empresas llevarán el caso a tribunales internacionales, exponiendo a Estados Unidos a demandas multimillonarias y a la pérdida de credibilidad como socio comercial.

Es la versión contemporánea del dilema de los Estados en descomposición: no pueden sostener su poder sin expoliar, pero cada expolio acelera su descomposición interna. La decisión de delegar en tribunales menores la resolución sobre las indemnizaciones no es más que un intento de ganar tiempo, de retrasar el día del juicio final fiscal.

El Estado contra sí mismo

Lo que estamos presenciando no es una democracia funcional con debates sobre política comercial. Es un régimen que ha perdido la capacidad de gobernarse a sí mismo y que, en su intento desesperado por aparentar fortaleza hacia fuera, está destrozando los mecanismos internos que lo sostenían.

Las instituciones —la Reserva Federal, la Corte Suprema, el Congreso— no están actuando como un «estado profundo» cohesionado contra Trump. Están actuando como fragmentos de un Estado que ya no reconoce una autoridad central legítima. Cada poder va por su lado, defendiendo sus intereses corporativos o jurisdiccionales, mientras el ejecutivo intenta gobernar mediante decretos que son sistemáticamente desautorizados.

Los 240,000 millones recaudados y ahora en disputa no son solo dinero. Son el símbolo de un año de política económica basada en la ficción. Son la prueba de que el emperador no solo estaba desnudo, sino que estaba vendiendo la ropa de sus súbditos para comprarse un traje que no existe.

Cuando Trump dice que «puedo destruir el comercio, puedo destruir un país, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar un solo dólar», está haciendo algo más que una bravuconada. Está confesando la paradoja central de un Estado fallido: tiene poder para destruir, pero no para construir; tiene poder para amenazar, pero no para cobrar; tiene poder para declarar guerras comerciales, pero no para proteger a sus propios ciudadanos de sus consecuencias.

Esa es, exactamente, la definición de un Estado fallido: aquel que puede generar caos, pero no puede generar orden. Ni siquiera para sus propios habitantes. Y cuando eso ocurre en el centro del sistema mundial, el caos no se queda en casa: se exporta.