Cuba recurrirá, ante la Alta Corte de Inglaterra y Gales, a una apelación en relación con lo decidido por la jueza Sara Cockerill contra el Banco Nacional de Cuba (BNC), acerca de la demanda del fondo buitre CRF i Limited (CRF), un documento a presentar antes del 19 de mayo.
Así explicó a la prensa Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, al referirse al reciente fallo de la corte inglesa, quien agregó que CRF no es acreedor legítimo de Cuba.
«No lo era de la República de Cuba, porque nunca consintió la cesión de su garantía a ese acreedor y consideramos que no es acreedor legítimo tampoco del BNC, porque el acto en el cual se acreditó esa cesión es ilícito», reafirmó el Ministro.
No obstante, si no hubiese corrupción involucrada, el documento mediante el cual a CRF, supuestamente, se le hizo saber que se autorizaba la cesión de los créditos a su favor, «tiene serias irregularidades», destacó Silvera Martínez.
Para ello, el país alega que existe ausencia de la doble firma y del documento que, por sus características, establece el banco como razón de seguridad de que acredite una decisión soberana.
Reiteró que esta es una demanda que se estableció contra la República de Cuba y contra el bnc como entes distintos: la primera, como garante soberana con una facultad que tiene el Estado de asumir responsabilidades en materia de garantía ante la deuda, que asumen otros entes del gobierno y el país, y el bnc como una entidad más del sistema bancario nacional.
El Ministerio de Justicia (Minjus) es el organismo de la Administración Central del Estado que tiene como misión, entre otras, asistir legalmente –y con asesoramiento jurídico– al Estado y al Gobierno.
En esa condición, explicó el titular del Minjus, se nos designó para asumir la representación legal de la República en este proceso judicial.
EL ESTADO CUBANO GANÓ
En la sentencia del pasado martes, la jueza decidió que el tribunal inglés no tiene jurisdicción sobre la demanda establecida por CRF contra la República de Cuba, al no ser acreedor legítimo del crédito reclamado.
«Por eso afirmamos que Cuba ganó, porque el Estado gana el pleito frente a CRF y queda fuera del proceso. A partir de este momento la República, como ente soberano, no está en el proceso judicial», afirmó.
Silvera Martínez explicó que pueden existir variantes, en las cuales la contraparte establezca recursos de apelación, que hasta ahora no lo ha anunciado en la audiencia de consecuencia.
Pero, ¿qué significa que la República sea inmune a la jurisdicción inglesa?
Al respecto, Martínez Silvera refirió que la Corte de Inglaterra y Gales no puede hacer pronunciamiento sobre la República de Cuba, porque esa cesión de crédito, que la propia sentencia justifica que tiene el Banco Nacional de Cuba con CRF, en ningún momento tuvo la cesión de la garantía.
«El Estado no aprobó que su garantía sobre la deuda fuera asumida por CRF. Eso fue lo que la jueza determinó y fue lo que nosotros justificamos en la defensa», significó.
Este, acotó el Ministro de Justicia, ha sido un proceso que ha discurrido en cumplimiento de las exigencias legales que establece el procedimiento inglés, en el que Cuba y el BNC han cumplido estrictamente sus obligaciones procesales en el pleito.
Silvera Martínez señaló que ha requerido mucho estudio y sistematicidad por parte de todos los involucrados, llegando a presentar la parte cubana más de 2 000 documentos.
¿QUÉ SUCEDIÓ PREVIO A LA DEMANDA?
El titular del Minjus puntualizó que, hasta 1997, el BNC asumía funciones de Banco Central.
«Ahí aparece un argumento que nosotros hemos estado estableciendo, que no tuvo éxito en esta ocasión, pero será seguramente uno de los motivos para la apelación que hemos decidido establecer en favor del BNC».
Destacó que esas deudas, asumidas por el BNC antes de 1997, en tanto lo hacía en función de Banco Central, es deuda pública.
Las deudas correspondían a un contrato de depósito entre el BNC y el Crédit Lyonnais Bank, y que se probó en el juicio que nunca tuvo garantía soberana.
El otro crédito, con el Instituto Bancario Italiano, sí tenía garantía soberana (en el cual el Estado asumía el pago de la deuda de ser necesario), pero nunca se cedió a CRF, en cambio, fueron transferidos al Standard Bank, que fue fusionado después con el ICBC, y cedieron sus deudas a CRF en 2019.
Por tanto, cualquier movimiento sobre esa deuda pública necesita y requiere autorizaciones del Gobierno cubano, con la notificación al Ministerio de Finanzas y Precios y, a través de este, al Consejo de Ministros para su aprobación.
Ese elemento, en el acto de cesión que tiene otros atributos negativos, cuando CRF se hizo de esta deuda, tampoco se cumplió.
En el caso de Cuba, acotó el Ministro, debido a la guerra económica, comercial y financiera del Gobierno de EE. UU. contra la Isla, el país tiene especiales cuidados para aprobar o no esa cesión de deuda a favor de cualquier acreedor, «que, en este caso, no se hizo de forma adecuada».
Silvera Martínez señaló que, tal como se informó, funcionarios del BNC accedieron a firmar un documento sin ninguna exigencia legal de las que tiene establecido el Manual de Procedimientos de la referida institución financiera, y fueron sometidos al sistema penal cubano.
Por tanto, agregó, con ese acto, en noviembre de 2019, y en un modelo de actuación muy típico de fondos buitres, CRF envía una carta al Presidente del bnc exigiendo el pago o someterse a una demanda en lo judicial.
«Ningún deudor actúa así. La deuda y los créditos se concilian, se negocian, se conoce la posición que tiene el deudor. En 2019, la Isla transitaba por los efectos del huracán Irma, por lo que CRF perseguía el objetivo de obligar a Cuba a negociar o ir a un proceso judicial, lograr una sentencia de un tribunal inglés», dijo.
En un momento inicial, el CRF pretendía que Cuba se declarara en rebeldía procesal, asumiendo que el país, por las limitaciones económicas, no tendría posibilidades de contratar abogados en el exterior, tal y como disponen las leyes inglesas.
Sin embargo, hemos cumplido todas las exigencias del proceso, que ha durado unos tres años, y «no ha pasado un día, desde que se estableció la demanda, en que no hayamos realizado algo», manifestó el Ministro.
En correspondencia con el procedimiento inglés, Cuba contrató una representación legal de ese país y otra como intermediaria, asumida por el bufete español Uría Menéndez.
«Esa conformación del grupo de trabajo dio también determinada capacidad resolutiva y de conocimiento para atender mejor cada una de las demandas y exigencias de este proceso», señaló.
El objetivo de CRF –demostrado en el proceso– era tener una sentencia contra el Estado para obligar a negociar o impedir el acceso de la Isla a los flujos financieros internacionales y poder hacer acciones contra el patrimonio cubano en el exterior, tales como cuentas bancarias, aviones y buques mercantes, entre otros.
Ese objetivo, que se enmarca también dentro de la política agresiva de los enemigos de la Revolución Cubana, no tuvo éxito, porque durante estos largos tres años hemos defendido la verdad y la razón de nuestro país, subrayó Silvera Martínez.
Insistió en que somos acreedores serios, transparentes, que usan el dinero para lo que se solicita. «Esa defensa de la verdad nos lleva a que cuando alguien nos trata de engañar, nosotros sabemos y vamos a defendernos», concluyó.
