Desde el inicio del proceso para la adquisición de títulos de deuda cubana, el fondo buitre consideró demandar a Cuba ante los tribunales como principal opción. Así lo admitió este miércoles Jeetkumar Gordhandas, consultor del ente radicado en Islas Caimán, en testimonio frente a la jueza Sara Cockerill de la división Comercial del Tribunal Superior de Londres.
Raúl Olivera Lozano, exfuncionario del Banco Nacional de Cuba responsable de la firma y confección del documento de cesión, declaró que Gordhandas le prometió beneficios económicos a cambio de realizar el procedimiento. También admitió la ilegalidad de las acciones realizadas, que superaban sus atribuciones y no cumplían los requisitos establecidos.
Las pruebas presentadas por la parte cubana durante el trascurso de la vista oral han mostrado la actuación típica de los fondos buitres. La entidad pretendió adquirir a bajos precios, de manera fraudulenta, los títulos de deuda cubana. Solo acuerdos abusivos con el Banco Nacional de Cuba y el Estado antillano habrían evitado la demanda.
El fondo buitre defiende la legitimidad de su adquisición, a pesar de las evidencias presentadas. Cuba sostiene que no es acreedor válido, ni nunca lo ha sido, por las irregularidades cometidas durante el proceso y la ausencia de autorización de las instituciones pertinentes al traspaso.
La principal prueba presentada por los demandantes es el documento emitido por el funcionario cubano implicado en actos de corrupción. La defensa del BNC y de la República de Cuba explicó a la jueza que ninguno de los tres requisitos para declararlo válido fue cumplido, lo que anula su eficacia jurídica y las consecuencias que se derivarían de su emisión.
Los testimonios del viceministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale; la presidenta del BNC, Joscelin Río Álvarez, así como de trabajadores de la institución bancaria con tareas asociadas a la operación, confirmaron las violaciones llevadas a cabo.
El Banco Nacional de Cuba no ejerce función de Banco Central del Estado desde 1997. El procedimiento apropiado para este tipo de diligencias actualmente incluye la remisión al Ministerio de Finanzas y Precios de las notificaciones de acreedores que pretendan ceder sus derechos sobre la deuda pública. A su vez, el MFP lo somete a la aprobación del Consejo de Ministros, máximo órgano del Gobierno de la República de Cuba.
