Perú, entre la represión y las «señas» de Washington

Durante una visita relámpago a Washington, la actual canciller peruana, Cecilia Gervasi, encontró una constante entre sus anfitriones, los funcionarios del gobierno de Joe Biden y el Congreso estadounidense: el «compromiso de Estados Unidos de apoyar la institucionalidad democrática en Perú».
Podría ser esta la «seña» de apoyo que necesitaba la presidenta Dina Boluarte, para emprender alguna solución a lo que ocurre en su país.
Unos días antes, también desde su guarida en la capital estadounidense, la OEA había expresado su «preocupación» por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en esa nación.
Coincidentemente, la cifra de civiles peruanos muertos por la represión policial ya supera los 60, mientras que los heridos son más de cien.
¡Qué pena que en la administración Biden se confunda «institucionalidad democrática» con represión, muerte, golpe de Estado y todo lo que sucede en la nación andina!
¡Qué pena, de igual forma, que la «preocupación» de la OEA se exprese pasados los diez días desde que Perú sufre la pérdida de sus hijos y la mutilación de su democracia!
¿Quién puede explicar a los peruanos, y por añadidura a los latinoamericanos, para qué sirve la OEA, la misma institución que hace exactamente 61 años expulsó a Cuba de aquel ministerio de colonias?
Ahora, mientras se argumentan, una vez más, las posiciones de Washington, en Lima, donde se derrama sangre de un pueblo protestando en las calles, el Congreso rechazó, por tercera ocasión, el adelanto de las elecciones generales. Ahí tampoco se acepta la renuncia de la presidenta Dina Boluarte ni la disolución del propio Congreso.
El ambiente tóxico y desestabilizador para nada es nuevo en un Perú que ostenta un lugar cimero en temas como la inestabilidad gubernamental, con la cifra de seis presidentes que han pasado por el supuesto oficio de «gobernar» en solo seis años.
De ellos, unos están presos, otros fuera del país y reclamados por la justicia, uno optó por quitarse la vida y el último, Pedro Castillo, elegido democráticamente, guarda prisión luego de que el Congreso peruano, o más bien la oligarquía peruana, se opusiera a las transformaciones sociales que pretendía llevar adelante el maestro y dirigente gremial devenido Presidente.