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Por José Luis Méndez Méndez

El 17 de noviembre se cumplen veinte años de la denuncia del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, de los planes terroristas que criminales con asiento en Estados Unidos, fraguaban realizar durante la X Cumbre Iberoamericana, que se efectuaría en la capital de la República de Panamá.

Los terroristas, que habían fracasado en sus intentos magnicidas en reuniones similares en 1997 y 1998 contra el entonces Presidente de Cuba, concentraron sus esfuerzos en el Istmo, que sería sede de varios eventos de relieve mundial durante los próximos dos años. Desde el inicio de estos conclaves, los magnicidas se habían conjurado para asesinarlo, desde la primera cumbre en Guadalajara, México en 1991, hasta esa décima. Después seguirían otros intentos,  hasta el año 2001, se registran catorce planes homicidas de elevado nivel de preparación y desarrollo.

La presidenta panameña, concurrió a la IX Cumbre Iberoamericana; sin embargo, el Presidente de Cuba no fue invitado a la ceremonia de traspaso del Canal de Panamá a las autoridades panameñas, el 31 de diciembre de 1999.

En noviembre del 2000, el líder cubano asistió a la programada cita, en la capital panameña. Durante más de dos años, los terroristas anticubanos urdieron diversos planes para asesinarlo, si asistía a alguno de los encuentros dispuestos en Panamá. La coincidencia de conmemoraciones sucesivas en ese país, había creado una coyuntura muy favorable para atentar contra él, estimaban los complotados.

En ese período, hubo movimientos constantes de grupos terroristas con asiento en Miami y Centroamérica hacia Panamá, donde solicitaron apoyo a los extremistas de origen cubano radicados allí y con nexos con el criminal Luis Posada Carriles. Así comenzó la cacería. La llegada al Palacio de las Garzas, sede del Gobierno panameño, de una figura vinculada, por lazos históricos, con la contrarrevolución cubana propiciaba la conspiración.

Los preparativos se centraron, luego de los dos primeros fracasos, por no asistir el líder cubano a las ceremonias preparadas, en la X Cumbre, los magnicidas dedujeron que por ser un evento internacional, al cual el líder cubano había asistido con regularidad y por su ausencia a los compromisos anteriores, era casi seguro que concurriera.

Sobre lo que se urdía, las autoridades cubanas tuvieron conocimiento anticipado y siguieron la ruta, las intenciones y se dispusieron a frustrar este nuevo intento magnicida. La decisión se tomó: Fidel Castro asistiría y se haría la denuncia pública sobre los propósitos terroristas y la presencia en Panamá del comando asesino.

Era un plan homicida con varias alternativas de ejecución. Los terroristas estudiaron el programa del encuentro internacional, el recorrido del aeropuerto hasta donde se alojaría el gobernante cubano, todas las sesiones oficiales del encuentro, actos protocolares y los eventos convocados por organizaciones amigas y de solidaridad. Conocían, por citas previas, que el mandatario tenía por costumbre reunirse con figuras de la intelectualidad, estudiantes universitarios y con representantes del pueblo de los países que visitaba.

Las necesarias coordinaciones de seguridad con las autoridades locales obligaron, esta vez, a una rigurosa discreción para lograr la captura del comando terrorista. Solo, cuando fue necesario, se liberó la información, que permitiría proceder a la policía panameña.

Los movimientos, en el país, de los asesinos fueron llevados con control milimétrico. Se ubicaron en sus lugares de paso y fueron filmados en sus traslados, pero se demostró que, no obstante ser los conjurados enemigos acérrimos e históricos de la Revolución y practicar la violencia, nada se haría físicamente contra ellos. Fue una conducta diferente. Solo se denunciaría, en espera de la actuación responsable de los anfitriones ante lo letal de las intenciones, no solo contra el visitante, sino que afectarían a otros participantes y a la población panameña.

Así, se denunció en la propia voz del Presidente cubano en una conferencia de prensa, la presencia de un grupo homicida dirigido por el criminal Luis Posada Carriles e integrado por los extremistas de larga data Pedro Remón Rodríguez, Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo; todos con extensos y probados expedientes criminales en varios países, que los calificaban como delincuentes internacionales. Como resultado de los datos exactos, entregados por la delegación cubana, todos fueron detenidos junto a sus cómplices locales.

El 17 de noviembre del 2000, se ordenó verificar si en el hotel Coral Suites, ubicado en la capital panameña, se encontraba hospedado un ciudadano identificado como Franco Rodríguez Mena o Luis Posada Carriles. El sujeto había sido denunciado, ese día, ante los medios de comunicación como el terrorista jefe de un comando, que pretendía atentar contra su vida.

La acusación del líder cubano había sido contundente no dejaba lugar a dudas, consternó a todos los participantes y fue primera noticia de titulares en todo el mundo durante varios días.

Realizadas las averiguaciones de rigor, fueron detenidos los referidos terroristas Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, identificado con el nombre falso de Manuel Díaz; Guillermo Novo Sampoll; Pedro Crispín Remón Rodríguez; y Luis Posada Carriles, con el nombre de un supuesto ciudadano salvadoreño.

Esta gavilla se hospedaba en las habitaciones No. 310 y 509, esta última, la más cara del Coral Suites. En la No. 310 se encontraban Posada Carriles y Remón Rodríguez, quien portaba su pasaporte norteamericano. Durante el registro, se encontró una nota manuscrita, cuyo contenido se iniciaba con la frase: “Grupo Militar de Acción y Justicia, (GMAJ)”, y describía que el plan elaborado para lograr la pronta restitución de la libertad en Cuba se denominaba “David vs Goliat”. Se consideraban con licencia para matar.

El 18 de noviembre fueron detenidos otros dos involucrados. César Andrés Matamoros Chacón, de origen cubano, y el panameño José Manuel Hurtado Vivero. En el registro a la residencia de Matamoros, ubicada en la zona de Río Abajo, se ocuparon una pistola y un revólver.

Después del arresto en Panamá de Posada Carriles, sus rastros condujeron a El Salvador. Allí se descubrió una red de colaboradores del terrorista; además de las diversas formas que utilizó para proveerse de documentación salvadoreña auténtica a su nombre y la suplantación de su personalidad por la de Franco Rodríguez Mena.

Se encontró la partida de nacimiento del supuesto Rodríguez Mena, lograda  con la presentación de un acta de bautismo. El párroco de Tecapán, Usulután, certificó que en los libros de bautizo número 3 de esa parroquia, en la página 366, se encuentra la siguiente partida: “En Tecapán a ocho de diciembre de mil novecientos treinta bauticé a Franco Rodríguez Mena, que nació el 20 de febrero de mil novecientos treinta…” Sobre este fraude documental se añadió una nota aclaratoria del administrador parroquial de ese lugar, quien dictaminó que el acta de fe de bautismo no tenía ningún efecto.

Una vez identificados y detenidos los conjurados y sus cómplices se procedió a preparar, con respeto al debido proceso y las garantías procesales previstas en derecho, se comenzó a fundamentar el caso con todas las evidencias materiales existentes, la reconstrucción de los hechos y las indagatorias a los inculpados.

Los terroristas, durante el interrogatorio, alegaron sobre su presencia en Panamá, primero dijeron que estaban allí para protestar por la presencia del Presidente de Cuba, después, que para realizar compras; pero no especificaron el tipo de protesta, ni lo que pretendían comprar.

El camino de la investigación se estrechaba y las pruebas eran abrumadoras, se centraron en el maletín encontrado, que contenía la evidencia del delito: los explosivos y dentro restos que implicaban a los encartados.

La valija fue hallada en el Sector No. 3 de Belén, Tocumen, Los Pinos, Mañanitas. En su interior contenía los artefactos explosivos. Durante la inspección ocular efectuada el 19 de noviembre se ubicó, en un terreno baldío, al lado de una empresa de materiales.

Al ser desenterrado y revisado su contenido se encontró diez envoltorios o cartuchos plásticos en su interior se apreciaba una masa de color crema; ocho pedazos de una masa amarillosa de forma redonda e irregular; se observó un material pastoso; cables de color rojo y negro; en otro costado, cables blancos y en su tapa, una luz pequeña de color rojo y un botón blanco. Se ocuparon en total de 33.44 libras: 30.34 libras, de C-4; y 3.10, de los explosivos RDX y PETN.

Dentro del maletín había también una toalla blanca con manchas de color chocolate, negro y amarillo; y otra del mismo color con manchas chocolate y gris. Estas fueron utilizadas en la elaboración de la mezcla explosiva. El informe conclusivo, realizado el 23 de noviembre, estableció la presencia en las muestras o indicios identificados del explosivo plástico C-4.

En el curso de las pesquisas, se interrogó al ex mercenario de la derrotada Brigada 2506, José Valladares Acosta, quien dio un testimonio revelador y esclarecedor sobre lo planeado por los conjurados. Dijo: “No sé, la opinión mía era que lo mataran, [Fidel Castro] pero no así, porque a John Kennedy lo mataron con un rifle de mira telescópica, y uno solo. Yo dije que si hubieran traído unos rifles con mira telescópica lo hubieran matado y no estuviéramos en estos problemas”. Como se sabe, Posada Carriles era un experto tirador. Valladares aportó evidencias sustanciales para el esclarecimiento del caso.

El juicio comenzó en medio de presiones políticas de organizaciones terroristas con asiento en Estados Unidos, para que los criminales fuesen liberados. Se calificaron los cargos y otras condicionantes jurídicas previas.

La República de Cuba, solicitó la extradición de los cuatro detenidos, la fundamentación se basó en los crímenes cometidos por ellos durante su larga data de actos terroristas contra Cuba. Fue denegada. La primera decisión de la señora Mireya Moscoso, en su condición de Presidenta de Panamá de negar la extradición tuvo un fundamento político propio o exógeno derivado de presiones externas y sin estar presente ninguna consideración de tipo jurídica, por no existir.

Esta insólita decisión después vendrían otras más repudiadas, ocasionó el deterioro de las relaciones entre Panamá y Cuba. Esa negativa dio inicio a la batalla jurídica por parte de organizaciones panameñas de los estudiantes, sindicales, indígenas, quienes en su conjunto presentaron cuatro demandas criminales contra los terroristas, todas legítimas por el indudable daño que hubiesen recibido estos demandantes de haber estallado la bomba en el Paraninfo de la Universidad de Panamá.

Se urdieron planes de fuga de los criminales, quienes salían de donde estaban recluidos para asistir con diversos pretextos a clínicas en la ciudad capital. Estas tentativas fueron denunciadas reiteradamente y se frustraron por la presión de los medios, personalidades y ciudadanos de bien en Panamá.

La otra maniobra fueron los subterfugios presentados por la defensa en particular por el mencionado narco abogado Rogelio Cruz, quien intentó recusar al juez para ganar tiempo y dilatar las diligencias necesarias para dar inicio al juicio, tratar de cambiar las condiciones de internamiento para favorecer a los terroristas y propiciar una probable fuga. Todo esto terminó en un rotundo fracaso, pero aun así se dilató en varias ocasiones el encause jurídico final.

El 20 de diciembre de 2001, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó una solicitud de extradición del terrorista cubano venezolano Luis Posada Carriles. Se fundamentó en que aún tenía pendiente una acción penal de castigo en ese país, que databa del 18 de agosto de 1985, cuando el terrorista escapó de una cárcel de alta seguridad en Venezuela.

El 3 de enero del 2002, la Cancillería panameña anunció que evaluaba el pedido de Venezuela. La voluminosa solicitud se ampara en que el extremista se escapó de una cárcel venezolana en dos ocasiones y en que es el autor intelectual del sabotaje en pleno vuelo de un avión civil cubano en octubre de 1976.

Los cargos definitivos por los cuales, se les juzgaría fueron: posesión de explosivos, posesión de estos con peligro para la seguridad colectiva, asociación ilícita para delinquir, y fraude a la fe pública al portar documentos de identidad falsos. Sin embargo, el proceso cayó en un limbo jurídico y se postergó el inicio de la vista a una fecha no definida.

A finales de febrero de 2004, este proceso entró en un camino de difícil final. Nuevos factores locales aparecieron en escena, uno de ellos, fue la campaña electoral en pleno desarrollo para los comicios presidenciales del 2 de mayo. El fantasma de un probable indulto se mantenía como alternativa, procedimiento ya utilizado antes por los presidentes panameños, previo a concluir el mandato. El caso de los terroristas era distinto, pero el procedimiento podía ser aplicado una vez que se les condenase.

Tal y como se esperaba, el 20 de abril de 2004, a poco más de un mes de concluido el juicio, se dictó, una sentencia insuficiente contra los terroristas. Posada Carriles y Jiménez Escobedo, quienes fueron sancionados a ocho años; mientras Remón Rodríguez, Novo Sampoll y Matamoros Chacón y el panameño Hurtado Viveros, a cuatro años. No se consideró dos delitos esenciales y sólidamente probados durante las investigaciones y en el juicio: Asociación Ilícita para Delinquir y Posesión de Explosivos, que indudablemente eran los más graves y que de haber sido considerados la pena sería mayor.

Realmente resultó incongruente la condena impuesta a los terroristas con las obligaciones internacionales contraídas por las autoridades de Panamá para combatir al terrorismo en medio de un esfuerzo mundial por contener este flagelo. El tratamiento jurídico dado y el final sorprendente, no por esperado, fueron consecuencia de fuertes presiones externas que comprometieron la credibilidad y solvencia ética del sistema gubernamental panameño de entonces. Como se ha dicho para Estados Unidos, también en Panamá parece que la justicia y la ley son entes diferentes.

El 26 de agosto de 2004 a pocos días de concluir su mandato la entonces presidenta de Panamá, la dadivada Mireya Moscoso indultó a los terroristas anticubanos sin haber concluido el proceso jurídico pendiente de la apelación.

La connivencia de esta decisión con los intereses de los delincuentes fue evidente, incluso la saliente mandataria llamó de inmediato al embajador de los Estados Unidos, Simón Ferro, de origen cubano, para informarle el oprobioso gesto, dando por cumplido el mandato de la embajada.

Las autoridades cubanas, en gesto digno ante la afrenta, decidieron romper relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno panameño y denunció internacionalmente este inamistoso e irresponsable acto. Tres de los delincuentes fueron recibidos como héroes por sus iguales en Miami, mientras que Luis Posada Carriles se internó, nuevamente en Centroamérica, por los caminos del terrorismo para continuar con sus fechorías.

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