Un Parlamento a tono con su pueblo y su tiempo
Un Parlamento a tono con su pueblo y su tiempo

POR: ANGÉLICA PAREDES / LETICIA MARTÍNEZ / YAIMA PUIG / DEMETRIO VILLAURRUTIA

Por primera vez en su historia, la Asamblea Nacional del Poder Popular se realizó de manera virtual. La epidemia de la COVID-19 impuso al máximo órgano legislativo cubano efectuar el Quinto Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente a la IX Legislatura, a través de videoconferencia desde el Palacio de Convenciones y enlazado con todas las provincias del país y la Isla de la Juventud.

En esta jornada -que tuvo una fuerte sesión de trabajo con la presentación de la Liquidación del Presupuesto del Estado del 2019 y de la Estrategia Económica y Social para la recuperación del país del impacto ocasionado por la pandemia de la COVID-19, así como la aprobación de cuatro leyes- participaron el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,

En sus palabras iniciales, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, evocó al Comandante Camilo Cienfuegos, héroe nacido del pueblo, que desapareció físicamente el 28 de octubre de 1959, dejando una profunda huella en la Revolución que también forjó.

El Presidente del Parlamento expresó que la COVID-19 puso a prueba la capacidad de resistencia de los cubanos, en medio de la crisis mundial generada por la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y la hostilidad del Gobierno norteamericano, pero Cuba ha sabido enfrentar esta batalla por la vida y, con seguridad, la vencerá.

Luego de varios meses sin poder reunirse en una sesión ordinaria, los diputados dedicaron un minuto de silencio para rendir tributo a tres parlamentarios que fallecieron durante este difícil año. El sentido homenaje fue ofrecido a Eusebio Leal Spengler, a Antonio Alberto Pérez Santos y a Yamilka Acosta Álvarez, quienes se entregaron con pasión a la labor legislativa.

En el segmento inicial de la Asamblea Nacional del Poder Popular tomaron oficialmente posesión de sus cargos veinte diputados de varios territorios del país, recién elegidos, quienes habían juramentado el pasado lunes. A ellos, el Presidente del Parlamento les pidió: “no olviden que el primer deber es la vinculación con su pueblo”.

En esta jornada participó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz. Foto: Estudios Revolución.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN, 2019

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, presentó a la aprobación de los diputados cubanos la Liquidación del Presupuesto del Estado, correspondiente al año 2019, periodo en el cual la economía cubana se desenvolvió bajo fuertes tensiones financieras a causa del recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos, que impactó prácticamente en todos los sectores de la economía nacional.

En ese entorno, dijo, se ejecutó el Presupuesto del Estado, con el principio de que es eminentemente social, por lo que concentró sus recursos en el respaldo de los programas de desarrollo social, los servicios básicos a la población, la implementación de políticas sociales, el respaldo a la defensa y a la recuperación de las afectaciones ocasionadas por los eventos climatológicos que dañaron al país, sobre todo el tornado que azotó a cinco municipios de la provincia de La Habana.

Bolaños Weiss recordó el hecho de que en 2019 se aprobó el oportuno y esperado incremento parcial del salario al sector presupuestado y las pensiones de la Seguridad Social, valorado en unos 4 mil 198 millones de pesos. Este fue asumido, aclaró, sin afectar el déficit fiscal planificado, para lo cual fue necesario implementar medidas dirigidas a potenciar las reservas de ingresos y ajustar los gastos presupuestarios.

La Titular explicó que en el último cuatrimestre del año pasado se incrementaron las tensiones financieras, a causa de la hostilidad del Gobierno estadounidense hacia Cuba -que, por ejemplo, impuso duras trabas para que llegara combustible a la Isla-  y en consecuencia se produjeron afectaciones en los niveles de las actividades productivas y de servicios, las cuales conllevaron a estimar un incumplimiento de los ingresos en 1 653 millones de pesos.

Ante esa situación, el Consejo de Estado aprobó un incremento del déficit fiscal establecido en la Ley 126 del Presupuesto del Estado para el 2019 y lo enmarcó en 7 029 millones de pesos, que significó 842 millones más y un aumento de la demanda financiera (deuda pública), la cual quedó fijada en 10 963 millones.

La Ministra de Finanzas y Precios informó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el déficit fiscal que se obtuvo fue de 6 435 millones de pesos, inferior al estimado en 594 millones. Ese déficit representó el 6,2% del Producto Interno Bruto a precios corrientes.

Los ingresos tributarios se mantuvieron como la principal fuente para el financiamiento de los gastos, al constituir el 74% del total de los ingresos netos. Estos ascendieron en el 2019 a 43 170 millones de pesos, que significó un crecimiento del 3% con respecto al año anterior.

Los aportes de las formas de gestión no estatales crecieron en un 19%, para el 14% del total de ingresos recaudados, y el 19% de los ingresos tributarios. Los trabajadores por cuenta propia generaron los mayores aportes con 3 857 millones de pesos, un 11% superior a lo que se había planificado para este sector. No obstante, aún persiste morosidad en el pago de los tributos y subdeclaración de ingresos.

En el informe presentado a los diputados se precisa que al concluir el 2019 la ejecución de los gastos totales fue de 65 775 millones de pesos, que constituyó un 98%. En la actividad presupuestada se priorizaron los servicios básicos a la población, preferencialmente en los sectores de la Educación, Salud Pública, Asistencia Social y Seguridad Social, que constituyeron el 67% del total del gasto de la esfera social.

En la actividad no presupuestada se ejecutaron 19 470 millones de pesos, que garantizaron la financiación al proceso productivo en la actividad empresarial. Estos se destinaron, fundamentalmente, a la financiación de las exportaciones y la sustitución de importaciones; los precios minoristas subsidiados; así como a las subvenciones a las unidades presupuestadas con tratamiento especial, a las organizaciones y asociaciones, y a las pérdidas empresariales.

En el documento de la Liquidación se señalan, igualmente, las principales insuficiencias en la ejecución presupuestaria. Entre ellas se significan las reiteradas indisciplinas informativas y financieras; el exceso de unidades presupuestadas con demanda financiera; el registro de elevadas cifras como faltantes, pérdidas y sobrantes extemporáneos y sin soporte documental; e incumplimientos de la contratación económica.

Todo lo cual, indicó el Presidente de la Asamblea Nacionaltiene que ser de total dominio de los diputados para poder incidir, desde la base, en la solución de los problemas.

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA, LA TAREA DE MAYOR PRIORIDAD

Un impacto recesivo ha provocado en la economía mundial la COVID-19, del cual lógicamente tampoco ha estado exento nuestro país, consideró el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el presentar una actualización sobre la implementación de la Estrategia Económica y Social para impulsar la economía y enfrentar la crisis mundial generada por la pandemia.

Cifras estimadas para el comportamiento de la economía en América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo y con altos niveles de informalidad laboral, constituyen una muestra evidente del rumbo que han tomado los destinos de muchas naciones.

En 9,1% se estima sea la caída del PIB en nuestra región, a lo cual se suma la previsión de un aumento de más de 18 millones de desempleados respecto al 2019, así como el incremento de la tasa de pobreza hasta el 37,3%, con lo cual se alcanzaría la triste cifra de 231 millones de pobres, 96 millones de ellos en extrema pobreza, explicó Gil Fernández.

En Cuba, si bien no se alcanzaron ni alcanzarán tan abrumadoras cifras, se ha tenido que enfrentar el impacto de la pandemia con una afectación a los ingresos provenientes del turismo; el incremento de los gastos de salud; y  la interrupción del empleo y paralización o disminución de la actividad no estatal.

A ello se une elarreciamiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos, que entre los años 2019 y 2020 ha aplicado más de 130 medidas, apostando por esa vía a asfixiar nuestra economía, crear descontento y desánimo en la población y culpar de ello a la supuesta “ineficiencia de nuestro modelo económico”, abundó el viceprimer ministro.

Por primera vez en la historia –dijo- los daños ocasionados por el bloqueo superan los 5 000 millones de dólares en un año.

No obstante, recordó, no hemos dejado de trabajar en la búsqueda permanente de alternativas y soluciones. En medio de las limitaciones de recursos se han asumido elevados gastos en la esfera de la salud para enfrentar la epidemia de la  Covid-19; se han mantenido servicios vitales a la población, y se venden productos alimenticios y de aseo esenciales, algunos distribuidos de manera regulada para mayor equidad y justicia.

Si bien en la actualidad enfrentamos un periodo de escasez de oferta, ello no ha sido impedimento para combatir la enfermedad y mantener la vitalidad en la vida económica y social. “Nuestro pueblo, como siempre, ha dado una vez más muestra de responsabilidad y disciplina”, reconoció.

Justamente para enfrentar ese complejo contexto, comentó el Titular de Economía y Planificación, el Consejo de Ministros aprobó en el mes de julio la Estrategia Económica y Social para impulsar la economía y enfrentar la crisis mundial generada por la COVID-19. Su implementación inició inmediatamente, recordó.

En paralelo con las acciones que ello implica, también se ha continuado controlando la ejecución del Plan de la Economía del año 2020, con el ajuste realizado en el mes de abril, y se trabaja en la elaboración del Plan de la Economía para el año 2021.

De manera particular sobre la Estrategia, Gil Fernández acotó que, tal como se ha informado, está compuesta por 16 áreas de resultados claves en las cuales se ha ido trabajando y se evidencian algunos avances.

La producción de alimentos; el incremento e incentivo a las exportaciones; el fortalecimiento de la empresa estatal; la descentralización gradual en la asignación de financiamiento en divisas en la economía; el perfeccionamiento del sector no estatal; el desarrollo territorial; el ordenamiento monetario y la informatización de la sociedad, fuero los ocho elementos de la Estrategia sobre cuyos avances detalló el también Viceprimer Ministro en su intervención.

Acerca de la producción de alimentos, una tarea de máxima prioridad para la nación, explicó que se han dado pasos en la flexibilización de la contratación de fuerza de trabajo en la agricultura, con lo cual se crean condiciones más favorables para el empleo en este importante sector.

Además, se han aprobado incentivos fiscales para estimular la elaboración y comercialización de alimentos; se iniciaron las ventas en moneda libremente convertible a la base productiva del sector agropecuario; y se trabaja en la trasformación del papel de la empresa estatal en la agricultura.

Por otra parte, acotó que, si bien todavía resulta incipiente la producción del sector no estatal con destino a la exportación, ya se comienzan a desarrollar en muchos lugares y se despierta un mayor interés. Hasta el momento se han firmado 196 contratos, 15 de exportación y 181 de importación.

Al referirse al fortalecimiento de la empresa estatal socialista, sujeto principal de la economía nacional y que desempeña un papel trascendental en la producción de bienes y servicios, dijo Gil Fernández que la Estrategia concibe avanzar en la autonomía de su administración y gestión. Para ello, rememoró, fueron aprobadas recientemente 15 nuevas medidas encaminadas a su fortalecimiento.

Más adelante, comentó sobre la implementación gradual de un nuevo sistema de asignación de divisas en la economía, “más descentralizado y que favorece la gestión empresarial y el encadenamiento productivo”. Hasta el 23 de octubre, actualizó, se han incorporado a la implementación del nuevo sistema 142 empresas, de ellas 126 estatales y 16 mixtas.

No es solo un cambio de procedimiento, subrayó, es “una manera diferente de pensar y actuar, en la que la empresa adquiere mayor autonomía y, a su vez, asume más responsabilidad con los resultados de su gestión”.

También por el aporte del sector no estatal, aseguró, transita la recuperación de la actividad económica. De ahí que en la Estrategia, el perfeccionamiento de este sector constituya un aspecto esencial.

Más adelante, abundó sobre las acciones que se han diseñado para propiciar el desarrollo territorial en el país, como parte de lo cual se aprobó una política de trabajo, de gran importancia para la nación y que tiene como propósito impulsar el desarrollo de los territorios, de modo que se fortalezcan los municipios y se doten de la autonomía necesaria, aspecto clave para el autoabastecimiento municipal.

Acerca de los pasos que se han dado en el ordenamiento monetario del país, valoró que constituye una medida imprescindible para alcanzar una transformación de fondo en el funcionamiento económico del país y debe ser aprovechada para el desarrollo de nuestro sector productivo.

“Podemos afirmar que no resulta posible implementar con éxito la Estrategia sin transformar el actual entorno monetario.”

De manera general, actualizó sobre otras tareas de la Estrategia en las que también se trabaja. Entre ellas la transformación del sistema de gestión de la gastronomía estatal; la recuperación del turismo; la atención en los talleres automotores estatales a los trabajadores por cuenta propia; incentivar el tránsito de actividades presupuestadas a empresariales; flexibilizar la comercialización de inventarios ociosos y de lento movimiento; y perfeccionar la planificación.

Son todas transformaciones profundas, recordó Gil Fernández, que debemos implementar con innovación. De ahí que en lo realizado hasta ahora ha sido determinante el papel desempeñado por las universidades y centros científicos en los análisis y elaboración de las propuestas.

“Implementar con resultados la Estrategia Económico-Social, constituye en estos momentos la tarea de mayor prioridad en la economía”, enfatizó.

Tras la exhaustiva presentación realizada por el Ministro de Economía y Planificación, la Asamblea Nacional del Poder Popular manifestó su total respaldo a la Estrategia, un documento público ya aprobado por la instancia correspondiente, cuyo éxito depende en gran medida del trabajo mancomunado de todas las instancias, sean o no productivas.

“No olviden que el primer deber es la vinculación con su pueblo”. Foto: Estudios Revolución.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR, FIEL A LA DIPLOMACIA REVOLUCIONARIA

Jerarquizar y centralizar en un solo cuerpo legal, con rango de Ley, de contenido estructural y organizacional, el funcionamiento del Estado en cuanto al Servicio y la Acción Exterior, congruente con los principios de la diplomacia revolucionaria, es el objetivo esencial de La Ley de Servicio Exterior, aprobada por la Asamblea Nacional.

Al presentar la normativa, el diputado Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, significó que el texto toma en cuenta la experiencia histórica de más de un siglo de diplomacia mambisa, antimperialista, internacionalista y revolucionaria.

El canciller recordó la decisiva contribución de Cuba a la unidad y la integración regional, y su compromiso con la paz, heredado del pensamiento del líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz; mantenido y defendido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz; y continuado por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Evocó, además, los principios enarbolados en la arena internacional por el Comandante Ernesto Che Guevara y Raúl Roa, el canciller de la dignidad.

En su intervención, Bruno Rodríguez Parrilla subrayó que Cuba ha mantenido una política exterior independiente frente al inédito recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos, y el creciente y cruel intento de castigar a la familia cubana, agravado en medio del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.

De igual manera, destacó que, en cualquier circunstancia, nuestro país ha promovido la solidaridad y la cooperación médica internacional.

El Ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que la nueva Constitución, adoptada en libre referendo -la cual reafirma y renueva los principios de la política exterior- nos lleva a la adopción de esta Ley.

Al destacar la amplia participación que tuvo su proceso de discusión, donde se examinaron las opiniones y sugerencias de los diputados y ciudadanos, consideró que esta Ley contribuirá a fortalecer la unidad, coherencia, coordinación, planificación y eficacia en la Acción Exterior del Estado y Gobierno cubanos.

El canciller ratificó que la organización y funcionamiento del Servicio Exterior cubano se lleva a cabo bajo la guía del Partido Comunista de Cuba, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y las indicaciones del Presidente de la República.

El Ministro de Relaciones Exteriores puntualizó que, en la actualidad, Cuba mantiene relaciones diplomáticas con 197 estados, organismos y organizaciones internacionales. El país cuenta con 127 misiones en el exterior y 142 oficinas consulares en 22 naciones.

De manera especial, Bruno Rodríguez Parrilla expresó el sentido tributo a los mártires del servicio exterior cubano que en diferentes latitudes cayeron sirviendo a la Patria.

La Ley del Servicio Exterior, previamente analizada por los diputados en varias sesiones de trabajo, formula los principios rectores de la diplomacia revolucionaria de la Mayor de las Antillas. La legislación regula el Servicio Exterior de la República, así como las atribuciones, las obligaciones y los derechos de los miembros que lo integran.

Entre sus regulaciones figura lo relativo a la dirección, ejecución, control e inspección de la política exterior del Estado y el Gobierno; la integración y organización del servicio exterior; y las funciones de las misiones diplomáticas y consulares.

La normativa adoptada por los diputados establece entre las funciones comunes de quienes intervienen en la Acción Exterior del Estado y el Gobierno, salvaguardar la soberanía y los intereses del pueblo cubano; promover y defender los fundamentos políticos establecidos en la Constitución de la República, además de mantener y desarrollar las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, consulares y de cooperación, con los demás gobiernos y pueblos.

MAYOR FUNCIONABILIDAD DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO EN CUBA

Con la vigencia de la Constitución de la República, proclamada el 10 de abril de 2019, se introdujeron importantes cambios dentro de la organización y el funcionamiento del Estado cubano, particularmente en el ámbito del Consejo de Ministros, lo que hizo necesario ajustar su marco jurídico a las disposiciones constitucionales.

En ese sentido, la Asamblea Nacional del Poder Popular consideró necesario dictar una ley que regule, de manera orgánica, sistémica y unitaria, la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros.

Esta Ley marca un paso importante para trabajar por una mayor funcionabilidad del Gobierno, como afirmó en la presentación del texto la diputada Elba Martínez Amador, jefa del Grupo de Asesoría Jurídica del Consejo de Ministros.

La Ley aprobada en esta sesión ordinaria del Parlamento regula, además, lo relativo al Comité Ejecutivo de ese órgano de Gobierno, al Primer Ministro, los viceprimeros ministros, el Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros, definido como el máximo órgano ejecutivo y administrativo, que constituye el Gobierno de la República.

La normativa adoptada -dividida en 13 capítulos, 201 artículos y tres disposiciones finales- establece que, entre otras importantes funciones, corresponde al Consejo de Ministros cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución y sus leyes.

Al dar a conocer el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, su presidente, José Luis Toledo Santander, acentuó que entre los aspectos que se encuentran regulados se aprecian la definición e integración del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo, sus atribuciones, la designación, sustitución, revocación o renuncia de los viceprimeros ministros, del Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros, alcanzándose un  proyecto normativo más abarcador, en relación con su antecesor, el Decreto-Ley No. 272, del 16 de julio de 2010.

El diputado Toledo Santander apuntó que en esta Ley resultan novedosos varios contenidos, como los regulados para el cargo de Primer Ministro, lo dispuesto en materia de iniciativa legislativa, la facultad para promover la interpretación de la Constitución y las leyes que le asiste a este órgano.

De igual manera, aseveró, se consolidan atribuciones y se fortalecen las relaciones del Consejo de Ministros con otros órganos, organismos y entidades estatales.

Con respecto a las opiniones que fueron emitidas sobre el proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, Toledo Santander apuntó que se recibieron propuestas de inclusión de contenidos, modificaciones o supresiones parciales de los mismos.

Agregó que la generalidad de las observaciones fue analizada y se brindó una respuesta oportuna ante los diversos criterios manifestados.

La Ley de la Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece que el máximo órgano ejecutivo y administrativo del país, sus miembros y los funcionarios y empleados de su estructura auxiliar, están obligados a respetar, atender y dar respuesta al pueblo, mantener los estrechos vínculos con este y someterse a su control, en las formas establecidas en la Constitución y sus leyes.

APROBAR LAS LEYES, CONOCERLAS Y EMPLEARLAS BIEN

Durante la jornadavespertina fue sometido a consideración de los diputados, y luego aprobado, el Proyecto de Ley de Revocación a los Elegidos a los Órganos del Poder Popular, antecedido de un amplio proceso de consulta que generó 32 recomendaciones.

La propuesta de normativa, presentada en plenario por el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, consta de nueve capítulos, trece secciones, dos artículos y cuatro disposiciones especiales y finales.

Este cuerpo legal responde a la necesidad de actualizar la normativa vigente, -la ley No. 89, del 14 de Septiembre de 1999-, para establecer, en el contexto actual, los procedimientos de revocación de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, de sus presidentes y vicepresidentes. Igualmente, de los gobernadores y vicegobernadores, diputados, Presidente, vicepresidentes y Secretario de la Asamblea Nacional, los miembros del Consejo de Estado, así como del Presidente y Vicepresidente de la República.

Esta Ley contiene elementos novedosos para la revocación de las nuevas autoridades, como son los casos de los gobernadores, vicegobernadores, y el Presidente y el Vicepresidente de la República.

En su concepción fortalece los procedimientos a partir de la consolidación del régimen de garantías y transparencia, y la protección a los diputados que se desempeñen en la máxima dirección de los Órganos del Estado y el Gobierno, y de los miembros del Consejo de Estado.

La entrada en vigor de la Ley de revocación a los elegidos a los Órganos del Poder Popular deroga la Ley No. 89, del 14 de Septiembre de 1999, Ley de Revocación de Mandato de los Elegidos a los Órganos del Poder Popular.

Seguidamente, la diputada Elba Martínez Amador, jefa del Grupo de Asesoría jurídica del Consejo de Ministros, presentó a aprobación el Proyecto de Ley del Presidente y Vicepresidente de la República, una disposición que tiene como objetivos regular la organización y el funcionamiento de ambas figuras al elevarlo a rango de ley.

La norma jurídica establece las pautas para el ejercicio de las funciones del Jefe de Estado, el ámbito de actuación del Vicepresidente, así como las relaciones con los órganos, organismos y entidades estatales, los ciudadanos y las organizaciones de masas y sociales.

De igual manera, desarrolla las atribuciones constitucionales y otras imprescindibles para la articulación y el ejercicio de las funciones representativas del Estado, de dirección política general, la política exterior, las relaciones con los estados y la relativa a la defensa y la seguridad nacional.

Antes de la aprobación del cuerpo legal, y como parte de un ejercicio participativo, este Proyecto de Ley fue publicado en el sitio Web de la Asamblea Nacional para posibilitar el conocimiento y la interacción con los ciudadanos que aportaron sus opiniones.

“Es una disposicion novedosa por la ausencia de antecedentes normativos al respeto de nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, pues algunos de sus preceptos se encuentran actualmente sustentados por otras leyes que reconocen facultades al Presidente de la República, como por ejemplo el término del cual se asume de manera interina, la rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional y el otorgamiento de condecoraciones y títulos honoríficos, la conformación de la presidencia de la República y la estructuración del aparato auxiliar para asistir al presidente.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, consideró que con este ejercicio legislativo se aprueban cuatro importantes leyes, lo cual constituye un aporte al desarrollo de la nueva insitucionalidad de nuestro país.

No basta con aprobar esas leyes, remarcó, se requiere del conocimiento de su contenido y el manejo permanente de ellas.

Tomado de Presidencia Cuba

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