Perseguido político, condenado en ausencia por el régimen derechista de Ecuador, el expresidente Rafael Correa denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le exigió presencia física para inscribirlo como candidato a la vicepresidencia de su país en las elecciones del 2021.
Correa formó binomio con el joven economista Andrés Arauz por el partido Cambio Democrático, una alianza de organizaciones de izquierda, ya que el actual mandatario Lenín Moreno robó el nombre de su agrupación política, Alianza País, bajo cuya bandera destruyó (aunque fue su vicepresidente durante seis años), el proceso político progresista e implantó el neoliberalismo en su forma más brutal.
En contra de lo establecido por la ley y la Constitución Nacional, el CNE solicitó el término jurídico de “aceptación personalísima” —en contra de lo que determinan las leyes— del aspirante, aun cuando esa regla perjudica a los emigrantes y personas que en el momento de la inscripción se encuentran en el exterior, enfermos de COVID-19 u otras especificaciones.
El pasado día 1.o, Pierina Correa, hermana del exmandatario, residente con su familia en Bélgica, y su apoderada legal, trató infructuosamente que le entregaran el formulario que avala la preinscripción de candidatura.
“Hoy, con la lista número 1, vamos a recuperar la patria. Aceptaré la candidatura de Rafael (Correa) como su delegada oficial y también tendremos su aceptación vía telemática” —declaró Pierina a la prensa.
Según la agencia de noticias Prensa Latina, la representante legal refirió: “Es incongruente que, en época de pandemia, todo el mundo y no solo el Ecuador, todo el mundo… esté haciendo teleducación, telemedicina, y que ahora se exija la presencia física de los candidatos solo para decir ‘Sí, acepto mi candidatura’. Esto está direccionado en contra de Rafael Correa” —y ratificó que ella encabezará la lista de aspirantes a la Asamblea Nacional—. Mientras, Correa se mantuvo presente vía videoconferencia durante el proceso para avalar y aceptar la predignidad.
El exmandatario, si retornara a Quito, será detenido de inmediato, pues existen en su contra más de seis procesos judiciales, sin basamentos legales, pero que lo inhabilitarían políticamente, entre ellos el llamado Soborno, que implica a más de veinte dirigentes de la antigua Alianza País.
Sin perder tiempo, y ante la negativa del CNE, remitió su aceptación con firma electrónica a la institución electoral, la Defensoría del Pueblo y la Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, la presidenta del CNE que responde a Moreno, Diana Atamaint, argumentó, al recibir la documentación, que la aceptación de las precandidaturas es “personal, personalísima y quien no cumpla el requisito no podrá inscribirse”.
Atamaint se refirió a la posibilidad de que Correa presente su precandidatura mediante un poder notarial y precisó que el CNE dará cumplimiento “irrestricto al reglamento y la ley, y es para todos”, defendiendo que la aceptación será aceptada de forma personal en las oficinas de la institución.
Es notable que la presidenta del CNE viole la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, denominada Código de la Democracia, promulgada sin número el 27 de abril de 2009, que establece en su artículo número 100: “…las candidaturas a presidente y vicepresidente se realizan por la máxima autoridad del partido político que auspicie la postulación”.
Por su parte, el Reglamento General a la Ley de Elecciones, en vigor por la Resolución número 1 del tribunal Supremo Electoral ecuatoriano el 20 de marzo de 2000, en su artículo 48, párrafo cuarto, regula que para la presentación de candidaturas no es necesaria la presencia de los candidatos.
Para analistas, con esa actitud, el CNE impide a todos el derecho de participación, aunque habían previsto que resultaría muy difícil que el régimen de Moreno permitiera la postulación de Correa, quien gobernó la llamada “nación meridiana del mundo” durante diez años (2007-2017), con éxito en importantes renglones básicos en la vida ciudadana.
Hay más leyes que amparan las aspiraciones del líder de la Revolución Ciudadana. El Reglamento General a la Ley de Elecciones ampara la Resolución número 1 del Tribunal Supremo Electoral ecuatoriano, del 20 de marzo de 2000, el que en su artículo 48, párrafo cuarto, regula que para la presentación de candidaturas no es necesaria la presencia de los candidatos.
Asimismo, el Reglamento Para la Inscripción y Calificación de Candidaturas de Elección Popular, emitido por resolución número 021-PLE-CNE-2020 del CNE, específicamente para las elecciones generales de 2021, establece en su artículo 6 que las candidaturas se presentarán por la máxima autoridad del partido político que auspicie la postulación, dando la posibilidad, aunque no la obligación, de que el candidato esté presente físicamente.
El CNE convocará el próximo día 17 a la inscripción formal de los aspirantes desde el siguiente día (18) hasta el 7 de octubre. Tras este proceso se confirmarán oficialmente las solicitudes.
Entre los binomios que también acudieron el pasado martes al CNE figura el de Ximena Peña y Patricio Barriga, como aspirantes a la presidencia y vicepresidencia por el oficialista Alianza País, con pocas posibilidades de subsistencia después de la considerada pésima legislatura de Moreno.
Correa dejó Ecuador en manos de su amigo y compañero de partido, y lo impulsó para que ganara los comicios de hace cuatro años atrás, sin pensar en que poco después traicionaría las ideas revolucionarias y entregaría los bienes más preciados del país al capital local y extranjero y endeudaría Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En una de sus primeras decisiones hizo las paces con figuras y asociaciones de la derecha que lucharon contra el anterior gobierno izquierdista de manera violenta.
Moreno también puso al sistema de justicia en función de perseguir a los antiguos dirigentes y militantes de la Alianza País de Correa para encarcelarlos y alejarlos de la vida política. Cumpliendo con el programa de persecución judicial preparado por Estados Unidos, tanto el expresidente como varios de sus ministros y otras autoridades tuvieron que asilarse en otros países o vivir en la clandestinidad.
Uno de los casos más sonados fue el armado contra el vicepresidente Jorge Glas, quien acompañó los últimos meses de Alianza País y otros tantos con Moreno, y ahora cumple seis años de prisión luego de un juicio amañado y sin pruebas. En el llamado caso Sobornos, el régimen derechista implicó a más de 20 ex dirigentes de Alianza País, entre ellos María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas y Transporte, quien la pasada semana se asiló en la embajada de Argentina tras ser mandada a detener por Moreno.
El presidente ecuatoriano, considerado un títere aventajado de Donald Trump, aplicó la misma metodología que Brasil contra el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva, y en Argentina con Cristina Fernández, en igual grado de jerarquía política, ambos con dos mandatos de gobierno.
Pero al igual que Lula da Silva va ganando el proceso judicial en su contra armado por el exministro de Justicia y exjuez, Sergio Moro, igual sucedió en Argentina cuando quedó demostrada la inocencia de Fernández, quien ahora ocupa la vicepresidencia de la nación porteña.
Cierto es el dicho popular de que la mentira tiene patas cortas. Al igual que sucedió con estos dos líderes políticos suramericanos, que fueron llevados a la picota judicial siendo inocentes, lo cual quedó demostrado después, en la situación de Correa también se va desmoronando la montaña de falsedades urdidas por un complejo entramado derechista integrado por el gobierno, el sistema judicial y los medios de comunicación que responden a los conservadores.
Una de las principales acusaciones contra el líder del izquierdista Alianza País fue su supuesta participación en el fallido secuestro en Colombia del líder opositor Fernando Balza en 2012, entonces exiliado en ese país.
Aunque los cargos fueron negados, Balza y Moreno indicaron la culpabilidad de Correa, que ahora quedó libre de cualquier duda sobre el mentiroso rapto —“que nunca ocurrió”—, según declaró esta semana el ex agente de Inteligencia de Ecuador, Raúl Chicaiza, uno de los presuntos secuestradores.
En conferencia de prensa en Buenos Aires, Chicaiza confesó que fue presionado para involucrar al ahora candidato a la vicepresidencia, quien habría ordenado la operación. Con ello, dijo, evitaría nueve años de cárcel. “No hubo secuestro, hubo un pacto político de sus adversarios”, señaló el exagente. El plan fue orquestado con la colaboración de la justicia para promover revanchas políticas. “La política está incrustada en el sistema judicial”, se lamentó Chicaiza.
Asilado en Argentina, el exagente precisó: “Mi vida ha corrido riesgo, a pesar de que formé parte del complot con Moreno. He tenido tres atentados de bala y un accidente de tránsito”.
Sobre Balda, Chicaiza aseguró que “se reunía clandestinamente con Lenín Moreno en Esmeralda para armar el montaje del caso que perjudicó a Correa”.
Ahora, con estos nuevos elementos —y otros que se estima irán saliendo sobre otras causas endosadas del exmandatario— comienza el desmontaje de la persecución judicial. Empero, su inscripción en las próximas elecciones tiene que pasar por la aprobación de EE. UU., lo que resultará muy difícil dada la política de odio de esa nación norteña hacia el progresismo y el socialismo.
