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En días pasados, Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, aseguró: “Las sanciones de Estados Unidos a Cuba están diseñadas para negar recursos al régimen de Castro, tales recursos se emplean para controlar y abusar de los derechos del pueblo cubano e interferir en países de la región”.

Es indudable que la guerra económica, comercial y financiera va dirigidas a matar de hambre y enfermedades al pueblo, no a los gobernantes.

Para justificar sus actos criminales en medio de la pandemia, y haciendo caso omiso de los reclamos del mundo, pretenden engañar a los que no se han leído el amasijo de leyes aprobadas por el Congreso, para impedir el comercio con la Isla, las transacciones financieras y la entrada de buques a puertos cubanos.

Kozak ocupa actualmente el mismo cargo que tenía en 1960 Lester Mallory, quien el 6 de abril de 1960, redactó un memorando a su jefe donde afirmó:

“No existe una oposición política efectiva en Cuba; por tanto, el único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la Revolución es a través del desencanto y el desaliento basado en la insatisfacción y las dificultades económicas.

Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. Negarle dinero y suministros para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Desde entonces las acciones yanquis van dirigidas al pueblo, no a sus gobernantes, para que los primeros culpen al sistema de sus penurias.

Estados Unidos no puede mentirle más al pueblo cubanos ni al mundo, se conocen sus planes macabros para desmotar el socialismo, única razón para la ejecución de sus programas de acciones encubiertas, contentivos de actos terroristas, guerras biológicas, asesinato de sus dirigentes y planes de subversión política y psicológica.

A Michael Kozak hay que recordarle algunos documentos elaborados por la CIA, sobre la situación interna en Cuba, que afirman sin ambages:

“El principal objetivo de los programas encubiertos contra Castro es completar el aislamiento económico, político y psicológico de Cuba respecto a América Latina y el mundo libre. […] Estas medidas han sido en buena parte responsables de las actuales dificultades económicas de Castro, pero pudieran adoptarse nuevas y eficaces medidas de Guerra Económica”.

El sub secretario no debe engañar al mundo y reconocer las sanciones injustas, unilaterales y criminales impuestas por Washington contra Cuba, solo por haber decidido mantener su independencia.

Las sanciones aplicadas contra el pueblo cubano, lo hacen padecer por un amasijo de leyes, tales como:

Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917; Ley de Cooperación Internacional, de 1961; Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, de 1963; Ley para la Democracia en Cuba, de 1992, conocida también como Ley Torricelli; Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996, (Ley Helms-Burton); y Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, de 2000.

Todas persiguen el propósito de reforzar jurídicamente la guerra económica y comercial, con el fin de ahogar la economía cubana y después culpar al sistema socialista.

El presidente Dwight D. Eisenhower, suspendió el comercio con Cuba días después del 3 de enero de 1961, cuando rompió las relaciones diplomáticas.

La aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA, por sus siglas en inglés), aplicada por cada uno de los presidentes desde 1961, prohíbe cualquier tipo de transacción comercial o financiera con Cuba, incluidos viajes, transportes o negocios, “en tiempos de guerra o cuando se haya declarado una emergencia nacional en relación con un país específico”.

Desde 1978, todos los presidentes estadounidenses, (incluido Barack Obama y extendida recientemente por Donald Trump), han emitido memorandos que amplían por un año dicha ley contra Cuba, por una supuesta situación de “emergencia nacional”, al considerar que es “en interés nacional de los Estados Unidos”.

¿Sabrá Kozak que Cuba es el único país que se enfrenta a sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos, en virtud de tales disposiciones?

En 1961, el Congreso aprobó la Ley de Cooperación Internacional, que prohíbe toda ayuda a cualquier país comunista, incluida Cuba, y a cualquier otro país que le preste ayuda. Autoriza al presidente yanqui a “establecer y mantener un embargo total de todo el comercio entre Estados Unidos y Cuba”.

Por esa facultad, el 3 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy, suspendió el comercio con la Isla.

Obstinados por derrocar a la Revolución cubana, en 1963, Washington emitió las Regulaciones al Control de los Activos Cubanos (CACR, por sus siglas en inglés), basado en la sección 5.b de la Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917.

El argumento para las nuevas sanciones es “aislar económicamente al gobierno cubano y privarlo de dólares estadounidenses”, pero las consecuencias las sufre el pueblo.

Las Regulaciones al Control de los Activos Cubanos prohíben la exportación directa o indirecta de productos, servicios y tecnología estadounidenses a Cuba y establecen castigos penales que oscilan entre 10 años de prisión, multas a empresas de hasta un millón de dólares, multas individuales hasta 250 mil dólares y castigos civiles de hasta 55 mil dólares para quienes las violen.

El presidente George H. Bush firmó en 1992, la Ley para la Democracia en Cuba (Ley Torricelli), que prohíbe a las filiales de empresas estadounidenses establecer relaciones comerciales con Cuba. El pretexto insólito es “tratar de alcanzar una transición pacífica a la democracia y la reanudación del crecimiento económico de Cuba mediante la aplicación cuidadosa de sanciones contra el gobierno de Castro y el apoyo al pueblo cubano”.

¡Qué clase de apoyo queriéndolo matar por hambre y enfermedades!

En franco carácter extraterritorial, la ley “alienta a los gobiernos de otros países que mantienen relaciones comerciales con Cuba, a restringir sus actividades de comercio y crédito, y establece sanciones para cualquiera que preste ayuda a Cuba”,

Demagógicamente esa Ley establece que “las exportaciones de medicinas y equipo, instrumental y suministros médicos no deben restringirse, pero esos productos solamente pueden exportarse a Cuba, desde Estados Unidos o desde filiales estadounidenses en otro país, sí el Presidente determina que el gobierno de Estados Unidos puede verificar, mediante inspecciones sobre el terreno y otros medios adecuados, que el artículo exportado va a utilizarse para los propósitos a los que va destinado y sólo para el uso y beneficio del pueblo cubano”.

El Departamento de Comercio estableció en virtud de esa Ley: “el requisito de la inspección sobre el terreno se aplica a todas las ventas, y también a todas las donaciones de equipo, instrumental y suministros médicos”.

Además, expresó: “antes de exportar cualquier producto, debe obtenerse una licencia especial del gobierno estadounidense, y las solicitudes de licencia de exportación para la mayoría de los productos son objeto de una política de denegación, aunque algunos productos específicos son objeto de revisión caso por caso”.

La Ley Torricelli establece como condición que “los alimentos, las medicinas y los suministros médicos para fines humanitarios sólo pueden ponerse a disposición de Cuba cuando el gobierno cubano haya cambiado mediante elecciones libres y justas”.

¿Hay algún país que comercie libremente bajo esa espada de Damocles?

En su afán por aplastar el proceso soberano cubano, en 1996 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, “Ley Helms-Burton”, destinada a fortalecer el cumplimiento del Bloqueo estadounidense contra Cuba y en marzo de 1996, el presidente Bill Clinton firmó su entrada en vigor. De esa forma las sanciones contra Cuba adoptaron una mayor fuerza legal.

En octubre de 2000, el Congreso aprobó la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio y se permitió la venta de productos agrícolas y medicinas a Cuba por razones humanitarias, pero bajo la condición de que esas exportaciones se realicen mediante pago por adelantado y antes de que los productos se entreguen a Cuba; además, las transacciones tienen que realizarse a través de bancos en un tercer país.

Por esa razón, Cuba importó de Estados Unidos alimentos y productos agrícolas, pero la persecución a los bancos internacionales que efectuaban las transacciones con Cuba fue brutal y multados con cientos de millones de dólares, algo que no dice Kozak.

Ejemplos del acoso yanqui.

En julio de 2004 una empresa estadounidense de biotecnología con sede en California, fue multada por 168 mil 500 dólares, por el envío a Cuba, entre 1999 y 2002, de tres vacunas para bebés y niños, desde sus fábricas de Alemania e Italia.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA informó en 2008: “Se impidió que la empresa Abbott vendiera dos medicamentos de tratamiento del SIDA, el Ritonavir y el Liponavir+Ritonavir.

Hace pocos años el banco francés Credit Agricole, tuvo que pagar 787,3 millones de dólares a Estados Unidos, como sanción por presuntamente violar las leyes del embargo económico.

El banco BNP Paribas, el mayor banco francés, también se vio obligado a pagarle a Estados Unidos 8 mil 900 millones de dólares por similares motivos.

Entre 2009 y 2016 los yanquis impusieron 52 las multas por un monto de 14 mil 404 millones 358 mil 605 dólares, a varios bancos internacionales.

Recientemente las autoridades yanquis impidieron la entrada a Cuba, de una donación realizada por Jack Ma, fundador del gigante electrónico chino Alibaba, para enfrentar el Covid-19.

La causa es que la Ley Torricelli prohíbe que barcos estadounidenses toquen puertos cubanos y si son de empresas extranjeras están sujetos a una prohibición por 180 días, de cargar o descargar en territorio estadounidense.

¿Es así es como Estados Unidos “no impide” a los cubanos adquirir medicinas o alimentos?  A engañar a otros con ese cuento.

Preciso fue José Martí cuando señaló:

“Hay pocas cosas que en el mundo sean tan odiadas como los hipócritas”

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