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Autor: Yaditza del Sol González | internet@granma.cu

El ordenamiento monetario y cambiario en Cuba es un paso imprescindible para avanzar en la Estrategia económico-social del país, alejar aquellas distorsiones que hoy desestimulan la eficiencia y la generación de riquezas, y transformar un grupo de medidas que en su momento fueron necesarias, pero que han perdurado en el tiempo, y aunque durante ese proceso resulte inevitable hacer ajustes, no habrá terapias de choques.

Así aseguró Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos, durante el intercambio que sostuvo con los diputados cubanos, previo al V Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que fue transmitido este viernes.

Dicho proceso, indicó, es más grande que quitar una moneda. No solo estamos hablando de la unificación monetaria y cambiaria, sino también de la eliminación de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas, así como de una reforma salarial que conducirá a la transformación de los ingresos de los trabajadores, incluyendo los salarios y el sistema de pensiones y de las prestaciones de la asistencia social.

En el entorno monetario cubano, reflexionó, existen dos monedas domésticas de curso legal –CUC y CUP–, así como dos tasas de cambio, el del circuito de entidades mayoristas que fija 1 CUP x 1 CUC, y el circuito de personas naturales minoristas de 25 CUP x 1 CUC.

Para las personas en Cuba, el peso ya está devaluado y, consecuentemente, el salario ha perdido capacidad de compra; donde no se ha devaluado es en el sistema empresarial, y eso es lo que haremos, señaló.

«La gran diferencia entre las dos tasas de cambio implica riesgos, entre ellos la devaluación del peso cubano y, con ello, un proceso inflacionario, y este último elemento lo trataremos de controlar para que no supere lo que hemos estimado», afirmó.

A su vez, dijo, la devaluación viene acompañada de ajustes fiscales y monetarios, y favorecerá a los exportadores y a los que sustituyen importaciones. El reto, no obstante, es lograr una devaluación real y no nominal, para que así el tipo de cambio y los precios no crezcan en la misma medida, agregó el Jefe de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos.

El ordenamiento monetario y cambiario no está exento de riesgos, puntualizó. Uno de los más significativos –reiteró– es que la inflación sea mayor que la diseñada, como consecuencia de la solución a la dualidad monetaria. «Asimismo, algunas empresas estatales pueden presentar insolvencia por el efecto del incremento del costo de las materias primas importadas y la aplicación de la reforma salarial».

Otro peligro es la percepción, por parte de la población, del deterioro de la
capacidad de compra de los ingresos y del ahorro, debido a la eliminación de una parte de los subsidios y gratuidades que hoy se mantienen en la sociedad, y por la posible inflación, comentó.

Al respecto, ratificó que se respetará el saldo que hoy tienen las personas en sus cuentas bancarias según el tipo de cambio actual. «En el caso de las cuentas de ahorro, si hay incrementos de precios, inevitablemente se perderá capacidad de compra, pues resulta insostenible para la economía multiplicar ese ahorro por el tipo de cambio que se establezca. Eso nadie lo hace en el mundo».

«En relación con el sistema empresarial, vamos a cambiar el método que tienen para formar los precios, y así eliminar la ecuación de costos más un margen de utilidad, que en muchos casos nos ha llevado a financiar ineficiencias».

Según Murillo Jorge, como parte de un ejercicio que se realizó con 1 717 empresas –de ellas 1 275 de subordinación nacional y 442 de subordinación local–, con la intención de medir impacto financiero de estas medidas, pudimos conocer que, como regla, los exportadores y los que sustituyen importaciones tienen un resultado favorable, en tanto, las empresas de
subordinación nacional, en su conjunto, obtienen utilidades netas superiores a 100 000 millones de pesos.

Para aquellas empresas que reportaron pérdidas, se ha diseñado una estrategia para «calzarlas» monetariamente, al menos durante el primer año, luego de aplicado el ordenamiento monetario y cambiario, señaló.

Con ello, expresó, estaríamos evitando el cierre de estas entidades y situaciones como el desempleo, o que dejen de llegar a la población servicios básicos y de primera necesidad, que son generados por esas empresas. «Sin embargo, debe quedar reflejado el compromiso de cómo, en el tiempo, esas pérdidas se van a reducir y que la empresa irá ganando en competitividad».

Por otra parte, a las empresas de subordinación local del Comercio, Gastronomía y Servicios Personales y Técnicos no se les van a financiar las pérdidas, alertó.

¿CÓMO EVITAR UNA INFLACIÓN MAYOR QUE LA DISEÑADA?

A la par de la unificación monetaria y cambiaria, se han diseñado otras disposiciones que tienen en cuenta los riesgos que implica el proceso. Una de esas medidas, dijo el miembro del Buró Político del Partido, será flexibilizar la distribución de utilidades en las empresas para la repartición a sus trabajadores, con lo cual se busca poner en igualdad de condiciones a todos los actores económicos del país.

Habrá un descalce asociado a la devaluación en las obligaciones externas vencidas, las cuales serán asumidas por el Presupuesto del Estado; y se otorgarán créditos-puentes a las empresas, consistentes en facilidades de corto plazo para capital de trabajo, inversiones o salarios, añadió.

Las medidas contenidas en la Tarea Ordenamiento se aplicarían a inicio de un mes, para que las empresas puedan cerrar sus estados financieros y abrir con el nuevo tipo de cambio, comentó.

«Eso significa que el día primero de ese mes amanecemos con los nuevos precios y, para que los trabajadores puedan afrontar ese cambio, se ha diseñado un esquema de anticipo de salario». La empresa pagaría a sus trabajadores ese dinero los últimos tres días del mes anterior, y luego, en la fecha de cobro, entregaría la diferencia; para los pensionados y asistenciados también se va a aplicar ese mismo método de anticipo, explicó.

«Por otra parte, en aras de evitar inflaciones mayores que las diseñadas, se ha propuesto que un grupo reducido de productos que son transversales a la economía, tengan precios centralizados».

Se trata de 42 productos, entre ellos, el combustible, energía eléctrica, agua y alcantarillado, cemento, azúcar, café mezclado, picadillo texturizado, de res y de pescado; compotas, leche, queso fundido, yogur de soya y natural, mortadella, pastas alimenticias, pan de corteza dura, salchichas de pollo, cigarros y pasta dental, entre otros más.

Se definieron precios centralizados para Acopio y el sistema minorista, y se le dará facultad al sistema empresarial para que forme esos otros precios, que no son centralizados, pero tienen determinados límites, agregó.

«En relación con las formas de gestión no estatal, hemos propuesto un mecanismo de contención de precios mediante acuerdos, pues es verdad que van a recibir crecimientos de costos».

Una de esas medidas es la adecuación de la carga tributaria. La intención, dijo Murillo Jorge, es reducirles costos en términos de impuesto, con el objetivo de que no necesariamente el crecimiento de los precios sea al mismo ritmo de los costos.

También aumentará el mínimo exento, que es la parte del ingreso sobre la cual las personas no pagan impuestos porque respalda el costo de la vida, y el gasto deducible, agregó. «Este es el momento en que las formas de gestión no estatal actúen con responsabilidad social, a partir de la adecuación tributaria, aunque eso no se puede dejar a la espontaneidad».

Sobre el salario, destacó que tendrá como punto de partida la canasta de bienes y servicios de referencia, y se cumplirá el principio de que satisfaga las necesidades del trabajador y su familia.

Explicó que las diferencias entre el salario bruto y neto radica en la contribución a la seguridad social. «El elemento que se introduce, es que todos debemos pagar ese 5 %, con lo cual estaríamos financiando nuestra propia jubilación». El salario mínimo neto, que es el queda después de pagar la seguridad social, permitirá acceder al valor de esa canasta de referencia y un poquito más, destacó.

«Por otra parte, se establecerá un mínimo exento para el pago del impuesto sobre el salario (3 %)».

Referente a la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas, afirmó que se mantendrán, en un primer momento, un grupo de subsidios totales como los productos específicos que se les entregan a los niños de 0 a seis años, y a aquellos que padecen enfermedades crónicas de la infancia, entre otros.

A la par, hay otros que mantienen un subsidio parcial. Por ejemplo, los medicamentos asociados a enfermedades crónicas se quedan con subsidios, y el resto no, apuntó.

La política de trabajo será siempre proteger a los más vulnerables, aseveró. Por ello, no se extinguirán de oficio las prestaciones excepcionales aprobadas para núcleos en los cuales se abran oportunidades de nuevos ingresos, y se revaluarán todos los casos en un término de hasta seis meses a partir del día cero.

Aquellas personas que necesiten protección, podrán presentar una solicitud al trabajador social que radica en la sede del consejo popular o en la dirección de trabajo municipal, y de considerarse insolvente, esa prestación eventual deberá ser otorgada al solicitante en un plazo no mayor de 48 horas, esclareció.

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