Los resultados de las elecciones del 20 de octubre del año pasado en Bolivia anunciaban que Evo Morales ganaba con más de diez puntos de ventaja sobre el expresidente Carlos Mesa, por lo que la Presidencia parecía decidirse en la primera vuelta electoral. Una inusual presión desde el exterior se dejó sentir inmediatamente encabezada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien clamaba que había existido un fraude electoral.
Desde días antes, la OEA había entregado un informe sobre las posibilidades de un fraude electoral en el país andino. En realidad se estaba preparando la narrativa y el camino para desconocer los resultados ante el muy probable triunfo de Evo Morales, que se veía reflejado previamente en todas las encuestas nacionales. Después de la jornada electoral, la OEA volvió a entregar otro informe señalando que la amplia victoria que había tenido Evo Morales era producto de un fraude, aunque no mostraba ninguna prueba concreta. Luis Almagro, su indigno Secretario General, empezó una gira propagandística en medios internacionales para denunciar este «fraude», pero sin aportar evidencias.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
La OEA seguía un guion trazado desde Washington para tratar de imponer un gobierno en Bolivia afín a sus intereses y, así, poder tener mayor presencia regional, especialmente después del fracaso que significó la autoproclamación de Juan Guaidó en Venezuela
En esta tarea se le unió Estados Unidos que, sabemos, es capaz hasta de invadir países por hipótesis sin comprobar, como sucedió en 2003 con Irak y la armas de destrucción masiva. En realidad, la OEA seguía un guion trazado desde Washington para tratar de imponer un gobierno en Bolivia afín a sus intereses y, así, poder tener mayor presencia regional, especialmente después del fracaso que significó la autoproclamación de Juan Guaidó en Venezuela como presidente, idea que también tuvo su origen en los pasillos de las oficinas de gobierno de la capital estadounidense.
La premisa falsa del fraude electoral, así como el apoyo de la OEA y Estados Unidos a algunos miembros de la oposición, nutrieron una serie de protestas sociales en los días que siguieron y que terminaron con un golpe de Estado contra Evo Morales tres semanas después, el 10 de noviembre. A esto continuó el exilio de Evo en México junto al vicepresidente Álvaro García Linera y otros miembros del gobierno boliviano en un periplo muy accidentado. Mientras, en Bolivia, comenzaba una cacería de brujas contra los miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) y una represión sangrienta de las protestas contra el golpe de Estado, principalmente en El Alto y Cochabamba, núcleos históricos del apoyo indígena y popular a Evo Morales.
Desde el primer momento hubo estudios y análisis de las elecciones bolivianas que desmentían los informes de la OEA. La Universidad de Michigan, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés y con sede en Washington) presentaron sus investigaciones, incluso antes del golpe de Estado, pero fueron ignorados por los principales medios internacionales.
Hoy, a más de medio año de esta crisis política boliviana y aún sin fecha confirmada para las nuevas elecciones (probablemente sean el 6 de septiembre), el tema volvió a ser foco de atención dado que un estudio de los investigadores independientes Nicolás Idrobo (Universidad de Pensilvania), Dorothy Kronick (Universidad de Pensilvania) y Francisco Rodríguez (Universidad de Tulane) muestra que el reporte de la OEA sobre la elecciones en Bolivia está plagado de datos incorrectos y estadísticas inadecuadas. Si se corrigen estas inconsistencias y errores, las conclusiones a las que llegó la OEA se desvanecen.
Así, el mito del fraude electoral, que es lo que originó la presión internacional para la renuncia obligada de Evo Morales en noviembre, se queda sin sustento. Con esto se ratifica que lo vivido en Bolivia no fue otra cosa que un golpe de Estado a un gobierno vigente que había sido elegido legítima y democráticamente. Todo fue una puesta en escena ideada por Estados Unidos y ejecutada por la OEA y la ultraderecha boliviana a costa del pueblo boliviano, principalmente de sus comunidades indígenas.
Ya hay voces que critican este nuevo análisis independiente afirmando que sí hubo fraude, aunque no saben cómo, ni dónde, ni cuándo. Piden que se les crea sin evidencia, como un acto de fe. Esto pudiera ser posible en sociedades con principios mágicos o religiosos como la Europa medieval, pero no es algo recomendable para las democracias del siglo XXI. La verdad no puede surgir del engaño, por eso la debilidad del gobierno de facto que actualmente está a cargo en Bolivia.
Sobre el golpe de Estado ya no hay nada que pueda cambiarse. La persecución política y la represión social no pueden deshacerse. Pero es importante que se vayan conociendo las mentiras de un organismo internacional y las posturas impresentables de su dirigente, que originaron una crisis política y provocaron decenas de heridos y muertos. Todo esto tendría que tenerse en cuenta en las próximas elecciones, que deberán llevarse a cabo con la mayor prontitud que permita la crisis sanitaria actual. Por cierto, todas las encuestas las encabeza con amplia ventaja el economista Luis Arce, candidato del MAS, lo que demuestra el apoyo popular a este instituto político.
Lo que también debe hacerse en un futuro próximo es analizar la legitimidad con que cuenta la OEA o si es conveniente que un personaje tan desprestigiado como Luis Almagro continúe al frente de ella. Asimismo, se hace indispensable impulsar y reforzar otros organismos internacionales, que pueden servir de alternativas y contrapesos en momentos complicados como es el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
