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La Unión Europea hace derroche de su hipocresía y doble rasero para enfrentar la situación de los derechos humanos en el mundo, con diferencias sustanciales en su vara para medir violaciones, según la posición política del país.

Para los europeos no es lo mismo reprimir y detener a personas en Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Brasil, Chile o Colombia, que, en Venezuela, Cuba, Siria, Irán o Rusia.

Cuando se trata de países con sistemas políticos soberanos que no aceptan someterse a los dictados de Washington, las campañas mediáticas son atroces para satanizarlos, inventar y tergiversar las situaciones. En cambio, cuando lo mismo o quizás peor, sucede en naciones aliadas a los Estados Unidos, el tratamiento es muy diferente, no hay exigencias, acusaciones y menos aún resoluciones sancionadoras.

Así se percibe en el caso del opositor ruso Alexei Navalni, pieza principal a la que apuesta la CIA para fomentar una contrarrevolución interna en esa nación, considerada como una amenaza al sistema capitalista, sobre el que desataron guerras imperiales para arrasar a su pueblo de la faz de la tierra.

Navalni es un bloguero construido y financiado por la CIA con respaldo de sus aliados europeos, con el fin de desestabilizar al gobierno de Vladimir Putin, similar a lo que hicieron en Cuba con Yoani Sánchez para movilizar a la juventud de la isla. Es el mismo modelo que les cuenta miles de dólares, con el sueño de desmontar el socialismo.

El pasado octubre de 2020, se creó un montaje teatral sobre el supuesto envenenamiento del bloguero y su posterior traslado hacia Alemania por pedido de su familia. Ni una prueba han presentado, solo declaraciones de médicos alemanes y del propio Navalni, pero la brutal campaña de prensa desarrollada, hizo creerle al público que Rusia había intentado asesinarlo y para darle más dramatismo, la Unión Europea impuso sanciones de congelación de activos y le prohibió a 6 personas rusas viajar a la UE, a las que culpan, sin pruebas legales, del supuesto envenenamiento.

Al regresar a Moscú, después de ser entrenado en la nueva línea de trabajo, Alexei Navalni fue detenido por violar las medidas cautelares que cumplía en su país.  

Ante la frustración de no poder alcanzar sus objetivos, la CIA con apoyo de su Estación legal en la embajada estadounidense en Moscú, instigó y propició las manifestaciones populares en ese país, a través de las redes sociales, con apoyo de sus agentes en Rusia.

Dichas protestas se organizaron sin autorización, como establecen las leyes rusas, desafiando y agrediendo a los agentes del orden, quienes se enfrentaron a los manifestantes, viéndose obligados a detener a centenares de personas.

La prensa extranjera y las redes sociales preparadas para la campaña, de inmediato divulgaron imágenes como las del agitador ruso Pavel Krisevich, quien se encerró en una esfera construida con alambre de púas, para exigir la liberación del agente enemigo y añadir más dramatismo a los reclamos.

La respuesta de la Unión Europea fue rápida, al declarar que “consideraba inaceptable la detención de Navalni” y exigió su liberación inmediata, en franca intromisión en los asuntos internos de Rusia, lo que no hacen con los Estados Unidos, Francia, Países Bajos, e incluso contra Chile, Colombia, Perú, Bolivia, o Guatemala.

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo opinó que el arresto del bloguero ruso, “era una ofensa a la comunidad internacional y a Europa”, siguiendo el guión escrito por la CIA.

Similar declaración emitió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al expresar que “la detención de opositores va en contra de los compromisos internacionales adquiridos por Rusia”.

¿Por qué razón no dicen lo mismo de las detenciones en Estados Unidos, o en Francia a los chalecos amarillos, que durante más de un año se enfrentaron a las salvajes represiones de la policía en sus protestas por mejoras de vida?

Dónde están las exigencias de la Unión Europea contra Países Bajos, ante las recientes represiones policiacas sobre miles de ciudadanos, la mayoría jóvenes, por el toque de queda impuesto por las autoridades.

Bien diferente ha sido el tratamiento periodístico ante los cientos de detenidos y las golpizas criminales de la policía holandesa. Para ese estado de la Unión Europea no se producen comunicados dándole plazos para la liberación de los jóvenes, no escuchados ni atendidos por los funcionarios gubernamentales. La oficina de derechos humanos de la ONU no se siente “profundamente preocupada”, como tampoco lo hizo por los chalecos amarillos de Francia, reprimidos por meses.

Parece que para Humans Rights Watch (HRW), los asesinatos de cientos de colombianos y sus líderes sociales, no les mueve la conciencia para condenar y exigir sanciones internacionales contra el gobierno de Iván Duque, quien persiste en masacrar a todos los que exigen justicia social y paz, pisoteando los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

El Departamento de Estado, ni la Unión europea, emiten declaraciones preocupados por lo que sucede en Colombia o Chile, prueba de su doble moral e hipocresía en el tema de los derechos humanos. Para esos gobernantes y sus funcionarios, no existen sanciones, al parecer son “buenas personas” “carentes” de toda responsabilidad por los muertos, detenidos, desaparecidos y reprimidos.

Sin embargo, cuando se trata del arresto de una sola persona, que responde a los intereses imperiales, rápidamente se convoca a los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, para analizar las sanciones contra Rusia, Venezuela o Irán.

Para viajar a Moscú, Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para la Política Exterior, tiene tiempo de trasmitir la “preocupación” de los europeos en materia de derechos y libertades, pero para decirle lo mismo a Sebastián Pinera o a Iván Duque no posee espacio, porque todo indica que a la Unión Europea los muertos de Latinoamérica no les interesan.

Preciso fue José Martí cuando aseguró:

“La mala voluntad es un áspid inmenso de mil colas”

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