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Miles de miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) iniciaron este miércoles una marcha en Quito contra la política del Gobierno de Lenín Moreno, en una jornada de protestas que ya dura una semana y en la que les acompañan la principal central sindical del país, la FUT, y movimientos sociales que rechazan el alza de precios de los combustibles y enarbolan otras demandas.

La huelga nacional iniciada en todo el país, con centro de Quito, sigue a la negativa de Moreno de revocar medidas de austeridad que desencadenaron los peores disturbios en una década y dejaron a cientos de detenidos.

Las manifestaciones estallaron la semana pasada cuando Moreno puso fin a los subsidios al diésel y la gasolina extra, que han estado vigentes por cuatro décadas, a raíz de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lo que hizo el gobierno es dar un premio a la gran banca, a los capitalistas del país y un gran castigo a los ecuatorianos pobres”, declaró este martes a la prensa Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que aglutina a varios sindicatos del país.

“Llamamos a todos a la huelga, a los que están en contra del FMI que es el otro culpable de esta crisis”, agregó.

La CONAIE, que ha movilizado a miles de sus miembros desde el centro y norte del país, denunció que el gobierno de Moreno se comporta “al puro estilo de una dictadura militar” por declarar un estado de excepción y luego un toque de queda nocturno en determinadas áreas.

Moreno, quien asumió el cargo en el 2017, ratificó a última hora del martes que mantendrá vigentes las medidas y no renunciará a la presidencia. El mandatario trasladó el lunes último la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, y cuenta con el apoyo de Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina.

Según sondeos, la popularidad del presidente ha caído a menos de 30% en dos años de gestión.

Las autoridades han arrestado a cerca de 700 personas. Organizaciones de Derechos Humanos locales denunciaron el miércoles que 83 personas, incluidos adolescentes y mujeres, se encuentran “irregularmente detenidas” en un cuartel policial.

Moreno reconoció que mantiene diálogos con el movimiento indígena bajo el acompañamiento de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y rectores de universidades. Sin embargo, se mantiene el fuerte rechazo a las decisiones del Gobierno, un plan de ajuste llamado “paquetazo” por los ecuatorianos y cuyo más reciente capítulo es parte de un acuerdo con el FMI para obtener créditos por 4 209 millones de dólares y que implica recortar el gasto público.

Desde fines de la semana pasada la gasolina extra subió su valor de US$1.85 el galón (4 litros aproximadamente) a US$2.30, mientras que el diésel escaló de US$1.08 a US$2.27, un alza de más de 120%.

Analistas estiman que el detonante de la crisis política y económica de Ecuador es el rol que está jugando el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Gobierno de Moreno.

“El acuerdo con el FMI provocará una reducción en el crecimiento, mayor desempleo y mayor inestabilidad macroeconómica”, dijo a BBC Mundo Mark Weisbrot, codirector del centro de estudios Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington.

Según Weisbrot, el plan del FMI le exige a Ecuador eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años “han tenido mucho éxito” en estimular el crecimiento económico y reducir la desigualdad, bajando la pobreza en 38% y la extrema pobreza en 47%.

La estrategia del organismo internacional, agrega, equivale en la práctica a mantener el desempleo alto y reducir los salarios para que la economía se haga más competitiva a nivel internacional.

Entre otras medidas, el “paquetazo”, anunciado el 1 de octubre, incluye, además de la eliminación de los subsidios de los combustibles, una baja salarial de hasta 20% en contratos temporales en el sector público; reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y aporte de un día de salario mensual de los empleados públicos al fisco.

A pesar del despliegue de militares y la medida de excepción el estallido no ha podido ser contenido tras siete días de inestabilidad. Las clases siguen suspendidas en el país y en Quito escasea el transporte, mientras que en la Amazonía varios pozo petroleros han sido ocupados por manifestantes y la producción petrolera ha sufrido una caída de alrededor de 30%.

Sin mencionar los contactos con el gobierno, la dirigencia indígena afirmó en un comunicado que “la Conaie ratifica la permanencia de la movilización nacional contra las medidas económicas”.

(Con información de AFP, Reuters, EFE y BBC)

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