Una persona agita una bandera chilena durante una protesta contra el Gobierno de Sebastián Piñera en Santiago de Chile, el 12 de noviembre de 2019. Pilar Olivares / Reuters

La huelga general del 12 de noviembre en Chile cuenta con una gran participación de partidos opositores, organizaciones sociales, sindicatos, empleados públicos, estudiantes y descontentos en general, y se registran importantes movilizaciones en varias regiones de esa nación sudamericana.

En efecto, desde mediados de octubre un sector importante de la población se está manifestando para exigir históricas demandas sociales, como la gratuidad en la educación, mejoras en la distribución de pensiones y aumentos salariales, sumado al acceso a derechos básicos, como la salud y vivienda digna. Para muchos, la mejor forma de garantizar estos cambios es redactando una nueva Constitución

Más allá de las múltiples demandas, la gran mayoría coincide en expresar su rechazo a la Administración de Sebastián Piñera, e incluso piden su dimisión del Ejecutivo. Por su parte, el Gobierno anunció que está dispuesto a avanzar en producir cambios en el marco regulatorio chileno, pero considera hacerlo mediante el Congreso, sin asamblea constituyente, situación que aumentó la reacción popular en rechazo.

Marchas multitudinarias

Así, la concentración principal se registró en Santiago, como ocurrió en las jornadas previas. Miles de personas marcharon por la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, más conocida como La Alameda, la calle más importante de la capital. En efecto, aquella vía atraviesa el Palacio de La Moneda —casa de Gobierno— y Plaza Italia, el gran epicentro de las convocatorias.  

En la ciudad costera de Valparaíso, a menos de dos horas de la capital, unas 70.000 personas marcharon exigiendo una asamblea constituyente, según expresó su alcalde, Jorge Sharp Fajardo. 

A pocos kilómetros, en la ciudad de San Antonio, también hubo miles de personas movilizadas. En este caso, incluso se registró la quema de neumáticos.

¿Qué pasa en Chile?

Desde mediados de octubre, aquel país sudamericano atraviesa grandes jornadas de protestas. Inicialmente, las manifestaciones comenzaron por el aumento en el metro de Santiago, pero luego dieron lugar a expresar otras demandas sociales más profundas, cuestionando al modelo económico en general. Así, mientras crecía la tensión y las movilizaciones, durante varios días el Ejecutivo estableció el estado de emergencia y el toque de queda. Sin embargo, las concentraciones callejeras no cesaron. 

Entre tanto, el Gobierno se vio obligado a suspender la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 25 (COP 25), que debían realizarse en esa nación sudamericana. En sintonía, la final de la Copa Libertadores, que iba a disputarse en Santiago, debió trasladarse a Lima (Perú). 

Frente a este escenario, Presidencia anunció que estaría dispuesta a impulsar un proceso para modificar la Constitución actual, pero ello no calmó a la población. Los sectores opositores insisten en que la mejor forma de impulsar un nuevo texto constitucional es mediante una asamblea y un plebiscito. 

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