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Por: Marina Menéndez Quinteros

Se ha abierto el primer escenario de confrontación en lo que va del mandato de Luis Arce.

Las manifestaciones con que la semana que termina representantes de la derecha política, blanca y racista, rechazaron los procesos judiciales que recién se abren para hacer justicia a las víctimas del golpismo, han sido respondidas por la convocatoria de la alianza Pacto de Unidad a movilizarse el día 22 en las nueve ciudades capitales del país, a modo de ratificar los reclamos populares contra la impunidad.

Pisando el terreno donde ocurren los hechos, un analista avezado y con tanto conocimiento de causa como Hugo Moldiz —exministro del Movimiento al Socialismo (MAS) y uno de los  perseguidos a quienes la embajada de México brindó seguridad mientras el régimen de Jeanine Áñez les impedía salir del país— coincide con JR acerca de los desafíos que vienen.

Pero en su opinión estamos, al mismo tiempo, ante la continuación de «la larga estrategia de desestabilización que la derecha, sus medios, sus políticos y su frente internacional —en el que están la OEA y los gobiernos de derecha— han desarrollado contra el expresidente Evo Morales y el proceso de cambios durante 14 años.

—¿Por qué no se inició la búsqueda de la justicia hasta hoy si los juicios fueron recomendados por el Senado desde octubre?

—Lo que pasa es que los procesos no fueron iniciados de inmediato a pesar de la recomendación del Senado, pero sobre todo, a pedido de los familiares de las víctimas: las personas muertas en Sacaba, Senkata y Pedregal, y de los más de 1 500 presos políticos, de los cuales algunos, incluso, continúan en las cárceles bolivianas por la lentitud del sistema judicial.

«Es evidente que, por un lado, ha habido lentitud en el propio sistema judicial por la cierta inacción de algunos fiscales del Ministerio Público pero, al mismo tiempo, por esta suerte de amenaza permanente de la derecha que, ciertamente, ha disuadido a los administradores de justicia de actuar con mayor celeridad.

«Sin embargo, la presión popular es fuerte. Ya era imposible seguir esperando que se abran caminos de justicia contra la impunidad: sin venganza, sin odio pero, al mismo tiempo, sin olvido; por el dolor tan profundo sentido por miles de bolivianos aquel noviembre de 2019, cuando mediante el uso de la fuerza, y de manera inconstitucional e ilegal, la señora Áñez asumió el gobierno boliviano durante un año».

—¿Coincides en que los juicios son insoslayables para la Fiscalía y el sistema judicial?

—Los juicios no se pueden detener. Deben tener un apego al debido proceso y garantías constitucionales… apego y garantía que no gozaron miles de personas perseguidas, encarceladas por el gobierno de facto durante un año.

«Pero no se paga un error con otro. El balance es que el Ministerio Público está llevando adelante estos procesos con el mayor equilibrio posible, presionado por los movimientos sociales y el campo popular, que demandan justicia. Y este no es un hecho que sea ajeno a otros países donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.

«Habrá que esperar que la Fiscalía desarrolle la más amplia investigación  de la demanda presentada por la exdiputada Lidia Patty por los hechos acaecidos entre el 10 y el 12 de noviembre, cuando la señora Áñez todavía no era presidenta (por eso el proceso penal es en materia ordinal), y otros que serán presentados en el marco del juicio de responsabilidades. Se ha dicho que son cinco procesos por los delitos cometidos por el gobierno de facto».

—¿Qué panorama se abre con estas primeras movilizaciones de la derecha y las declaraciones injerencistas de representantes de EE. UU., la Unión Europea, la OEA y algunos países latinoamericanos?

—Era previsible la reacción de toda la derecha. Desde la ultraderecha hasta la centroderecha, frente a un Ministerio Público que finalmente accedió a atender la demanda por los delitos cometidos por Áñez antes de jurar como presidenta, y por otros.

«Era previsible un escenario de confrontación, y que iban a surgir una serie de amenazas contra el gobierno legal y constitucionalmente constituido.

«Lo que llama la atención es que los tonos y las palabras que está empleando la derecha en su conjunto lo hace como un frente único, lastimosamente: la centroderecha del señor Carlos Mesa, que se presenta como demócrata liberal, termina subsumida a una lógica facistoide del señor Luis Fernando Camacho. Y llama también la atención que se esté diciendo que, de continuar estas medidas de reparación de justicia, podría sucederle a «Lucho» Arce lo mismo que le pasó a Evo Morales.

«Es una suerte de anticipación de la gestación de un nuevo golpe de Estado, lo que ciertamente sería nefasto para la democracia boliviana y latinoamericana; aunque hay que señalar que el nivel de disposición de los movimientos sociales y de la mayor parte del pueblo boliviano, no es la misma que en octubre y noviembre de 2019. Es mucho mayor.

«La gente ha aprendido de lo que implica perder el Gobierno, y de lo que implica dejar la mano del poder político y del Estado en posesión de sectores facistoides y de la derecha boliviana.

«También ha sido muy previsible la reacción de EE. UU., de la Unión Europea; de la OEA, Brasil… cómplices todos del golpe de Estado de 2019. Esa interrupción violenta del proceso político boliviano, esa violación de la institucionalidad, tuvo actores internos y externos, y entre estos estaban los que acabo de señalar. Ellos no dijeron absolutamente nada sobre la dramática violación de los derechos humanos, la persecución, el encarcelamiento, el amedrentamiento que sufrieron miles de bolivianos en un año de dictadura de la señora Áñez».

—Se sustituyó a los altos mandos pero no se depuró a las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Será peligroso no hacerlo?

—Hay un tema pendiente de la revolución boliviana. El primero, recuperarse como proceso, y el segundo, llevar adelante una reforma del aparato estatal,principalmente, Fuerzas Armadas, Policía y de la propia judicatura. De lo contrario, las conquistas que se logran en otros campos son seriamente amenazadas en su desarrollo por, digamos, corrientes de militares, policías, abogados, jueces que aunque son minoritarios, contaminan el desarrollo de un proceso político profundo. Esta es una reforma pendiente; no es suficiente gritar «patria o muerte», que es lo que hacían los policías y los militares durante 14 años,  pues esta consigna no debe ser la expresión de una formalidad, sino de un cambio real al interior de estas instituciones.

—Entonces, ¿podrían repetirse los hechos de octubre de 2019?

El peligro es real. Tengo la impresión de que la estrategia para la desestabilización del gobierno de los compañeros Luis Arce y David Choquehuanca tiene tres tiempos.

«El primero, el que se está desarrollando ahora, que es básicamente calentar la calle mediante los miembros de los comités cívicos; de las plataformas ciudadanas que fueron muy ineficientes electoralmente, pero muy eficientes al momento de desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales y sobre la base, también, de medios de comunicación que instalan una verdad que no lo es…

«El segundo tiempo, creo, va a ser una ofensiva desde los gobiernos regionales del país controlados por la ultraderecha; principalmente Santa Cruz, desde la gobernación, y las alcaldías de Cochabamba y La Paz. Por lo tanto, utilizar el control territorial para desestabilizar a un gobierno legal y constitucionalmente constituido.

«Esto obedece a que la derecha hasta ahora tiene grandes dificultades para “subir” su control desde algunos territorios, y convertirse en un proyecto nacional alternativo. Entonces, en la medida en que no pueden lograrlo y que tienen enfrente a un partido realmente nacional, el único con un proyecto de país —con errores, con problemas, pero el único con proyecto de país—, la manera de evitar su consolidación es mediante el empleo de herramientas y métodos no democráticos, como ocurrió en 2019, algo que hoy podría volverse a reeditar.

«Y el tercer tiempo va a ser la ofensiva general. Eso es lo que quiere la derecha, son sus tiempos políticos. A la vez, enfrente hay un movimiento social, un pueblo que ha aprendido que no debe ceder espacios, no debe ceder territorios pero, sobre todo, que no debe perder la iniciativa para permanentemente ir consolidando el proceso político más profundo de la historia boliviana.

Tomado de Juventud Rebelde

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