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Las autoridades electorales peruanas finalmente confirmaron la victoria del candidato izquierdista Pedro Castillo y lo proclamaron como el presidente de Perú, luego de una tensa espera de más de un mes que mantuvo al país al borde de una nueva crisis política desde que se realizó la segunda vuelta electoral, el pasado 6 de junio.

Los resultados fueron ratificados en una ceremonia virtual de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encabezada por el presidente del Jurado Nacional Electoral (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y a la que se sumó Castillo.

El JNE proclamó como ganadora la fórmula presidencial de Perú Libre, compuesta por Pedro Castillo como presidente y Dina Boluarte como primera vicepresidente.   

«¡Gracias pueblo peruano por este histórico triunfo! Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre», dijo el presidente electo desde su cuenta de Twitter. 

Castillo abogó por un país «sin discriminación y por los derechos y todos y todas». Y convocó «a los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad». 

Un resultado ajustado

Dos semanas después de celebrarse los comicios, se conocieron los resultados oficiales, no determinantes para hablar de un ganador. Con el 100 % de las actas escrutadas, la ONPE ubicó a Castillo en el primer lugar con el 50,125 % de los votos, frente al 49,875 % obtenido por Keiko Fujimori. La diferencia entre ambos apenas fue de 44.000 votos.

Las elecciones se realizaron en medio de una intensa polarización política, luego de un convulso período de cuatro años, que estuvo marcado por la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, la destitución de su sucesor, Martín Vizcarra, el breve período presidencial de Manuel Merino —que dejó el cargo presionado por las protestas populares—, y la actual gestión de Francisco Sagasti, que deberá entregar el mando a Castillo.

Aunque las cifras de la ONPE fueron tomadas como un triunfo del profesor izquierdista, quien contó con el determinante apoyo de las zonas rurales y empobrecidas de Perú ubicadas en el sur del país, su llegada a la Casa de Gobierno, sede del poder, aún estaba flanqueada por una serie de obstáculos que tuvieron que ser despejados por el Poder Electoral.

El fantasma del «fraude»

Un día después de la votación, la líder del derechista Fuerza Popular dio una rueda de prensa donde afirmó, sin pruebas que la respaldaran, que ocurrieron «irregularidades» en el contenido de votos y que Perú Libre buscaba «distorsionar» los resultados. Con estos señalamientos reiterativos de supuesto «fraude» los jurados electorales especiales comenzaron el proceso de revisión de actas y de mesas en las regiones, para luego pasar las observaciones al Jurado Nacional Electoral (JNE), en segunda instancia. 

Hasta poco antes de la proclamación, el JNE electoral estuvo revisando las apelaciones de los fallos de los tribunales electorales hechas por el equipo de Fujimori. En todos los expedientes que revisó determinó que no había inconsistencias, por lo que la tesis del «fraude» se quedó sin sustento.

El lunes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú informó que había declarado «por unanimidad» la improcedencia de las cinco apelaciones presentadas por el partido de Fujimori, quien horas después anunció que reconocería los resultados de las presidenciales, aunque mantuvo su posición respecto a un proceso que consideró «lleno de irregularidades».  

El retraso que tuvo la revisión, ante las denuncias de la excongresista, fue considerado por sus adversarios como una «estrategia poselectoral» con miras a ganar tiempo y contribuir con la incertidumbre que se vive en el país suramericano, que ha atravesado varias crisis políticas que llegaron a su punto más álgido en 2019 cuando el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso, solicitó elecciones legislativas para 2020 y ese mismo año fue destituido de su cargo por «incapacidad moral», en medio de una investigación de la Fiscalía por corrupción.

Cárcel, golpe y protestas

El análisis de los resultados por parte del Poder Electoral, que cumplió con los plazos y reglamentos establecidos en el país para ese tipo de revisiones, ocurrió un medio un escenario inestable que amenazaba el normal desenvolvimiento del proceso.

En ese mes hubo un intento fallido de prisión preventiva para Fujimori, protestas de los simpatizantes de ambos candidatos, la muerte en extrañas circunstancias de un militante de Perú Libre y el escándalo que desataron varios audios donde el exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, hablaba de conspirar y pagar sobornos millonarios para que la derechista fuera declarada como ganadora.

También se realizó una convocatoria a paro nacional para pedir celeridad en la proclamación de Castillo, ante los supuestos intentos de golpe alentados por el fujimorismo en compañía de Montesinos. Además, se le abrió otra investigación a la líder de Fuerza Popular por presuntamente captar «activos de procedencia ilícita» para el financiamiento de su campaña de este año.

Una acusación similar se hizo contra Castillo, a quien una fiscal del departamento de Junín lo relacionó con el presunto financiamiento irregular a su campaña electoral, lo que fue negado por el profesor, que afirmó que se sometería a una investigación de ser necesario.

Ganar, ¿y después?

La permanencia en el poder de Castillo, que propone un «Estado socialista», es un tema sobre el que los analistas aún no trazan una línea definida. En el horizonte se encuentran varias reformas constitucionales que aceleró el Congreso de mayoría fujimorista, un mes antes de que culminara su legislatura, que podrían comprometer su mandato.

Entre las modificaciones que debate a toda máquina el Legislativo está la cuestión de confianza (instrumento constitucional del Ejecutivo en el que pide al Congreso el respaldo a una política), que ahora quedaría bajo potestad del Parlamento para evitar su disolución, como ya ocurrió en 2019; el nombramiento de los nuevos magistrados afines al fujimorismo del Tribunal Constitucional, que fue suspendido provisionalmente por un fallo judicial; y el regreso a la bicameralidad, rechazada en un referendo en 2018, que se pondría en marcha en 2023.

En cuanto al nuevo Congreso, que se instalará el próximo 27 de julio, y que se caracteriza por un alto nivel de fragmentación, expertos también han planteado que la extrema derecha podría adelantar medidas como una revocatoria o una acusación constitucional, un voto de censura o algún otro mecanismo que busque debilitar al Ejecutivo, lo que supondría el reto de conseguir un respaldo popular para revertir estas posibilidades. 

Además de las reformas a la Carta Magna, en el futuro cercano se encuentra la convocatoria a un referendo para llamar a una Asamblea Constituyente, que fue una de las promesas electorales de Castillo. Hasta ahora se han empezado a recoger firmas para convocarla y el líder de Perú Libre ratificó que el 28 de julio, día en el que tomará posesión de su cargo, el primer llamado al Parlamento será para agendar «inmediatamente» su instalación con el fin de «hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo».

La expectativa sobre la capacidad de maniobra que tendrá el nuevo presidente también toca el ámbito internacional y el impacto que tendría en la región otro Gobierno de corte socialista. En el último mes, tanto EE.UU. como la Unión Europea (UE) catalogaron las elecciones donde Castillo se alzó con la victoria como «libres, justas, accesibles y pacíficas» y como un «modelo de democracia», por lo que tomaron distancia de Fujimori y sus acusaciones de «fraude» . Sin embargo, será ya tras su juramentación que comience a delinearse de manera más clara cómo será la relación de estos países con Perú.

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