Cuando en 1958 el presidente Eisenhower y el director de la CIA Allen Dulles, expresaron en el Consejo de Seguridad Nacional que había que evitar la victoria de Castro, decretaron cual sería la política de Estados Unidos hacia la Revolución cubana y su esfuerzo permanente por derrocarla, estuviera en la Casa Blanca un demócrata o un republicano.

La vida lo ha demostrado a lo largo de 62 años, aunque el presidente Barack Obama escuchó las recomendaciones del Council on Foreign Relations y de la Brookings Institution, de modificar la táctica para desmontar el socialismo, con cuatro líneas de trabajo:

  • Promover una relación de trabajo constructiva con el gobierno cubano para generar confianza y resolver disputas, con el objetivo, a largo plazo, de fomentar una mejor relación que sirva a los intereses y valores de Estados Unidos.
  • Facilitar el contacto y el flujo de información entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, para mejorar las respuestas estadounidenses a los desarrollos internos de la Isla, que tendrán un impacto directo sobre el bienestar del pueblo cubano y sobre los intereses de los Estados Unidos.
  • Apoyar el bienestar del pueblo cubano y de la sociedad civil, al promover el contacto directo entre ciudadanos de ambos países, así como los cimientos de una actividad económica de base.
  • Apoyar a los activistas de derechos humanos, periodistas independientes y el desarrollo de la sociedad civil cubana, así como a la democracia de base.
  • Involucrar a Cuba en un proceso de reincorporación en organizaciones multilaterales y regionales, mediante iniciativas multilaterales, si cumple con los criterios de reincorporación o de un miembro.

Ninguna de estas líneas de trabajo obtuvo sus propósitos, aunque avanzaron en el traslado de símbolos y valores de su cultura entre los cubanos.

Donald Trump impuso más sanciones e incrementó la guerra económica como su principal carta de triunfo, pero terminó su mandato sin ver caer el proceso revolucionario, porque ellos no comprenden las raíces históricas de independencia y soberanía de Cuba.

El triunfo de Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Obama, ilusionó a más de uno en que volvería a la etapa del “buen vecino”, pero la realidad trasluce que no tiene interés y las presiones de continuar el cerco económico, pudieran ser más efectivas para las viejas aspiraciones yanquis de hacer fracasar el modelo socialista cubano.

Hasta el momento los indicios no exponen señales de mejorías, ni se avizora una reapertura del consulado en La Habana, paso que ayudaría humanitariamente a miles de cubanos que tienen familiares en Estados Unidos, especialmente los 22,000 casos del Programa de Cubano de Parole para la Reunificación Familiar, que tiene pendiente el Servicio de inmigración (USCIS), desde que Trump y la CIA inventaron la novela de los “ataques” acústicos, a los que se suman 78,228 casos de inmigración de familias cubanas, en espera de una decisión del Centro Nacional de Visas, según información del Departamento de Estado, en su reporte hasta noviembre del 2020.

Otro elemento que sustenta la inmovilidad de la política hacia Cuba, fue la posición asumida el 14 de marzo 2021, por Julie Chung, secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien pidió la liberación del cubano Luis Robles, protagonista de una provocación en una calle habanera.

Muestra de la injerencia en los asuntos internos cubanos, que ratifica quienes pagan y dirigen esas acciones contrarrevolucionarias, fueron las palabras de esa funcionaria: “La libertad de expresión es un derecho humano y nadie debería ser encarcelado por mostrar un cartel”.

Dicha secretaria adjunta también sostuvo una reunión con los miembros del grupo Orishas, autores de una canción en contra de la soberanía de Cuba, donde calificó de “valientes y defensores de los derechos humanos”, a los asalariados del grupúsculo San Isidro; unido a la felicitación que envió a las “Damas” de Blanco, por el día internacional de la mujer; o sea, toda una cadena de acciones que vaticinan la invariabilidad de la hostilidad yanqui hacia La Habana.  

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que Antony Blinken, nuevo secretario de Estado, afirmó recientemente: “La política hacia Cuba no es prioridad del nuevo gobierno”.

En esa pugna política están aquellos que desean regresar al juego de la zanahoria de Obama y los que pretenden consolidar el garrote empleado por Trump, entre estos últimos los senadores del grupo mafioso anticubano Marco Rubio, Ted Cruz y Rick Scott, quienes presentaron en días pasados, un proyecto denominado “Ley FORCE”, para evitar que Joe Biden, o el secretario de Estado puedan eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, si antes no cumple con los requisitos recogidos en la Ley Helms-Burton.

En esa línea de opositores están el senador Robert Menéndez y la nueva representante por Florida, María Elvira Salazar.

Un elemento que marca el forcejeo político en contra del mejoramiento de relaciones, fue la designación de la embajadora Pamela Spratlen, como Asesora Principal del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud, respecto a los inventados ruidos y “afectaciones” a los diplomáticos que trabajaban en la embajada yanqui en Cuba, situación que volverá a revivir el plan diseñado por la CIA, bajo la entonces dirección de Mike Pompeo, donde se acusa a las autoridades de la Isla de ser responsables del hecho, y así mantener vigente el tema entre la opinión pública yanqui, que vería a la Isla como un lugar peligroso para su salud.

Hasta la fecha nada cambia y Cuba nuevamente demostrará la resistencia y unidad que la hacen victoriosa, porque como afirmó José Martí:

“Saber sacrificarse es el precio del éxito duradero”

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