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En Costa Rica neutralizan una banda dedicada al narcotráfico internacional que tenía un patrimonio mayor a 20 millones de dólares por enviar cocaína desde los países productores a Estados Unidos y Europa; en República Dominicana detienen a agentes de la policía y funcionarios de aeropuertos por participar en envíos de maletas llenas de esa misma droga hacia Bruselas, aprovechándose de la pandemia; el Gobierno peruano llevó a cabo la incineración de más de 33 toneladas de cocaína y marihuana decomisadas en diversos operativos.

Las noticias sobre el tráfico ilícito de drogas y el incremento del consumo son cotidianas y abundantes en todos los puntos cardinales.

Pese a las disminuciones significativas del transporte internacional por las medidas restrictivas de la actual pandemia y las prohibiciones de movimiento al interior de los países, agencias de prensa reportan por estos días el resultado de una operación conjunta antinarcóticos que logró golpear a unas 300 organizaciones del crimen organizado que operaban en un centenar de países, con mayor impacto en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y varias naciones de Europa.

En una de las operaciones policiales más grandes y sofisticadas en la lucha contra las actividades delictivas, se registraron más de 800 detenidos, 700 lugares implicados, la incautación de 22 toneladas de cannabis, más de ocho toneladas de cocaína y dos toneladas de drogas sintéticas; la captura de 250 armas de fuego; el decomiso de 55 vehículos de lujo y 48 millones de dólares en diversas monedas y en criptomonedas.

50 AÑOS DE FRACASOS DE LA GUERRA ANTIDROGAS DE EE.UU.

En medio de la crisis provocada por la pandemia, el mundo recuerda por estos días la devastadora «guerra contra el narcotráfico» que Estados Unidos le impuso al mundo, con marcado carácter intervencionista, que cumplió el 17 de junio 50 años de fracasos, pues no hay un solo efecto positivo; al contrario, hay más organizaciones criminales que se profesionalizaron y globalizaron.

También aumentó el consumo y la cantidad de sustancias prohibidas, en algunos casos más baratas, más accesibles y con mayor potencia, mientras el territorio estadounidense antes de experimentar la tragedia de la COVID-19, había enfrentado varias epidemias consecutivas de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo, y sigue siendo el país que más consume, y mucho antes de irrumpir el virus declaró «emergencia sanitaria» por la ola de adicciones a los opiáceos, en 2017.

Un comentario del sitio digital de Russia Today destacaba que «no importa cuántos narcotraficantes mueran, se detengan o condenen, o cuántas toneladas se decomisen. El negocio solamente cambia de manos y no para de crecer».

El aumento del desempleo y la disminución de oportunidades causadas por la pandemia de la COVID-19 a nivel global pueden afectar de manera desproporcionada a las personas en mayor situación de pobreza, volviéndose más vulnerables al consumo de drogas, así como al tráfico y cultivo para ganar dinero.
Así lo ha reiterado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), que alerta de las amenazas provenientes de la crisis epidemiológica y la recesión económica provocada por esta, que tienden a agravar aún más los efectos de esas sustancias en un momento en que los sistemas sanitarios han sido llevados al límite de sus capacidades por la cantidad de enfermos y fallecidos.

La mayoría de los impactos registrados por la onu desde el inicio de la pandemia sobre el fenómeno de las drogas ilícitas son negativos o marcan tendencias sumamente preocupantes, como la aparición de nuevas rutas mundiales y métodos ante la disminución del transporte aéreo y terrestre; el empleo de redes o web oscuras para desarrollar negocios millonarios a través de internet; la escasez de determinadas drogas ha conducido al abuso de sustancias más fácilmente disponibles como alcohol, benzodiacepinas o mezclas de drogas sintéticas o la fabricación de nuevas drogas ante las limitaciones para acceder a los precursores y sustancias químicas.

Otra tendencia de la coyuntura pandémica actual es la aparición de patrones de consumo más perjudiciales por el mayor empleo de la vía intravenosa o inyecciones con más frecuencia. Al respecto, las estadísticas de Naciones Unidas señalan que más de un millón de personas que se inyectan drogas viven con el VIH y 5,5 millones con hepatitis C, mientras la mitad de las aproximadamente 585 000 muertes que ya se atribuían al consumo de drogas en 2017, fueron por enfermedades hepáticas.

Las personas que se inyectan drogas son más vulnerables al contagio y a las complicaciones que trae consigo la COVID-19 por su sistema inmunológico deprimido y es probable que tengan problemas para acceder al tratamiento y otros servicios, debido a la presión que soportan los proveedores de servicios de Salud.
Aunque no se conocen plenamente todos los impactos de la pandemia del nuevo coronavirus en el fenómeno de las drogas ilícitas, la Onudd ha identificado, además, que el consumo global aumenta, a pesar de que la COVID-19 tiene una influencia de gran alcance en los mercados mundiales de drogas; que la escasez de narcóticos en las calles los hacen más caros; y los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres y personas en la pobreza son los más afectados.

AUMENTAN LOS ENFERMOS Y MUERTES POR SOBREDOSIS

Antes de aparecer la enfermedad, alrededor de 269 millones de personas usaban drogas en el mundo, lo que suponía un aumento de un 30 % con respecto a 2009, y 35 millones de personas sufrían trastornos por el uso de drogas.

Los desafíos de la COVID-19 para las autoridades pueden reducir los presupuestos relacionados con las drogas, las intervenciones de prevención y el tratamiento del consumo y otras conductas de riesgo, así como el suministro de medicamentos necesarios para el manejo y reversión de las sobredosis, lo que empeoraría la situación para los adictos.

La marihuana es la droga más consumida, al tiempo que se ha disparado su uso donde quiera que se haya legalizado; las variantes sintéticas más potentes y dañinas son las más comercializadas, y sigue siendo la principal sustancia que pone en contacto a las personas con el sistema de justicia penal.

Según el centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU., durante la pandemia mueren diariamente en ese país 227 personas por sobredosis. Añade que más de 83 000 personas murieron por esa causa en un periodo de 12 meses que terminó en julio de 2020, la que constituye la cifra más alta de fallecimientos por esa causa en la historia del territorio norteamericano. El uso y el comercio ilegal del fentanilo está generando el aumento récord de muertes. Se afirma que muchos médicos, influenciados o en alianza con las farmacéuticas, recetaron esas pastillas en grandes cantidades y contribuyeron a generar la llamada crisis de adicción.

Entretanto, el FBI indica que los cárteles de la droga han vencido las restricciones de la crisis sanitaria para seguir distribuyendo en el mercado negro estupefacientes y drogas para el dolor altamente adictivas.
«Mientras la COVID-19 permea esta nación, también lo están haciendo las organizaciones del crimen internacional y las pandillas violentas, que se ajustan a las restricciones de la pandemia para inundar las comunidades de drogas», dijo Christopher Evans, administrador en funciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), en el reporte anual de esa entidad en 2020.

CUBA: VOLUNTAD POLÍTICA INCONMOVIBLE

Pese a la compleja situación epidemiológica enfrentada por más de un año y todos sus impactos para la salud y la vida socioeconómica y financiera del país; al recrudecimiento del bloqueo genocida y la agresividad de la política hostil del Gobierno de Estados Unidos, de persecuciones, chantajes y mentiras, Cuba mantiene firme su voluntad política de tolerancia cero ante la producción, el consumo y el tráfico de esas sustancias y desarrolla acciones concretas para materializarla y defenderla.

Ante el incremento de las amenazas globales y regionales, la respuesta ha sido el fortalecimiento del sistema de enfrentamiento y prevención, con la participación decisiva del pueblo, para hacerle frente a las intenciones de extranjeros o emigrados cubanos de introducir drogas en el territorio nacional por vía aérea, el canal postal o las cargas no acompañadas.

Asimismo, la actividad intensa de traslado de drogas por vía marítima hacia EE. UU., por rutas cercanas a nuestro país, han obligado a intensificar las acciones en el mar territorial cubano, dándole captura a varias lanchas rápidas que, al ser perseguidas por servicios de aplicación de la ley en el área, entran a nuestro territorio nacional y como consecuencia se han incrementado los recalos, la captura de narcotraficantes internacionales y de grandes cantidades de marihuana, así como los avistamientos de aeronaves sospechosas.

Más de 62 años de políticas y estrategias de prevención y enfrentamiento coherentes y por la vida, confirman el compromiso absoluto de Cuba en aras de lograr una sociedad libre de drogas ilícitas, como elemento vital para alcanzar un desarrollo sustentable y el bienestar de nuestro pueblo.

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