Imagen: Internet
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La privatización de los puertos es una de las victorias que obtuvo Luis Lacalle Herrera, padre del actual presidente y que su hijo ha continuado superado plenamente, con aeropuertos incluidos, mientras el pueblo sufre males derivados de la asonada neoliberal.

Monopolización privada y desregulación casi total es el proyecto de este gobierno que opta por posicionarse a nivel mundial como exportador de materias primas y seguir condenando a Uruguay al subdesarrollo.

No sólo entregó hace unos meses en bandeja de plata el puerto de Montevideo, sobre el Río de la Plata, y con salida libre al Atlántico y al mundo, sino extendió la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco y otros seis en el resto del país a la actual operadora privada hasta el 2053 por la «inversión» hecha por Puerta del Sur, que, en su opinión, merecía «un beneficio».

Luis Lacalle Pou declaró que el Ejecutivo actuó «acorde a la Constitución y, además, con la convicción de que es la mejor decisión» que podía tomar para mejorar la infraestructura de seis aeropuertos del interior del país.

Con estas declaraciones, intentó poner fin a la polémica desatada días atrás en el seno de la coalición de Gobierno -integrada por cinco partidos-, cuando se conoció la decisión de otorgar la concesión de seis aeropuertos del país a la misma empresa que ya gestiona los aeródromos de Carrasco y Laguna del Sauce, que sirve a Punta del Este.

En opinión de Cabildo Abierto (CA, derecha), uno de los socios de la coalición, esta resolución se tomó sin consulta previa y sin licitación pública.

Lacalle Pou también apuesta por la Hidrovía del río Uruguay, pero esto ya choca con intereses argentinos.

DEVASTANDO AL PUEBLO

La pandemia conjugada con el plan de ajuste y austeridad de la coalición multicolor de gobierno deriva en un cóctel terrible para los asalariados, jubilados y desempleados de Uruguay.

El gobierno ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de los expertos científicos sobre la pandemia, de las propuestas de la oposición por una renta básica universal e incluso de algunas de sus propios aliados de la coalición.

Más de la mitad de los uruguayos (51%) considera que la economía es el principal problema del país, según una nueva encuesta de Cifra difundida este martes en Telemundo (canal 12). Lo que más se menciona es la falta de trabajo, seguido por la situación económica general del país, y la inflación, los sueldos bajos y la pobreza.

Desde la central sindical PIT-CNT le vienen reclamando al gobierno un ingreso de emergencia para abordar la situación de la población laboralmente precarizada, cuentapropista y bajo la línea de pobreza.

Muchos sindicatos tuvieron que aceptar convenios laborales con ajustes salariales por debajo de la inflación, y hay gran preocupación sobro cuantos trabajadores y trabajadores volverán a la actividad con la reapertura casi total que tienen las distintas actividades: estiman la pérdida de unos 80 000 puestos de trabajo, al menos inicialmente, personas que además pasarán a ser atendidas por el sistema de salud estatal.

De hecho, desde la central sindical y la representación parlamentaria del opositor Frente Amplio, señalan que uno de los objetivos de la Ley de Urgente Consideración, es “restringir el derecho de huelga”.  La nueva norma establece una limitación a la ocupación de lugar de trabajo durante un paro, habilitando el desalojo con el uso de las fuerzas de seguridad.

Esto en un momento en que, por los efectos económicos de la pandemia y por la agenda pro empresarial de la actual gestión, se pronostica conflictividad social en alza.

En este contexto pululan las ollas populares, cuestión ya tratada recientemente en este portal, y que la precariedad de quienes menos tienen aseguran su permanencia.

Tomado de CubaSí

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