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El régimen de facto de Jeanine Áñez manipuló los datos económicos de Bolivia con el objetivo de minimizar la crisis a la que llevó al país durante su administración, según un informe de la Misión de Asistencia Técnica en Estadística de Cuentas Nacionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El informe señala que en 2020 se excluyó a las pequeñas y medianas empresas y a los productos de menor ponderación de las cuentas nacionales, dijo la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, según reportó el diario Ahora el Pueblo.

Mendoza afirmó que el Gobierno de facto no solo manipuló el cálculo del producto interno bruto del país, sino que también despidió personal altamente especializado del Instituto Nacional de Estadística (INE) y cometió injerencia en la contratación de personal de reemplazo.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con el informe de la Cepal, se verificó que la anterior administración del INE introdujo una serie de prácticas que no dejaron rastros de la metodología utilizada para la producción de estadísticas, índices y variaciones de volumen y precio.

Tampoco quedaron trazas de la medición de la industria manufacturera, servicios financieros, restaurantes, hoteles, y en cuanto a la omisión de productos de las actividades de petróleo, minas, canteras, construcción, transporte y otros.

Mendoza aclaró que ello no afecta la información estadística que se genera en la actualidad con la incorporación de parámetros internacionales y la rigurosidad metodológica correspondiente.

El director ejecutivo del INE, Humberto Arandia, explicó que mientras el Gobierno de facto reportaba una contracción de la economía del 21.68% en el segundo trimestre de 2020, la caída real era de 24.63% aplicando los estándares de cálculo internacional que fueron corroborados y avalados por el informe de la Cepal.

Indicó que, a partir de este documento, se tomarán todas las medidas jurídicas del caso.

También se conoció que entre el lunes y viernes de la semana entrante serán revisadas cerca de 35 000 actas electorales de las elecciones de 2019, para demostrar que no hubo fraude electoral denunciado por sectores de la oposición y señalado por un informa de la OEA que sirvió de base al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

Los resultados tendrán “obviamente efectos jurídicos”, declaró el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó el diario La Razón.

Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) ayudarán en la revisión de las actas en instalaciones de la Procuraduría del Estado. “Nos decían que había un fraude monumental, vamos a revisar acta por acta, vamos a comprobar la verdad”, afirmó Chávez.

(Con información de Prensa Latina y La Razón)

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